Un país a la deriva

El hundimiento del PP.

27.04.18 | 10:23. Archivado en Política Nacional

ALBERTO RUÍZ-GALLARDÓN CITADO COMO INVESTIGADO EN EL CASO LEZO. / CIFUENTES NO CONSERVARÁ PRIVILEGIOS COMO EXPRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


El futuro del PP se presenta terriblemente dramático en el que ha sido hasta hoy el baluarte insignia de su poder, la Comunidad de Madrid. Joaquín Leguina del PSOE ejerció desde la primera legislatura de 1983 cuando se constituyó la Comunidad de Madrid hasta 1995. El resto de mandatos han sido ejercidos por el PP tras sucesivas mayorías absolutas obtenidas por Alberto Ruíz-Gallardón 1995 a 2003, Esperanza Aguirre 2003 a 2012, Ignacio González (2012 a 2015), Cristina Cifuentes 2012 a 2018 y finalmente de modo interino Ángel Garrido tras la dimisión de Cifuentes. En resumen, el PP lleva gobernando Madrid con mayorías absolutas desde 1995 hasta el 2015, dos décadas, y esta última legislatura lo hace con el apoyo de CIUDADANOS aunque fue la fuerza política más votada consiguiendo 48 escaños que sumados a los 17 de CIUDADANOS obtienen los 65 escaños necesarios de los 129 totales.

En esta larga etapa ha sido evidente el desgaste electoral de un partido en el que el PP ha mostrado su cara más liberal en clara falta de sintonía con las políticas de Génova. Una política de expansión basada en facilitar la inversión privada, la realización de grandes infraestructuras y la contención en impuestos. Tanto Alberto Ruíz- Gallardón como Esperanza Aguirre, han sido considerados como una especie de “versos sueltos” dentro del partido. Pero lo que es indudable es que con esas políticas la Comunidad de Madrid ha logrado ponerse a la cabeza y convertirse en la más pujante del Estado superando a una Cataluña sumida en el caos del separatismo. Una política que es envidiada por el resto de CCAA que acusan de deslealtad impositiva a Madrid. Un auge económico que ha ido en paralelo con un fuerte crecimiento demográfico convirtiéndose en la tercera comunidad de España en habitantes.

Pero ese crecimiento económico ha tenido su contrapartida, su lado oscuro en forma de corrupción. Se cumple el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En unos pocos años han ido surgiendo escandalosos casos de corrupción y la existencia de auténticas mafias, organizaciones criminales estructuradas en torno al poder administrativo de la Comunidad. Las fórmulas siempre han sido las de aplicar las viejas recetas de las coimas en el otorgamiento de obras públicas, o en desfalcos y cobro de comisiones ilegales bien para financiación o para enriquecimiento personal. Los casos Gürtel, Púnica, Canal Isabel II, Lezo, son solo algunos ejemplos del alcance de una corrupción obscena que ha llevado a la dimisión de los máximos responsables como Esperanza Aguirre y a algunos a su encarcelamiento, como el caso de Ignacio González.

Fue realmente esperpéntico el caso de Esperanza Aguirre al pedir perdón por haber fallado en su deber de “in vigilando”, no asumiendo la que le correspondía en su “in eligendo”. Lo que se conoce por “marcarse un Infanta” en la desmemoria demostrada en los interrogatorios cono el “no sé nada”, “no recuerdo”, “no entraba dentro de mis competencias”, tan habitual en quienes aún teniendo la máxima responsabilidad niegan conocer aquello que realizan sus subalternos. Pero el caso es que la Justicia cuando se pone a la faena de investigar e instruir, es lenta pero segura. Y de esas causas y relacionadas con el llamado caso Canal Isabel II ha llegado a encontrar indicios de culpabilidad suficientes como para citar en calidad de “investigado” al expresidente Alberto Ruíz-Gallardón por la compra de una empresa, Inasa, en Colombia en un valor muy por encima de su tasación de mercado. El típico engorde ficticio para escamotear la diferencia entre lo realmente pagado y lo que figura en la contabilidad. Lo siguiente es averiguar a dónde fue a parar ese dinero público sobrante.

Con esta "imputación" ya son dos los expresidentes del PP salpicados por casos de corrupción y cabe la posibilidad de que en breve pueda ser investigada Esperanza Aguirre por el mismo asunto del Canal de Isabel II en sus numerosas ramificaciones, como el caso del suntuoso campo de golf. Así que no es de extrañar el que las encuestas pronostiquen una caída espeluznante en votos en las próximas elecciones y relegue al PP a ser tercera fuerza o peor en la comunidad que ha sido su buque insignia durante décadas. Pero el haber llegado a esta situación ha sido algo que se han ganado a pulso y demuestra que las mayorías parlamentarias no son garantes de mejor gobierno, sino de actitudes totalitarias donde la corrupción puede prosperar en un clima de supuesta impunidad. Y como ya he dicho en otras ocasiones, no lloraré por este PP que ha desperdiciado sus mayorías absolutas para caer en los mismos defectos que caracteriza a quienes se aprovechan de ella para actuar con prepotencia. El ejemplo espejo de Andalucía y las tres décadas de mayorías absolutas de Gobiernos del PSOE y los casos de corrupción, o el de Cataluña durante una etapa similar y el asunto del 3% al 10%, o el de Baleares, o el de Valencia, muestra que el problema es algo general en un sistema que facilita este tipo de comportamientos de corruptelas. Algo que a nivel local existe igualmente y obras faraónicas en municipios lo demuestran.

También hay un comportamiento homogéneo en los principales responsables políticos que siguen las mismas pautas y fases. La primera es la de negación: ninguno admite su implicación, se declaran inocentes y desafían a que se aporten pruebas. La siguiente fase es la de embarrado: cuestionar las pruebas presentadas y denigrar a los que las presentan, aduciendo normalmente conspiraciones y persecuciones personales o políticas. La tercera fase es el enroque: oponer una férrea resistencia para abandonar los cargos y reclamar para sí la presunción de inocencia. La cuarta es la de capitulación condicionada: renunciar de forma forzada al cargo principal, pero manteniendo otros, sobre todo aquél que les garantiza un estatus de privilegio judicial, el del aforamiento. Y la última es la de altivez: mostrar una dignidad de la que carecen cuando por fin pierden esos privilegios y deben enfrentarse a la justicia para ser juzgados, aquello de "genio y figura hasta la sepultura".

Pero lo más indignante es el trato de privilegio que la mayoría de las CCAA otorgan a sus ExPresidentes como pago a sus servicios prestados. El caso más sangrante lo tenemos en Cataluña con un estatus de absoluto escándalo, seguido de otras CCAA. Y la pregunta es ¿por qué hemos de pagar con nuestros impuestos esos privilegios?. Pero el caso más actual de Cristina Cifuentes, ¿Qué sucede con esos ex altos cargos en la Comunidad de Madrid? La respuesta es sencilla, durante el mandato de Cristina Cifuentes se aprobó la Ley 7/2015 de supresión del antiguo Consejo Consultivo aprobado por ley 6/2007 del 21 de diciembre, “subrogándose en el conjunto de derechos y obligaciones la Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno” y “La función consultiva que hasta ahora era ejercida por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid pasa a articularse a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid”. Este cambio supuso la supresión de la incorporación voluntaria y vitalicia de los ExPresidentes de la Comunidad a este organismo con un salario equivalente al de Consejero de la Comunidad. Hasta su derogación solo se habían acogido Leguina y Ruíz-Gallardón.

Por otro lado, no ha llegado a prosperar el intento de Cristina Cifuentes de dar salida al Estatuto de expresidentes de la Comunidad, donde se quería instituir una “indemnización” en forma de pagos del 90% de dos o tres anualidades en función del número de legislaturas ejercidas. Todo lo anterior nos lleva a concluir que actualmente no existe en la Comunidad de Madrid cobertura alguna cuando se abandona el cargo de Presidente de esta. Lo que no impide que, en el caso de Cifuentes, siga percibiendo sus retribuciones tanto como Diputada con cargo a la Asamblea, como por parte del PP en lo que le corresponda mientras mantenga el cargo de Presidenta del PP en Madrid. Y es solo en este último en el que su continuidad no depende exclusivamente de su decisión. Así que hasta el final de la legislatura, prevista para abril del 2019, si no renuncia a su Acta de Diputada, mantendrá unos nada despreciables ingresos, algo superiores a los que tenía en el momento en que tuvo ese incomprensible desliz de intento de hurto en un hipermercado en el 2011 de unos tarros de cremas de tratamiento facial cuyo valor era irrisorio dado su poder adquisitivo y posición política.

No hace falta decir que no siento ninguna empatía ni pena por el futuro personal o político de esta señora que ha mantenido hasta el final una postura de absoluta soberbia y vanidad con desprecio por la ética de la que hacía bandera en sus discursos cuando decía perseguir la corrupción. Lo grave es ver con qué desfachatez sigue las mismas pautas de comportamiento de aquellos a los que criticaba, sin asumir ninguna responsabilidad ni pedir perdón a los ciudadanos.

¡Que pasen un buen día!


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