Un país a la deriva

No podemos seguir así. ¡Basta ya!

03.04.18 | 11:45. Archivado en Política Nacional

EL GOBIERNO PROHIBIÓ PUBLICAR VIDEOS DE LA VIOLENCIA DE LOS “PACÍFICOS CIUDADANOS”. EL TS DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE EL RECURSO DE PUIGDEMONT A SU PROCESAMIENTO. MARTA ROVIRA SIGUE HUIDA Y AHORA ILOCALIZABLE EN SUIZA.


La noticia de hoy sin duda es más que preocupante, irritante. Porque, de ser cierta, evidenciaría lo que ya presumíamos muchos de la actitud remisa, apocada y hasta renuente de Mariano Rajoy y su equipo de Gobierno a la hora de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y las medidas finalmente aprobadas por el Senado. Desde el principio se le ha visto incómodo de tener que adoptar estas medidas, algo que no escondió al decir que estaba obligado. Y es que, de no haberlo hecho, la alternativa hubiera sido dar carta de legitimidad al golpe de Estado con unas consecuencias imprevisibles y quizás mucho más cruentas a la hora de devolver a esa autonomía a la legalidad e imponer el Estado de Derecho. La renuencia se ha mostrado en primer lugar por la premura en la convocatoria de elecciones, sin establecer un plazo prudencial y sensato para no actuar “en caliente” y así permitir una etapa necesaria para poner las bases que garantizasen cambios de actitud en los golpistas y diese tiempo a la justicia a procesar e inhabilitar a los promotores y directores del golpe de Estado.

Lejos de hacer eso, el Gobierno intentó por todos los medios pactar con los golpistas sin endurecer las medidas de control, como por ejemplo el descabezamiento de la estructura de mando de consejerías y de los Mossos. Pero el mayor error fue el que dice la noticia de hoy, al acusar al Gobierno de España de haber prohibido a las FFyCCSE que emitieran vídeos que evidenciaban la violencia de los manifestantes en las fechas previas y la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Una decisión más que confirma esa política de mantener un “perfil bajo” en todo lo relacionado con el proceso. Una actitud que ya estuvo presente durante la estancia de la “delegada del Gobierno para asuntos catalanes”, Soraya Sáenz de Santamaría, en su estancia en Barcelona, sus afables contactos con Oriol Junqueras donde todo eran sonrisas y “buen rollo”, donde se suplicaba a los independentistas que se convocasen elecciones autonómicas y se presentasen a ellas. El resultado es de sobra conocido por todos con la desobediencia y emisión por el Parlamento de Cataluña de las llamadas “leyes de desconexión” y la convocatoria del referéndum inconstitucional.

Una actitud incomprensible y que puede llevar a elucubraciones sobre si existe algún motivo oscuro e inconfesable que lo provoque. Porque el llamado “silencio administrativo”, en este caso “silencio ejecutivo” con la ausencia de respuestas a las acusaciones, videos, tweets, artículos, etc., en el mejor de los casos habría que calificarlo de torpe o reflejo de una soberana incompetencia. Una incapacidad y falta de reflejos impropios de quienes tienen tal altas responsabilidades de Gobierno. Pero en el peor de los casos podríamos calificarlo de dejación de funciones y sería obligado el que diesen explicaciones en sede parlamentaria, al menos en la Comisión de secretos de Estado. Porque si no, se podría deducir que existen otros motivos de la suficiente entidad como para mantener esa actitud tan pusilánime y contenida en las respuestas a los desafíos. Se trata de dar explicaciones políticas y no dejarlo todo en manos de la justicia para eludir responsabilidades.

El abogado en España de los fugitivos ha presentado ante el juez instructor Pablo Llarena del TS un recurso sobre el Auto de procesamiento dictado contra él, clara Ponsatí Luis Puig, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos (*) para los dos primeros y de desobediencia y malversación contra Puig, estando además huidos de la justicia y con una orden de detención y puesta a disposición judicial, tanto en España como a través de una euroorden. Su recurso se basa en negar la mayor, es decir que no existió violencia y solo hubo casos aislados de ciudadanos que se excedieron en la defensa de su derecho a ejercer el voto. Niega además la competencia del TS y pide que se traslade todo al TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) por estar aforados los encausados. Cuestiona el auto casi en su totalidad y pide eliminar los delitos de rebelión, malversación por no haberse justificado que existiera y el de desobediencia.

En el recurso se acude al debate sobre la redacción modificada del artículo 474 del delito de rebelión y se concluye que “no es posible incriminar la simple actuación política de convocatoria de un referéndum o la declaración de independencia de forma pacífica de un territorio, bajo la pena de anular la libertad ideológica” y “en ausencia de un tipo penal que castigue la convocatoria de referéndums, así como de ningún tipo penal que castigue la declaración de independencia de un territorio de forma pacífica, no procede el procesamiento dictado contra mis defendidos”. No niega la comisión de la declaración unilateral de independencia, sino el que esta fuese de forma violenta y además que conlleve delito alguno. No me dirán que no es estratosférico decir que segregar una parte de la nación no es en sí un acto de violencia contra el Estado de Derecho. La Constitución de España que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, por lo que cualquier segregación es claramente inconstitucional y por tanto ilegal.

(*) últimas noticias indican que la Fiscalía del Estado de Schleswig Holstein ha pedido la extradición de Carles Puigdemont por los delitos imputados por España de rebelión y malversación y que siga en prisión. Todo un revés para esta estrategia de negación de todo, a alguien que además se empeña den decir que “resistirá, no renunciará y no se rendirá”. Por otra parte, la Mesa del Parlamento de Cataluña, con la opinión en contra de los letrados admitido a trámite el debate para que se admita la delegación de voto de Carles Puigdemont por encontrarse en prisión provisional en Alemania. Eso sería un voto telemático expresamente negado por el juez Pablo Llarena a los fugitivos. Así que esta admisión es un acto de desobediencia expresa y puede tener consecuencias penales para los componentes de la mesa.

Por otro lado, es imposible negar la evidencia de que hubo malversación de fondos públicos y existe base documental intervenida que así lo atestigua y la prepotencia de las manifestaciones de los encausados al garantizar que el referéndum ilegal se iba a celebrar, disponiendo ya de los medios urnas y papeletas y partidas asignadas para la información en la red de internet y en los medios de comunicación para la publicidad del evento. En cuanto al de desobediencia, parece claro que se incumplieron de forma consciente todas las prohibiciones dadas por el Tribunal Constitucional y se obviaron todos los avisos del Gobierno de España para que se atuviesen a la legalidad. La desobediencia es más que manifiesta.

Así que no creo que este recurso prospere en absoluto y solo se trata de un intento de alargar los plazos para que el juez declare firme el Auto de procesamiento y decrete la inhabilitación de los encausados.

Por otra parte parece que la fugitiva Marta Rovira, la que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, está en paradero desconocido, tanto para las autoridades suizas como para sus posibles abogados. Sin embargo, eso no parece preocupar en su partido en el que su ahora líder provisional Pere Aragonés llega a afirmar que ha hablado con ella y que “se encuentra en lugar seguro” y que “cuando Rovira haya aclarado su estancia en el país, comparecerá públicamente”. No queda nada claro que ahora esté siquiera en Suiza y no haya escogido oro menos oneroso y donde goce de inmunidad para ser extraditada. EL caso es que no quiere dar pistas, pero no parece lógico que estando con una euroorden de detención, las autoridades suizas no tengan controladas sus fronteras y aeropuertos. Elegir Suiza como refugio sale caro y no es fácil encontrar un trabajo acorde, sobre todo si ene esa escapada le ha acompañado además de su hija, su pareja. El problema puede ser doble y no costeable por su partido ERC, ni por la ANC a la que ya ha dejado un pufo de 60.000 euros a fondo perdido por no presentarse ante el juez Llarena. Aclarar su estancia puede alargarse si no consigue un estatus de refugiada o similar, porque lo de exiliados políticos no creo que prospere.

¡Qué pasen un buen día!


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