Un país a la deriva

Fuego amigo.

20.04.18 | 10:10. Archivado en Política Nacional

CIFUENTES DENUNCIA IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO CIUDAD DE LA JUSTICIA. / MONTORO INUNDA AL JUEZ LLARENA DE FACTURAS Y CERTIFICADOS DE LAS CUENTAS DE LA GENERALIDAD.

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Cristina Cifuentes sabe que está políticamente muerta, desahuciada por su partido y apartada cual apestada. Y eso se corroboró en el caluroso aplauso de apoyo del último encuentro del PP en Sevilla con abrazos de Rajoy y grandes discursos de “defender lo nuestro y a los nuestros”. Sabe que está disfrutando, - es un decir -, de sus últimos días de poder y bien que los quiere aprovechar para tomarse una postrera venganza de sus “camaradas”. Ya sabe por experiencias ajenas como las de Camps o Rita Barberá, lo de transformarse de héroe o heroína a villano y villana, de baluarte e icono del PP a “esa señora de la que usted me habla”. Y todo por la soberbia y la vanidad de “mantenella y no enmendalla” del prescindible Master que se ha empeñado en defender, a pesar de las incontestables irregularidades que ponen una losa de duda sobre su obtención legítima. Dicen que la piedra que termina por hacernos caer no tiene que ser muy grande y que se debe más a nuestra propia torpeza.

Cristina Cifuentes es un ejemplo del “apparátchik” del PP. Su carrera política viene desde sus inicios en las juventudes de Nuevas Generaciones de Alianza Popular con tan solo 15 años y estar bien apadrinada para ir asumiendo progresivamente cargos en el partido y figurar en listas electorales en puestos que propiciaban su elección en cargos públicos. Algo que logró a los 24 años, - tras acabar la carrera de Derecho en la UCM (Universidad Complutense de Madrid)-, en la asesoría jurídica del Grupo de Alanza Popular en el Congreso de los Diputados. Desde los 27 años ha ido repitiendo ininterrumpidamente candidatura y obteniendo Acta como diputada de la Asamblea de Madrid. Por otro lado, durante algo más de tres años fue designada Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Finalmente logró alzarse con la presidencia tras ser designada candidata y sucediendo a Esperanza Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero sin mayoría absoluta y necesitando del apoyo de CIUDADANOS para gobernar. Una hipoteca que debió afrontar enarbolando la bandera de la regeneración y la lucha contra la corrupción. Ha sido por tanto uno de esos “valores” o “activos” del PP que, como suele pasar, despierta más envidias que adhesiones. De ahí que no extrañe lo del posible “fuego amigo” a la hora de destapar trapos sucios.

Cristina Cifuentes es plenamente consciente de que ha llegado de forma abrupta al final de su larga y a la vez meteórica carrera política. Sabe que las lealtades son solo interesadas y circunstanciales y que precisamente su actitud de los últimos tiempos, apartada de la ortodoxia del partido, ha terminado por pasarle factura. Su especial celo en combatir la corrupción centrándose en aquellas causas que implicaban a destacados miembros de su partido, le pusieron en una posición desairada donde era considerada como “traidora” y como una justiciera. Otro verso suelto en un partido acostumbrado al cierre de filas. Desde ese momento su papel pasaba a ser el de persona “non grata” y una incómoda china en el zapato que había que sacar como fuese. En todo lo que rodea al caso del master fantasma sobrevuela la sospecha de quién fue esa mano negra que puso el sobre con los datos de los pantallazos en manos del profesor podemita que destapó el asunto a los medios de comunicación radicales de la oposición.

Desde entonces ha sido una serie de despropósitos y una carrera de desmentidos y rectificaciones ante el acoso mediático, donde, tanto la prensa digital radical de izquierdas, partidos políticos y medios de comunicación alienados con aquellos, como la SEXTA o la CUATRO, han copado sus programas televisivos de debate con el monotema del máster de Cifuentes. De hecho, en la Asamblea de Madrid el PSOE y PODEMOS han presentado una moción de censura a la espera de que CIUDADANOS se sume a la misma y no siga apoyando a Cifuentes, cuyas excusas y “pruebas” aportadas consideraban insuficientes, no aceptables y le acusan de haber mentido y obtenido un máster de forma más que irregular, delictiva aprovechándose del cargo y favoreciendo a la Universidad que se lo otorgó.

Así que acorralada y sin salida, es comprensible que Cristina Cifuentes haya decidido defenderse con un póstumo ataque antes de perecer. Pero éste no va contra los de la oposición como sería lo lógico, sino contra su propio partido en forma de denuncia de “irregularidades” que todos entienden por corrupción, en el megalómano proyecto fallido y con pérdidas millonarias de “El Campus de la Justicia”. Un complejo urbanístico de proporciones gigantescas donde se quería centralizar la actividad judicial de la Comunidad de Madrid con excepción de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Un proyecto que comenzó en el 2004 y fue definitivamente abandonado en el 2014 y solo un edifico construido con un costo desorbitado. Y es precisamente este nuevo despilfarro de millones de dinero público en obras faraónicas inacabadas el que Cristina Cifuentes pone ahora en el foco mediático con sus acusaciones.

Y la pregunta inmediata es si ha sido ahora cuando salen a la luz por el celo investigador de meses de trabajo, o esa información estaba guardada en el fondo de un cajón a la espera de su momento de oportunidad en forma de bomba retardada. Parece claro y es muy lícito pensar que existe una típica reacción de causa y efecto. El fuego amigo vuelve en forma de boomerang.

Por otro lado, y volviendo al cansino tema de Cataluña y el golpismo, parece enconarse la batalla entre el juez Pablo Llarena y el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por el asunto de la financiación del golpe de Estado en cuanto al referéndum ilegal. Tras la requisitoria lanzada por el juez al Ministro, éste le ha inundado con todas las facturas y certificados que según Hacienda avalan que ningún solo euro del FLA ha servido para financiar el golpe. Una afirmación que contradice otras anteriores de Montoro en las que no se mostraba tan categórico. El caso es que el juez dispone de unos informes de la Guardia Civil que contradicen lo dicho por Hacienda y el Ministro. ¿Dónde está la verdad? Como dije ayer, no tengo ninguna duda en dar credibilidad a la Guardia Civil ala que le avala su lema “El honor es mi principal divisa”, que la de un Ministro cuestionado por su actuaciones y declaraciones con claro signo intimidatorio a determinados colectivos y con relaciones poco claras con un antiguo bufete.

En cualquier caso el daño está hecho por este empecinamiento del Gobierno de España den eludir responsabilidades de su más que discutible gestión de los fondos puestos a disposición de los mismos golpistas, que presentan esos certificados y a los que se les da total credibilidad, sin considerar la posibilidad real de estar sufriendo un engaño. Sobre todo, teniendo en cuenta los antecedentes del descaro del anterior Gobierno de la Generalidad cesado, así como de la nula colaboración de altos cargos de la estructura de la Generalidad. La actitud desafiante y chulesca de desafiar a descubrir las urnas y las papeletas, o los intentos de destrucción de documentación inculpatoria y sensible, no avalan precisamente esa confianza ciega que el Ministro Montoro otorga a las certificaciones de gastos. Hablamos de dos millones de euros sobre unos fondos de más de cuatro mil millones o más, algo que puede ser fácilmente escamoteable, sobre todo si se reparte entre Consejerías fraccionándolo en partidas menores. Una práctica muy habitual en las Administraciones publicas cuando quieren sobrepasar el límite de gasto sujeto a control fraccionándolo en tantas partidas como sean necesarias que no requieren ese control y aprobación superior.

Es inaudito este empeño del Ministro en mantener una afirmación insostenible desde el unto de vista de la lógica y del sentido común. Lo peor es el daño que puede ser irreparable que está haciéndose a la Instrucción y al futuro procesamiento y que pone en peligro la causa contra el golpe de Estado al eliminar el delito de malversación. Sería un auténtico desastre procesal achacable solo y exclusivamente a la torpeza o mala intención de un Ejecutivo motivado por causas que se me escapan pero que soy capaz de imaginar. No quisiera ahora recordar la increíble actitud de este Ejecutivo en los meses previos al referéndum ilegal y al golpe de Estado posterior. Lo que solo es una sospecha puede transformarse en una vergonzante realidad donde puede surgir la sombra de la complicidad manifiesta y la rendición.

Prefiero pensar que no es así y que el Gobierno de España apoyará al poder judicial, en este caso al Tribunal Supremo, a impartir justicia con los rebeldes golpistas y hacer lo posible para que todos, incluidos los fugados, se sienten en el banquillo de los acusados en el juicio. Su actitud actual va en sentido contrario.

Por cierto ¿Para cuándo se prevé la resolución sobre el recurso de Iñaki Urdangarin y su ingreso en prisión? ¿Qué motiva el retraso?

¡Que pasen un buen día!


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