Un país a la deriva

La perfidia del Gobierno.

03.05.18 | 10:12. Archivado en Política Nacional

ROGER TORRENT: UN SECTARIO PRESIDENTE DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA. / EL INDEPENDENTISMO: UNA ABERRACIÓN INCOMPRENSIBLEMENTE CONSENTIDA.

Ayer se produjo en Barcelona, en la plaza de San Jaume donde se ubica el Gobierno de la Generalidad, un acto de apoyo a los golpistas presos Oriol Junqueras y Joaquim Forn que cumplen ahora seis meses de prisión provisional desde que la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional les tomase declaración en noviembre del pasado año y decretase su prisión incondicional y sin fianza. Una prisión que ha ido manteniéndose en este tiempo por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo que asumió la causa. El acto tuvo una participación limitada y casi testimonial, pero sirvió para corroborar el profundo sectarismo del actual Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que evidenció en su discurso no ser digno de su cargo de representación de todos los ciudadanos de Cataluña y que actualmente es la primera figura de la Generalidad.

Un discurso que estuvo plagado de arengas a favor de la persistencia en el objetivo independentista y de apoyo a los políticos presos con frases como ”Ellos representan nuestra dignidad y piden que continuemos y lo hagamos con pacifismo y valores democráticos. Y esto lo haremos juntos. Este país cuando ha avanzado en momentos difíciles lo ha hecho cuando la gente ha caminado de la mano”. O en una arenga de persistir en el desafío al decir “Ni un paso atrás por todos los que luchan, han luchado y lucharán en la prisión. ¡Ni un paso atrás!”. Y desde luego que este sectario y siniestro personaje lejos de dar pasos atrás o mejor, ponerse de perfil defendiendo a todos los ciudadanos y no solo a los que apoyan el independentismo, no ha dudado en dar pasos adelante como cuando se desplazó a Bruselas a entrevistarse con el fugitivo de la justicia Carles Puigdemont para comunicarle su candidatura.

Desde entonces, su actitud ha sido siempre la de posicionarse de modo sistemático a favor del proceso independentista ignorando las recomendaciones de los servicios jurídicos del Parlamento y facilitando la tramitación de plenos y debates de propuestas con marcado sentido independentista y de desafío a la legalidad. Como en el último caso en que se intenta sortear la prohibición del Tribunal Constitucional con el pleno que comienza hoy para la reforma de la ley de Presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Y eso tras haber aceptado la delegación de voto de los fugitivos que obtuvieron el Acta de diputado, Carles Puigdemont y Toni Comín. Una actitud de claro desafío a lo que el Tribunal Constitucional prohibió de forma expresa en las medidas cautelares impuestas mientras admitía o no a trámite el recurso del Gobierno de España sobre la candidatura del prófugo de la justicia Carles Puigdemont.

Lo que no termina de entenderse, o quizás sí, ha sido la negativa del Gobierno de España a recurrir ante el Tribunal Constitucional esas resoluciones de aceptar la delegación de voto, algo que resulta indispensable para hacer prosperar otra candidatura si la CUP mantiene la abstención a candidatos diferentes de Carles Puigdemont. Y la única razón es que el PP antepone su interés partidista de permanecer en el poder hasta agotar la legislatura, para lo cual necesita el apoyo del PNV que le exige la retirada de la intervención en Cataluña y que se forme un nuevo Gobierno de la Generalidad. No solo nos va a costar miles de millones de euros, sino además el que se permita la aberración de que unos fugitivos de la Justicia ejerzan su derecho al voto sin haberse puesto a disposición judicial y afrontar sus responsabilidades penales. Esa delegación es equivalente a un voto telemático inadmisible y que equipara a los actuales presos en España con quien ha eludido la acción de la justicia.

Una nueva traición de un Gobierno que desde el primer momento ha demostrado no estar a la altura a la hora de enfrentarse al mayor desafío a la unidad de España. Un Gobierno que intentó por todos los medios pactar un vergonzoso apaño con los golpistas que no dudaron en dar pasos hacia la independencia violando la Constitución y el Estatuto de autonomía. Un Gobierno que se dejó influir por la coacción de otros partidos como el PSOE y CIUDADANOS para terminar por renunciar a las medidas de intervención que la situación aconsejaba. Unas medidas que fueron muy limitadas, precipitadas y que el tiempo está demostrando ineficaces para revertir una situación enquistada durante décadas de manipulación y adoctrinamiento de una sociedad por parte del independentismo. Un Gobierno que sigue en su actitud de avergonzarse por tener que cumplir con su deber de defender la legalidad vigente. Un Gobierno que si tuviera algo de dignidad debería haber dimitido y convocado a los españoles a las urnas.

Porque el independentismo es una aberración incomprensiblemente consentida en una legislación excesivamente permisiva. Una nación que pretenda seguir siéndolo, no puede consentir la existencia de partidos políticos o asociaciones cívicas que tengan como objetivo la destrucción de la misma nación. Eso no es lo que dice la Constitución que nos dimos todos los españoles donde se indica en su artículo 2 que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Es por tanto la unidad de España un bien máximo que debe ser defendido y protegido. Para ello es absolutamente inadmisible la existencia de esos partidos que pretenden destruir esa unidad enarbolando la bandera de la independencia, o como sucedió en el caso de Cataluña, llegar a declararla de forma unilateral.

Y no es creíble el que se diga hipócritamente que se hará de forma “pacífica y democrática”, porque desde esos partidos y desde esas asociaciones cívicas se ha llamado a la violencia desde el momento en que se impidió mediante la coacción en forma de ocupaciones de locales, de sus accesos y se acosó a las FFYCCSE encargadas de cumplir con la misión judicial de impedir la realización de un referéndum anticonstitucional y con nulas garantías democráticas. NI pacifismo, ni democracia, solo violencia y totalitarismo. Un movimiento cuyos líderes siguen propugnando y animando a sus bases para persistir y resistir. Una actitud que también mantienen los fugitivos desde su refugio en el extranjero, sin que el Gobierno de España haga algo más que el ridículo y demuestre su absoluta incapacidad de hacer que esos delincuentes se pongan a disposición de la Justicia.

Pero este no es un hecho aislado, porque de igual fue la actitud mostrada en la llamada lucha contra la ETA donde se mantuvo una política de apaciguamiento y concesiones, permitiendo la excarcelación de asesinos etarras y su posterior y previsible huida como la de los etarras de Juana Chaos o Josu Ternera, que ahora vuelven a aparecer en esa nueva farsa de disolución de la ETA que se va producir en Francia de forma totalmente pública y publicitada sin que se produzcan detenciones y a la que asistirán representantes de partidos supuestamente democráticos como PODEMOS y el PNV. Y el Gobierno mirando para otro lado con tal de no molestar a ese socio de interés para la aprobación de los presupuestos generales y conseguir terminar la legislatura. ¿Cabe mayor indignidad? ¿Hasta dónde está dispuesto Mariano Rajoy a llegar para prolongar su mandato?

¡ELECCIONES GENERALES YA!

¡Que pasen un buen día!


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