Un país a la deriva

Escarnio, mofa y befa a España.

07.04.18 | 11:29. Archivado en Política Nacional

PUIGDEMONT ACAPARA LOS MEDIOS E INTERNACIONALIZA SU VICTIMISMO. EL JUEZ ESTUDIA CONSULTAR AL TRIBUNAL DE LA UE EN LUXEMBURGO LA DECISIÓN DE EXCLUIR EL DELITO DE REBELIÓN.


La salida en libertad bajo fianza de Carles Puigdemont se transformó ayer en un acontecimiento mediático que supo aprovechar el fugitivo para hacer un mitin como si hubiera sido exonerado de todo y lanzar su mensaje victimista de siempre. Y lo malo es que allí no había nadie que pudiese rebatirle y desnudarle en sus mentiras. Lejos de eso, envalentonado al verse en libertad no dudó en amenazar a España, en este caso al Tribunal Supremo anunciando presentar una denuncia ante el mismo Tribunal de Justicia al que el juez Pablo Llarena piensa pedir aclaración sobre la interpretación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Schleswig Holstein sobre el delito de rebelión, equivalente en el código penal alemán al de “alta traición”. Y el quid de la cuestión está precisamente en la interpretación del Tribunal alemán en no apreciar “violencia suficiente” aunque sí que reconoce la violencia del día del referéndum ilegal.

Y desde luego no ayuda mucho el posicionamiento de la jueza Carmen Lamela que, de un Auto inculpatorio donde estableció la prisión sin fianza para Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart, rebaja la calificación de rebelión a sedición, ya que no considera, al igual que el Tribunal alemán, la existencia de violencia, algo que sí mantiene el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. De hecho, Lamela ha acusado al ex Mayor Trapero y parte de la cúpula de los Mossos de delitos de sedición y de integración en organización criminal. No hay que obviar que la diferencia entre sedición y rebelión es que la primera conlleva penas de prisión de hasta 15 años, mientras que la segunda alcanza los 25 años. Una diferencia que es bastante sustancial acorde con la gravedad de los delitos. Y el debate viene de la interpretación de lo que se considera “violencia”, de si se refiere solo a la coacción física u otras formas de ejercerla, como abusar de un cargo público para imponer leyes ilegales y violar la Constitución y el Estatuto de autonomía.

Hemos pasado en pocos meses incluso a plantearnos si efectivamente la justicia está sobreactuando ante un golpe de Estado negado por los golpistas presos, pero no por los fugados, que insisten en su campaña de victimismo alegando una persecución política, exigiendo un diálogo bilateral al Gobierno de España y la intermediación internacional en el conflicto. Y aquí solo existe una realidad, el Estado de Derecho y unos delincuentes que lo han vulnerado. No importa si a esa acción de le llama rebelión, alta traición o asonada civil. Lo que importa es que existen unos delitos y que algunos, como Carles Puigdemont, huyeron para eludir la acción de la justicia. Se trata de cobardes que además cuentan con la complicidad de partidos políticos tan culpables de rebelión, sedición y malversación como los actualmente encausados y procesados. Partidos y organizaciones civiles que incomprensiblemente siguen estando legalizados. Una democracia no puede ser tan permisiva que llegue al punto de no defenderse de aquellos que la intentan destruir.

El caso es que en poco más de una hora Carles Puigdemont dará una conferencia de prensa desde su residencia temporal en Berlín mientras espera la resolución del Tribunal de Schleswig Holstein sobre la euroorden de extradición solicitada por el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena. Por supuesto que todo parece indicar que, al solo contemplarse el delito de “malversación” en su equivalente alemán de “corrupción”, no parece improbable el que finalmente se acceda a esa extradición condicionada a ese delito. La entrega a España conlleva la inmediata encarcelación de Puigdemont y su presentación ante el juez, que se vería obligado a procesarle solo por el delito contemplado de malversación, aunque sea en calidad de “agravada” con una pena de hasta 15 años. La prisión provisional solo estaría justificada por la posible apreciación de reiteración en el delito y riesgo de fuga.

Es por ello que el juez se esté planteando la posibilidad de efectuar una consulta ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) sobre la posible extralimitación del Tribunal Superior del Estado de Schleswig Holstein al hacer un prejuicio sobre el fondo en cuanto al delito de rebelión y su equivalente de "alta traición", al cuestionar los fundamentos aportados por el juez sobre la existencia de violencia. Un prejuicio en el que no niega taxativamente la existencia de esa violencia, pero sí de que no fue la suficiente como para “doblegar” a todo un Estado y que este no pudiese revertir la situación. Es decir, se basa en graduar esa violencia en la idea de equipararla quizás a una rebelión militar con uso de armas y enfrentamientos sangrientos, una asonada, un levantamiento o algo de esas proporciones. Y aquí hay que acudir a lo que realmente debe ser analizado en el caso de una euroorden de detención y extradición, que la ley de la UE contempla en que los delitos imputados deben tener su equivalencia en la legislación del país que la recibe y debe actuar, en este caso Alemania. Y ¿Qué dice esa legislación en Alemania?

El Código penal alemán (Strafgesetzbuch) contempla en los artículos 81 a 83 del Titulo Segundo lo siguiente para el delito de Alta Traición:
§ 81. Alta traición contra la Federación
(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia,
1.perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años.

§ 82. Alta traición contra un Estado Federal
(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia,
1.incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o,
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años.

§ 83. Preparación de una operación de alta traición
(1) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra la Federación, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta diez años; en casos menos graves ésta pena será de tres meses hasta cinco
años.
(2) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de un mes hasta cinco años.

§ 83a. Arrepentimiento eficaz
(1) En los casos de los incisos 81 y 82 el tribunal puede disminuir la pena según su criterio.(§ 49, inciso 2), o prescindir de la pena según éstas normas, cuando el autor abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho y cuando evite o disminuya esencialmente un peligro por él reconocido de que otro continúe ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.
(2) En los casos del § 83 el tribunal puede proceder de acuerdo con el inciso 1, cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.
(3) Si se evita el peligro descrito sin acción del autor o si se disminuye considerablemente o si se impide la ejecución del hecho, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta.

Y aquí es en este artículo 81 y en el 82 donde se habla de “violencia” donde el Tribunal alemán dice no apreciarla interpretándola y emitiendo un prejuicio sobre el fondo y de valor al exigir una gradación de la misma para ser considerada como tal. Y esta es la pregunta que debe aclarar el TJUE al juez Llarena si decide plantearla. Por si se ha extralimitado al dar curso a la euroorden.

En cualquier caso, el Gobierno de España hace mutis por el foro y espera a que sea la justicia la que le resuelva su propia incompetencia evidenciada desde hace años con este desafío secesionista. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación de auténtico escarnio y ridículo que está sufriendo España, su justicia y su Estado de Derecho.

¡Que pasen un buen día!


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