Un país a la deriva

El tiempo implacable.

10.04.18 | 09:18. Archivado en Política Nacional

HEMOS VUELTO AL PLAN C: INVESTIR A UN PRESIDENTE TÍTERE CON PUIGDEMONT EXILIADO AL MANDO. EL ÚNICO MALENTENDIDO CON ALEMANIA ES HABER CONFIADO EN SU JUSTICIA.

Si nada lo impide antes del 22 de mayo, fecha límite para investir a un Presidente de la Generalidad, los golpistas llegarán a un pacto de última hora y último minuto para investir a un candidato con los criterios exigidos de no tener causas pendientes con la justicia. Durante ese tiempo, se dedicarán a seguir desafiando al Estado y a la justicia apurando el plazo y forzando a tomar decisiones que posteriormente pueden ser esgrimidas como violaciones de los derechos fundamentales de los candidatos fallidos. De hecho, ahora intentan investir de nuevo al golpista Jordi Sánchez amparándose en la comunicación al Gobierno de España del organismo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, sobre la admisión a trámite de la denuncia presentada por ese sujeto, en la que le pide que se preserven sus derechos constitucionales. Algo que ni es vinculante, ni se posiciona sobre el fondo del asunto y además, presupone que en España no existe una división entre los poderes del Estado, tratándonos como si fuéramos un país bananero tipo la Venezuela de Maduro.

El caso es que el Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ya ha oficializado la convocatoria del pleno de investidura de Jordi Sánchez para este próximo viernes 13 de abril. Ahora queda esperar a que el protagonista solicite permiso al juez Pablo Llarena para asistir a su investidura y poder ser elegido apelando a los requisitos transmitidos por la ONU. Y nada es casual. Porque el hecho de que aún los procesados conserven sus derechos intactos es solo por una cuestión de plazos legales que ineludiblemente deben de ser aplicados antes de que el Auto de procesamiento sea firme. Y estos pasos comenzaron el mismo día de su publicación y entrega a las partes personadas, comenzando el plazo límite para la presentación de recursos y que ahora sigue con la citación de los procesados en la próxima semana los días 16 a 18 de abril para comunicarles el procesamiento de forma personal y los delitos por los que van a ser procesados en un próximo juicio.

Estas fechas son cruciales porque, mientras ese Auto de procesamiento no sea firme, cualquier limitación de los derechos constitucionales debe apoyarse en los mismos argumentos que los empleados hasta ahora, como el de la reiteración delictiva y fraude de ley. La incongruencia es que un golpista procesado por delito de rebelión pueda ocupar un cargo de la máxima responsabilidad, como el de Presidente de la Generalidad, donde se exige el acatamiento de la Constitución de España, algo que ya ha demostrado este sujeto no hacer y sí el de promover de forma activa la insurrección de los ciudadanos a través de su cargo de Presidente de la ANC, organización independentista radical que hace tiempo debió ser ilegalizada. Estamos ante lo que yo considero un caso de Seguridad Nacional donde los golpistas lo que intentan por todos los medios es recuperar el poder perdido y, una vez instalados en él, proseguir con su golpe de Estado y forzar por todos los medios, incluyendo la paralización y bloqueo de la autonomía, una segunda intervención o una mesa de negociación con la implicación de terceros como intermediarios. La estrategia de la internacionalización del conflicto que parece empezar a tener éxito.

Una aspiración que, con la fuga de Puigdemont y otros exconsejeros de la Generalidad, se hace cada día más real en esa recreación de la República en el exilio con estructuras de Gobierno, Presidencia, Consejo de la República, Asamblea de cargos electos y demás parafernalia ideada por Carles Puigdemont y sus asesores del PDeCAT con la complicidad de ERC. Basta comprobar el éxito de esa política de propaganda promovida por los fugitivos, partidos afines de países de la UE y radicales de todo tipo que solo buscan el fracaso de la UE y su desmembración, ante la amenaza que supone como superpotencia económica para el resto de las que persiguen mantenerse como tales: USA, Federación Rusa, China, etc. Y la verdad es que solo hace falta ver qué países son los que dan cobijo a los fugitivos, para comprobar que en ellos ya estaba el germen del separatismo y la amenaza de la secesión: Escocia, con su facción independentista; Bélgica con su facción flamenca; Suiza, país cantonal por excelencia; Alemania, con Baviera y su especial cultura disonante con el resto de Estados germánicos.

Hay quien acusa a los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Schleswig – Holstein de injerencia y haber actuado con prejuicio y extralimitación en su cometido. Y es absolutamente incuestionable. Haber liberado a Carles Puigdemont y exonerarle del delito de rebelión con el argumento de que la violencia aducida no fue lo suficiente como para doblegar a todo un Estado, es del todo inaceptable como ya he dicho en otros escritos anteriores. La euroorden es un mecanismo de agilización de los trámites judiciales y nunca puede ser objeto de un análisis tan profundo y pormenorizado que ponga en cuestión su objetivo y la confianza mutua entre países firmantes. Los delitos por los que la justicia española reclama la detención y entrega del fugitivo están perfectamente contemplados también en la legislación de Alemania. Haber recurrido a interpretaciones de casos jurídicos precedentes es ir más allá de lo que se pretende con esa euroorden. La violencia existe y ha sido así reconocida por ese Tribunal, lo que debería bastar para haber resuelto positivamente a favor de la entrega a España asumiendo la petición de su propia Fiscalía. Una actitud que persiste tras al petición de aclaraciones adicionales sobre el segundo delito de malversación o corrupción, en el que expresan serias dudas de su comisión.

Lo más vergonzoso fue la posterior declaración de la Ministra de Justicia Katarina Barley del partido socialdemócrata alemán al afirmar que “esperaba esa resolución” y que se alegraba de que Carles Puigdemont “ahora es un hombre libre en un país libre”. Unas declaraciones que han sido descalificadas por una portavoz del Gobierno de Merkel y que ha obligado a la protagonista a rectificar y excusarse diciendo que fue “un malentendido”. Una excusa típica de no querer asumir su responsabilidad sin rectificar echando la culpa al que interpreta sus palabras, como si estas no fuesen lo suficientemente claras y sin matices. Y es que como Katarina Barley, ciudadana, puede opinar lo que quiera y sentir simpatía por un golpista independentista como Carles Puigdemont, pero como Ministra de Justicia del Gobierno de la República Federal de Alemania, debe mantener una estricta neutralidad y respetar la separación de poderes. Pero sobre todo respetar a la justicia de un país socio y miembro de la UE con el que comparte el espacio de libre circulación y la moneda común. Si por mí fuera, “disculpas no aceptadas” y exigiría su inmediata dimisión. Lo malo es que la CDU tiene al PSDA como socio de Gobierno en un equilibrio inestable entre dos ideologías contrapuestas.

No tengo ninguna fe en esa justicia de Alemania donde la de un Estado Federal se impone sobre los acuerdos jurídicos firmados por el Gobierno Federal en aras de una optimización de los procesos judiciales entre países en delitos de extrema gravedad como el que nos ocupa. El Tribunal de Schleswig Holstein sigue en su labor de exigir aclaraciones adicionales en su extralimitación en la resolución de la euroorden, sospechosamente favorable a no considerar los delitos contemplados en la misma, asumiendo un papel de juez y parte y cuestionando al Tribunal solicitante rebatiendo sus argumentaciones y opinando sobre el fondo del asunto. Una intromisión totalmente inaceptable y que pone en entredicho la voluntad de colaboración de la justicia de Alemania. Una postura que puede tener consecuencias para el proceso de integración en la UE y que solo sirve a los fines de aquellos que quieren destruirla. Apoyando el secesionismo independentista y a los golpistas, Alemania, El Reino Unido, Suiza y Bélgica se ponen en riesgo de sufrir las consecuencias de ese fenómeno en su propio territorio. Y supongo que no verían con buenos ojos injerencias de terceros países apoyando y quizás financiando a esos grupos separatistas que además no dudan en usar la violencia cuando lo creen necesario. Creo que el recuerdo del IRA o de la Baader Meinhof debería estar muy presente. Se suponía que la convención de las Naciones Unidas ya había asumido el estatus quo de las actuales fronteras y soberanías nacionales y sobre el derecho de los pueblos.

Estamos en una situación de extremo riesgo en el que el proyecto de la UE puede fracasar por actitudes tan irresponsables como las que están protagonizando las super sensibles justicias de algunos países en la defensa de supuestos derechos. La excesiva permisividad ya se ha demostrado errónea y peligrosa. Basta ver la xenofobia renacida en Alemania con el tema de los refugiados en los que es difícil separar la mala yerba del yihadismo radical. El mundo islámico ya dijo aquello de “os conquistaremos con los vientres de nuestras mujeres”, a lo que hay que añadir “llevaremos la guerra a vuestras casas”.

Asilar y proteger a golpistas y terroristas es meter los huevos de la serpiente en casa, un caballo de Troya que puede llevarnos a la destrucción.

¡Que pasen un buen día!


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