Un país a la deriva

Legalidad y política.

12.04.18 | 10:07. Archivado en Política Nacional

ES UN PROBLEMA DE LEGALIDADES SR. ZAPATERO CON UN TRASFONDO POLÍTICO. HOY HABRÁ AUTO DEL JUEZ LLARENA SOBRE JORDI SÁNCHEZ.

Este expresidente de Gobierno de España José Luís Rodríguez Zapatero no deja de ser no un verso suelto sino todo un libro de poemas dentro del panorama político español. La mayoría de las veces para incrementar el ya de por sí desprestigio que arrastra desde su la desastrosa etapa en su segunda legislatura al frente del Gobierno de España durante la crisis económica que solo admitió tardíamente. Tras su forzado retiro y su bien remunerado cargo en el Consejo del Reino, destino de todos los expresidentes de Gobierno de la nación, sus actuaciones y declaraciones han constituido una serie de despropósitos que confirman lo más oscuro del sectarismo ideológico que le caracteriza y que evidenció durante su mandato. Han sido especialmente controvertidas sus labores de intermediación en Venezuela entre la dictadura de Maduro y la disidencia. Una labor que casi mayoritariamente ha sido criticada por su parcialidad extrema por la misma disidencia venezolana.

Pero es que no ha sido la única. Ya empezó con aquella escandalosa declaración de que “nación es un concepto discutido y discutible” y la idea de que España es una nación de naciones. Y no menos lo fue aquella frase dirigida a Pascual Maragall del PSC cuando dijo “aprobaremos lo que venga de Cataluña” referido al nuevo Estatuto de Autonomía que contenía conceptos y atribuciones inaceptables por inconstitucionales. Pero lo que ya resulta el colmo es su última declaración en la que dice que “Pienso sinceramente que la política debe ser quien lidere la respuesta a las crisis políticas. Pienso que el derecho penal, que inevitablemente entra a funcionar cuando se producen hechos delictivos, en democracia es un camino que debe tener la responsabilidad de lo que es el propio sistema democrático”. Y añade que “cuando hay personas privadas de la libertad, presos y familias de presos” se dificulta el diálogo.

Para este nefasto personaje de la reciente historia de España, el conflicto declarado por los golpistas catalanes se reduce a un tema político. No pienso que los sucesos de violencia premeditada y coordinada lanzada durante los últimos meses del pasado año y parte de este, sean manifestaciones de la política, salvo que se acepte esa idea que también comparte el líder de PODEMOS, Pablo Iglesias, cuando dijo lo de hacer de la calle el foro de debate despreciando al Congreso de los Diputados. No pienso que sea política imponer una mayoría parlamentaria para violar conscientemente la Constitución de España y el Estatuto de autonomía, despreciando la voluntad de más de la mitad de los ciudadanos de la comunidad de Cataluña y la soberanía del resto de millones de españoles. Eso no es política sino filibusterismo de la más baja estofa ejercido por cargos públicos abusando de su posición e inmunidad parlamentaria.

Y es que precisamente esos representantes públicos están presos no por sus ideas políticas, sino por la forma de llevarlas a cabo sin respetar las reglas de juego de la democracia que nos hemos dado entre todos los españoles y de la que obtienen su legitimidad para desempeñar sus cargos de responsabilidad. Han cometido graves delitos por los que deben responder ante la justicia, eligiendo algunos de ellos huir de forma cobarde a seguros refugios en el extranjero. No son exiliados sino fugitivos de la justicia. Zapatero piensa además que se precisa un diálogo urgente cuya solución pudiera venir de una reforma de la Constitución. Y aquí discrepo totalmente. No se trata de atender a reclamaciones de un autogobierno superior al ya establecido que es el mayor comparado con otros Estados federales como Alemania. No se trata de crear ese nueva “nación de naciones” en una federación asimétrica agravando el desequilibrio real de derechos ya existente entre comunidades llamadas “históricas” y el resto con prebendas inaceptables de Fueros y Conciertos económicos. No se trata de ir a un diálogo donde una de las partes ya impone condiciones previas al limitarlo a buscar la satisfacción de sus reclamaciones independentistas.

Es claro que lo que podemos agradecer es que este individuo no tenga responsabilidades de Gobierno, aunque no hay que perder de vista el que su partido, el PSOE, ha asumido buena parte de ese discurso en su último Congreso y solo una contestación social podría obligarle a suavizarlo por mera estrategia electoral. Bastante crispación existe en la sociedad española como para abrir un nuevo frente donde se ponga en riesgo temas como la solidaridad entre regiones, la igualdad de derechos y el mantenimiento de privilegios inasumibles en un Estado que se dice democrático.

Por otro lado, hoy debe haber una resolución del juez Pablo Llarena sobre la petición de Jordi Sánchez de obtener permiso para acudir al pleno de su propia investidura como candidato o hacerlo de forma telemática. Lo normal es que la decisión sea denegarlo, manteniendo eso sí la delegación de voto ya aplicada en otras ocasiones. La sola solicitud amparada en una mera admisión a trámite del organismo de Derechos Humanos de la ONU con una petición genérica de garantizar los derechos políticos no entra en el fondo del asunto de la denncia presentada y en ningún caso es vinculante, además de que sí que se respetan esos derechos políticos aunque limitados por otra serie de circunstancias de reiteración delictiva al no ser creíble que modifique su comportamiento ni sus objetivos, menos aún llegando a ocupara un alto cargo de responsabilidad como Presidente del Gobierno de la Generalidad. Por otra parte, en breces días o semanas, puede producirse su inhabilitación provisional para el ejercicio de cargo público al ser procesado.

Creo indiscutible admitir que los golpistas, y en esto incluyo a los partidos políticos participantes del golpe de Estado de octubre pasado, PDeCAT, ERC y CUP, siguen en su estrategia de confrontación con el Estado de Derecho al proponer a candidatos inmersos en causas judiciales en relación con ese golpe de Estado, algunos en prisión y otros huidos de la justicia. Su intento de mantener estructuras de Estado ilegales de representación de la República liderada por un prófugo como Carles Puigdemont, evidencia la nula voluntad de asumir la vía constitucional poniendo lo que llaman un “gobierno títere” que lleve a cabo las directrices dadas desde esas sedes en el extranjero, donde no se excluye reincidir en la desobediencia y en promover disturbios en la forma en que ahora existe con los llamados CDR Comités de Defensa de la República. Una nula voluntad de diálogo en la que se busca consolidar el conflicto.

En cualquier caso, judicialmente lo que hay que evitar es que se pueda cometer un fraude de ley. Y esa es la responsabilidad exclusiva de los Tribunales.

¡Que pasen un buen día!


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