Un país a la deriva

Pérdida de tiempo.

06.05.18 | 12:19. Archivado en Política Nacional

LA DESESPERANTE LENTITUD EN LA RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA.


No podrán decir que no estaba avisado. Este pasado viernes el Parlamento de Cataluña aprobó la propuesta de JxCAT de la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalidad y Gobierno, en la que se contempla la inclusión de las vías telemáticas para una investidura del Presidente de la Generalidad, así como la existencia de órganos colegiados fuera de territorio nacional con capacidad ejecutiva y también por vías telemáticas. Una propuesta que no contaba, como en tantas otras donde se vulneraban de forma flagrante leyes y Estatuto de autonomía, con el voto favorable de los servicios jurídicos y el Consejo de garantías estatutarias. ¿Y qué hizo el Gobierno? Decir que “ya se ha pedido el informe preceptivo al Consejo de Estado y espera que en breve tengan una resolución para poder acudir a TC”. Al parecer el Consejo de Estado se reunirá este próximo lunes, el mismo día en que el Diario oficial habrá publicado la reforma y entrará en vigor. El dictamen del Consejo de Estado se recibirá, como pronto, el martes y será el miércoles cuando el Gobierno pueda presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional que debería aceptar su tramitación con toda urgencia para que la reforma quedase suspendida.

Lo malo es que el mismo lunes, ya oficializada la reforma, es seguro que Roger Torrent convoque un nuevo pleno para el 9 y 10 de mayo de investidura a la Presidencia de la Generalidad de Carles Puigdemont, que recordemos ya tiene el voto delegado aprobado y que los independentistas disponen de mayoría absoluta contando además con el voto favorable de la CUP. Una candidatura avalada ya desde enero y que solo fue suspendida tras la renuncia “provisional” de Carles Puigdemont, que ahora vuelve a proponer su candidatura. De hecho, en la primera sesión del próximo miércoles podría ser investido, ya que los tiempos de intervención se pueden reducir al mínimo al sustraer lo que sería un debate normal con discurso programático, turnos de intervención y de réplica de los grupos parlamentarios, etc.

El Gobierno de España ha dilatado sin ninguna necesidad el proceso, ya que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero sí recomendable para tener un aval adicional. Pero ese tiempo perdido puede resultar crucial a la hora de que se deba enfrentar a hechos consumados como es suspender al recién investido Presidente de la Generalidad. Un nuevo cese forzado tan solo por no haber agilizado esos trámites. Y es entonces cuando me viene la duda. Porque el Ministro portavoz Méndez de Vigo a la hora de comparecer tras el Consejo de Ministros, hizo ese anuncio de “inicio de trámites” y no el de inmediato registro del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional sobre una resolución que, desoyendo las advertencias de ese mismo Tribunal, había sido tramitada para debate por la mayoría independentista de la Mesa del Parlamento, que habría incurrido en desobediencia, y por celebrarse el debate posterior con la aprobación final.

Esta demora en la respuesta me inclina a pensar que, o bien el Gobierno de España vuelve a caer en la absoluta incapacidad e incompetencia por falta de previsión y agilidad en la respuesta al desafío independentista, -cosa que dudo ya que según fuentes se afirmaba que el recurso ya estaba preparado-, o bien su intención es dejar hacer y buscar otro choque de trenes entre legalidades, la del Parlamento de la Generalidad y la de un Presidente de la Generalidad investido a distancia que estaría desde ese momento protegido por la inmunidad parlamentaria y podría exigir su regreso a Espala para tomar posesión y formar Gobierno o peor, no volver y designarlo desde su refugio por vía telemática.

La verdad es que los antecedentes de los pasos dados por este Gobierno de España me inclinan a mostrarme pesimista. Creo sinceramente que, una vez más, el Gobierno actúa de forma totalmente inapropiada para la gravedad de la situación. Se trata de una reincidencia en el golpe de Estado, protagonizada por los mismos actores donde destaca el fugitivo de la justicia, Carles Puigdemont, que sigue campando a sus anchas por media Europa para escarnio, vergüenza y desprestigio de España y de su democracia. Porque ya es un bochorno mayúsculo el pitorreo de justicias como la belga, la escocesa o la de un Tribunal regional alemán, en el tratamiento de la euroorden de detención y entrega de fugitivos de la justicia española, una petición que proviene nada menos que del Tribunal Supremo de España.

Y es que estamos asumiendo como normal lo que no lo es en absoluto. La burocracia extrema y su pasmosa lentitud no puede ser un impedimento para que se tomen decisiones ágiles y eficaces para detener lo que es la reedición del golpe de Estado dado por los independentistas en la Comunidad autónoma de Cataluña. Esta decisión debería ser seguida de la disolución inmediata del Parlamento de Cataluña, la ilegalización de los partidos golpistas y de las asociaciones civiles que, como la ANC, propugnan la desobediencia y la proclamación unilateral de independencia en forma de República. Mariano Rajoy ha demostrado no tener capacidad de respuesta y actuar con extrema prudencia y exquisita prevención que podría ser fácilmente confundida con extrema cobardía a la hora de adoptar decisiones rotundas a la altura del desafío secesionista.

Carles Puigdemont no puede llegar a ser investido siendo un prófugo de la Justicia. Permitirlo es una aberración legal y una traición a España y a la democracia. Y más en las condiciones en las que puede producirse esa investidura. Esta farsa se debe impedir antes de que llegue a producirse, pero el tiempo apremia y no podemos fiarlo al procedimiento normal. EL registro de entrada del Tribunal Constitucional tiene unos días hábiles de lunes a viernes y un horario de 9:00 h a 15:00 h. Eso deja poco margen para que pudiera llegarse a tiempo de que el dictamen de admisión a trámite se produzca antes de que se consume la conjura independentista. Y es que ya se podía prever, al menos yo ya lo expresé hace tan solo unos días, el que Carles Puigdemont intentaría llegar hasta el final su apuesta por ser investido de forma legal ahora o tras unas nuevas elecciones. Y ha sido la primera opción la que el Parlamento de Cataluña ha facilitado gracias a su mayoría independentista. Algo que debemos agradecer a Mariano Rajoy y su precipitación al convocar unas elecciones autonómicas fiándolo todo a una respuesta social que, aunque se produjo en mayoría de votos, no logró el objetivo de conceder mayoría de escaños a los partidos no independentistas. Un estrepitoso fracaso por exceso de optimismo.

El tiempo vuelve a ser esencial y determinante. El Gobierno de España vuelve a provocar, con su excesivo celo garantista y procedimental, un avance importante en los objetivos independentistas que puede poner en serios problemas al Estado de Derecho y una reacción no precisamente pacífica del independentismo si finalmente se produce el regreso de Puigdemont y su detención como Presidente de la Generalidad.

Hubiera bastado con haber presentado de forma inmediata el mismo viernes antes de las 15:00h el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y no perder un valioso tiempo en cuestiones meramente formales de trámite. Al no haberlo hecho el riesgo es que el independentismo logre el objetivo que pretendía de restitución en la Presidencia al fugitivo Carles Puigdemont.

Esperemos que esta aberrante situación se pueda reconducir y finalmente no se tenga que enfrentar a otro escenario mucho peor.

¡Que pasen un buen día!


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