Un país a la deriva

Los golpistas confabulan a oscuras.

07.03.18 | 11:53. Archivado en Política Nacional

JXCAT Y ERC INTENTAN QUE LA CUP RECONSIDERE SU VOTO CON UNA NUEVA PROPUESTA QUE NO HA TRASCENDIDO. ¿PUEDE PABLO LLARENA IMPEDIR LEGALMENTE LA ABERRANTE INVESTIDURA DE SÁNCHEZ?


Ayer tarde sin luz ni taquígrafos tuvo lugar una reunión entre altos representantes de JxCAT y ERC con la CUP. Una reunión que no sobrepasó la media hora y que consistió en la entrega a la Cup de una nueva propuesta sobre el contenido político del futuro Presidente y Gobierno de la Generalidad para que sea analizada y les haga reconsiderar su voto en la sesión de investidura del candidato Jordi Sánchez. No ha trascendido nada del contenido de esa propuesta, que además parece solo partir de JxCAT y que les obligó a prolongar la reunión con ERC, se supone que para debatir el alcance de la misma. Este es el enésimo intento de los golpistas para conseguir la cuadratura del círculo donde puedan compaginarse los diferentes puntos de vista sobre la forma de avanzar en el “proceso separatista”. Pero la cruda realidad es que solo se trata de satisfacer las demandas de un fugitivo, Carles Puigdemont, en su intento de mantener el control político y liderar desde su voluntario exilio ese proceso.

Porque ¿qué puede haber de sustancial en esa nueva propuesta para que sea capaz de convencer a quien, apuesta por la desobediencia, por la unilateralidad y por agilizar el proceso hacia la independencia? Es claro que lo primero que quiere JxCAT (Véase Carles Puigdemont) es garantizarse su futuro, sobre todo su estatus, su liderazgo y su financiación con la creación de ese Consejo de la República, la Asamblea y con su Presidencia. Una demanda que creo que consideran irrenunciable. Así que no les queda otra a los de JxCAT que transigir y contemplar de nuevo un compromiso con avanzar de forma más decidida en la implantación de la República acelerando la asunción de competencias de Estado a una velocidad que haga imposible la respuesta del Gobierno de España y del Tribunal Constitucional. Una estrategia similar a la que usan los hackers cuando atacan una página web provocando lo que se llama el error de “denegación de servicio”. Esa acción obligaría al Estado (véase Gobierno y Parlamento de España) a ratificar de nuevo la intervención vía artículo 155 de la Constitución.

Una acción que sería usada por los golpistas como la evidencia de la represión del Estado ante lo que consideran contraria a la voluntad del pueblo catalán expresada en el referéndum ilegal del 1 de octubre que fue refrendada con los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Una represión evidenciada en coartar las libertades y los derechos constitucionales de los que han sido legalmente elegidos en unas votaciones democráticas. Un discurso que parte de la base de que los golpistas no consideran a sus líderes como delincuentes, que lo son, sino como auténticos héroes y luchadores por la libertad de su pueblo. Y es que como en toda historia, cada uno la ve con un diferente prisma y un mismo hecho se interpreta de forma totalmente opuesta. Y eso es algo general por el que la Historia termina por ser subjetiva y debe someterse siempre a un análisis objetivo basado en hechos y no en interpretaciones.

El que la propuesta no se haya hecho pública ya demuestra una perversa intencionalidad marcada por la estrategia de confrontación con el Estado de Derecho. Porque el objetivo principal, no lo olvidemos, es retomar el poder y hacer uso de él para avanzar de forma más decidida en el proceso soberanista, tal y como exige Carles Puigdemont desde su cómodo refugio y la Cup con sus escuálidos pero valiosísimos cuatro escaños en el Parlamento de Cataluña. Pero lo grave es que el Gobierno de España sigue empeñado en judicializar las respuestas y no en hacer política y obligar a otros como el PSOE, CIUDADANOS, a que afronten el problema de frente y sin restricciones. Ante un desafío de esta naturaleza no caben dudas ni prevenciones, hay que adoptar medidas contundentes. Y estas no son otras que neutralizar un movimiento soberanista que puede acabar con España. La respuesta es simple, hay que suspender la autonomía.

Pero precisamente no ayuda mucho el que se dilaten los tiempos de las Instrucciones abiertas. Las declaraciones de causa “compleja” realizadas tanto por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que lleva la parte principal de la macro causa, como por la juez Carmen Lamela del Audiencia Nacional que se ocupa de la parte que afecta a los Mossos, en concreto al ex Mayor Josep Lluis Trapero, solo retrasan la adopción de las medidas cautelares, como es la de inhabilitación, que impedirían que se cometa una aberración en la que un encausado por graves delitos como el de rebelión, que conlleva penas de cárcel de hasta 25 años, pueda ser investido Presidente de la Generalidad y que hasta 19 de los actuales Diputados autonómicos encausados puedan optar a cargos de responsabilidad en el futuro Gobierno. Porque la pregunta que nos hacemos muchos y que sirve de argumento para las reclamaciones de los golpistas es ¿Es constitucional que una medida cautelar judicial prevalezca sobre un derecho reconocido en la Constitución?

Esa pregunta es tan rotunda que hasta el mismo Tribunal Constitucional se resiste a pronunciarse y ha aprovechado la renuncia “provisional” de Carles Puigdemont a ser candidato para la investidura como Presidente de la Generalidad, para aplazar su respuesta. Y ahora tenemos el caso del nuevo aspirante Jordi Sánchez, en el que el juez Pablo Llarena deberá ratificarse en su negativa a ponerle en libertad o a rectificar y concederle asistir al pleno y ser investido si así lo decide la mayoría parlamentaria. Una elección que haría que entrasen en conflicto los derechos de los parlamentarios a no ser detenidos salvo flagrante delito, además del impacto mediático a nivel mundial que sería el reingreso en prisión de un Presidente electo. Todo un desafío en el que la razón y la lógica debe imponerse para tomar la decisión más ajustada a derecho y que no se produzca un fraude de ley.

Nunca debimos llegar a esta situación en la que los golpistas pueden terminar por burlarse de la ley recuperando el poder y manteniendo el desafío. Nunca debimos llegar a esta situación en la que las medidas de intervención han estado supeditadas a intereses oportunistas y partidistas obligando a una contención que las ha hecho prácticamente inservibles. Nunca debimos llegar a esta situación en que se obliga a los jueces a hacer verdaderos encajes de bolillos retorciendo la ley y llevándola a límites inexplorados y de riesgos desconocidos. Una situación que ahora es posible que obligue a tomar decisiones cuestionables ante la amenaza real de convertirse en un problema irresoluble ante la determinación de los golpistas en sus objetivos.

Ya dije en otro escrito o de ¡Algo hay que hacer! En un intento de alertar desde mi minúsculo y escondido blog a aquellos que tienen la capacidad y el poder de resolver la situación. Y soy consciente de que mi intento puede ser fútil, pero no pierdo nada con ello y además me lo exige mi conciencia y deber como español.

¡Que pasen un buen día!


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