Un país a la deriva

Cansancio y hartazgo en el Tribunal Constitucional.

12.03.18 | 15:29. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRAMITARÁ EL RECURSO SOBRE EL BLOQUEO INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SIN DARLE CARÁCTER DE URGENCIA.

¿Se ha hartado el Tribunal Constitucional de que le usen como brazo ejecutor de conflictos y decisiones políticas? Puede que sí, porque con el desafío secesionista del Gobierno y del Parlamento de Cataluña dominado por fuerzas independentistas y golpistas, no hay día en que no surjan conflictos de legalidades y legitimidades. Una especie de pulso entre los golpistas y el Estado de Derecho que no se atreve a dar el paso decisivo para terminar con esa situación. Porque deben ser el Ejecutivo y el Parlamento de España los que respondan a los golpistas de la única forma que la Constitución permite y es la de suspender la autonomía y tomar el control de todas sus competencias, además de proceder a la ilegalización de los partidos golpistas. La decisión del Tribunal Constitucional de darle carácter normal y no de urgencia al recurso del PSC sobre el bloqueo institucional y exigir que comience a contar el plazo de dos meses para la convocatoria de nuevas elecciones, caso de no haber investidura de Presidente de la Generalidad, dilata esta situación muchos meses más de los que el recurso intenta delimitar.

Y esto vuelve a ser una incongruencia en lo que se supone, según la doctrina del propio Tribunal Constitucional, la preservación del bien jurídico superior que se debe proteger. En este caso el espíritu de la ley que fija ese plazo de dos meses, pero dando por supuesto que existe un candidato viable y que se celebra la sesión de investidura. Y es precisamente la actitud del Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, con su decisión unilateral de posponer “sine die” ese pleno de investidura, lo que provoca la situación inaceptable de bloqueo institucional. Se crea así una suerte de limbo jurídico donde se están vulnerando los derechos de los diputados en su labor como tales como representantes de los ciudadanos, con la designación de una Presidencia y Gobierno de la Generalidad para la Administración de la autonomía y las propias del debate parlamentario y de legislación. Al impedir este proceso, se comete un fraude de ley y una vulneración manifiesta de esos derechos con perjuicio de los intereses de los ciudadanos de esa comunidad.

Una situación que podría terminarse si el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria presentasen una candidatura, a la que el Presidente de la Mesa no podría oponerse, ya que no lo hizo admitiendo la de Jordi Sánchez que tampoco contaba con votos suficientes para ser investido ni en primera ni en segunda vuelta. Me refiero a una candidatura de consenso como la de Miquel Iceta del PSC si contase con el apoyo de PPC y CIUDADANOS. Una alternativa viable que podría sustituir a la candidatura de Inés Arrimadas de CIUDADANOS que ya ha expresado repetidamente que no piensa presentarla por no disponer los apoyos suficientes, algo que la de Jordi Sánchez tampoco cumple. Y es que lo que se debe perseguir es que no continúe esta burla al Estado de Derecho por indefinición de la ley. Para ello hay que usar los mismos argumentos que han usado los golpistas con la actitud manifiestamente cómplice de Roger Torrent, para admitir a un candidato sin apoyos suficientes, ya que la CUP ha manifestado públicamente que solo votará a un candidato que tenga un compromiso claro para implantar la república independiente de Cataluña.

No se puede todo fiar, como ha hecho el Gobierno de España y ahora el PSOE a través de su socio el PSC de Miquel Iceta, a que sea el Tribunal Constitucional el que vaya legislando sobre la marcha en un terreno inexplorado que ninguna Constitución, Estatuto de Autonomía, ni Reglamentos o leyes autonómicas contemplan. Bien por no haberse considerado como escenarios posibles o bien por ambigüedad o vacío normativo. No se puede judicializar la política, así como tampoco se puede politizar la justicia. La separación de poderes exige que cada cual cumpla con su parte de responsabilidad. La justicia, como la política, necesita sus tiempos para el estudio sereno de los asuntos que se le presentan. Y al igual que es una norma no escrita que no se puede legislar "en caliente", tampoco se puede sentenciar sin haber considerado en profundidad todos los aspectos antes de emitir sentencias y crear jurisprudencia.

El Ejecutivo y el Legislativo de España tienen los medios suficientes y necesarios para adoptar decisiones acordes con las leyes en vigor. Una realidad que ha hecho posible que el Senado de España aprobase las medidas de intervención de la comunidad autónoma de Cataluña amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Otra cosa es si estas medidas han sido las oportunas y suficientes para el objetivo que se perseguía. Y aquí existe discrepancia entre opiniones, en las que algunos opinamos que han sido precipitadas, insuficientes e ineficaces para el objetivo pretendido de sofocar una rebelión manteniendo a los mismos partidos golpistas legalizados, a sus representantes y fracasando en poner ante la justicia a los principales inductores y actores del que fue, sin duda, un golpe de Estado. Un fracaso en toda regla que ahora se ve agravado tras unas elecciones autonómicas donde los independentistas han vuelto a obtener la mayoría parlamentaria en coalición.

El Tribunal Constitucional con esta decisión de no dar urgencia al recurso del PSC, se posiciona marcando distancia con esta judicialización de la política y obliga al Ejecutivo y Legislativo a cumplir con su responsabilidad con los medios más que suficientes que disponen. Y es que va siendo hora de que “cada palo asuma su vela”.

¡Que pasen un buen día!


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