Un país a la deriva

La CUP arenga desde la trinchera..

06.03.18 | 09:50. Archivado en Política Nacional

ROGER TORRENT PROPONE A JORDI SÁNCHEZ COMO CANDIDATO SIN FIJAR PLENO INVESTIDURA. LA CUP PRESIONA DESDE SU POSICIÓN EN LA TRINCHERA.

Ahora sí que puede que el Presidente de la Mesa, Roger Torrent, no esté cumpliendo con su deber y esté cometiendo un acto premeditado de bloqueo institucional al firmar la designación como candidato a la Presidencia de la Generalidad al diputado preso Jordi Sánchez i Picanyol como consecuencia de la renuncia del anteriormente designado el diputado fugitivo en Bélgica, Carles Puigdemont i Casamajó, sin fijar fecha para el pleno de investidura. Y eso tras la comprobación de que no cuenta con los apoyos suficientes tras la ronda de contactos con todos los portavoces de los grupos parlamentarios. DE los 135 diputados de la Cámara, solo apoyan al candidato los proponentes JxCAT y ERC que cuentan con los votos de 64 diputados, mientras que el resto que votaría en contra suman 65 diputados, quedando dos votos sin posibilidad real de delegación por prohibición expresa del Tribunal Supremo de los diputados prófugos en Bélgica y los otros 4 votos de la CUP como abstención.

Esta nueva designación viene tras una renuncia “provisional” del candidato Carles Puigdemont que ha amenazado con revocarla en el caso de que Jordi Sánchez no sea investido. Y es que esto de la investidura se ha transformado en un nuevo circo inaceptable montado por los independentistas. Ya ni siquiera se le puede calificar de farsa bufa como ha hecho la portavoz del grupo de CIUDADANOS Inés Arrimadas a lo que es una descarada manipulación aprovechando el vacío legal para prolongar “sine die” una situación de bloqueo institucional. Una situación del todo inaceptable en un sistema de representación, donde los Parlamentos y los Gobiernos democráticamente elegidos son la base del funcionamiento del Estado y de las autonomías que regulan y administran la vida ciudadana en esas comunidades. Este bloqueo institucional que llevamos desde el 22 de enero en el que se designó al primer candidato a la Presidencia de la Generalidad debe terminar de una vez fijando la fecha límite en que, de no haber pacto ni investidura, se disuelva el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones generales.

Lo que no es admisible es que sea el mismo Presidente de la Mesa, apoyado por una mayoría independentista, el que manipule la situación y se niegue a fijar la fecha del pleno, a la espera de que las presiones sobre los “díscolos” de la CUP le hagan reconsiderar su posición y terminen por ceder los votos que necesitan para sacar adelante la candidatura. Y eso en el improbable caso de que el juez Pablo Llarena permita al preso Jordi Sánchez acudir al pleno. El caso es que tenemos un nuevo candidato, pero no tenemos fecha del pleno. Una indefinición que perjudica la petición del preso al no poder poner fecha concreta a su solicitud de asistencia para ser investido. Y es que lo primero que hay que dilucidar, quizás por el Tribunal Constitucional que debe aún pronunciarse sobre el recurso del Gobierno de España sobre la candidatura de Puigdemont, es si un encausado en prisión provisional puede desempeñar sin restricciones como diputado electo y, en este caso, como Presidente del Gobierno de la Generalidad. Lo que no creo que prospere es el recurso presentado por el PSC para que sea el Tribunal Constitucional el que fije la fecha del pleno, porque eso sí que sería interpretado como injerencia política dentro de la separación de poderes del Estado.

Otra cosa es que, con la ley en la mano, se pueda establecer que Roger Torrent al no fijar la fecha del pleno esté cometiendo una infracción, no sé si delito y deba ser exhortado a que cumpla con su obligación institucional. Lo que parece es que simplemente se ha tomado un tiempo, que es el que le solicitó JxCAT para intentar convencer a la CUP. De hecho, parece ser que hoy mismo se celebrará una reunión donde es posible que JxCAT plantee una propuesta a la CUP firmando una nueva hoja de ruta para la consolidación de la República. Una promesa que, de llevarse a cabo, lo único que puede conseguir es que se prolongue la intervención actual o incluso se provoque la suspensión total de la autonomía hasta que se logre una renuncia expresa por parte de los partidos independentistas a la insumisión y la unilateralidad, o exponerse a ser ilegalizados dentro del sistema democrático de España. Eso, siempre que los partidos constitucionalistas mantengan la unidad de acción y reacción ante el desafío secesionista.

Porque estamos en una pugna entre independentistas de a ver quien es el más radical en sus posiciones. Y esta, por ahora, vuelve a ser la CUP, cuya formación y bases si se caracterizan por algo es por: ser antisistema, sea el que sea; por tener una muy baja representatividad en la sociedad catalana; por su extrema radicalidad y violencia y su desfasada actitud revolucionaria con la creación de comandos violentos en una coordinada “kale borroka”(lucha callejero) con la creación de los llamados “Comités de Defensa de la República” (CDR). La insumisión y la desobediencia es el precio que exigen a los demás sin ellos asumir ningún riesgo y huir a las primeras de cambio en que ven amenazada su libertad, tal y como ha hecho su exdiputada y más destacada activista, Anna Gabriel, prófuga de la justicia al no presentarse a declarar ante el juez y huir a Suiza.

Así que la CUP no puede erigirse como adalid de ningún movimiento en el que su compromiso no llega más allá de azuzar a otros a que asuman los riesgos de desobedecer y de responsabilizarse de los actos que oficialicen esa desobediencia. Anna Gabriel representa como nadie la cobardía de no asumir sus propios actos. Algo que sí hizo su camarada Mireia Boya que tras el interrogatorio obtuvo libertad sin fianza, aunque declarase a los medios que había “abroncado al juez Pablo Llarena”. Una aseveración que solo puede ser calificada como fabulación onírica de quien quiere aparentar lo que no es en absoluto. Porque si no se tomaron medidas cautelares fue simplemente porque el juez no le consideró de relevancia para la causa abierta. Es por tanto nula la autoridad moral que la CUP puede enarbolar ante el resto de las fuerzas independentistas y su débil excusa de “Si nos ponemos de acuerdo con un programa de Govern republicano, no es un problema de nombres, pero si no nos ponemos de acuerdo cualquier nombre será un problema” y rechazar a cualquier candidato que “presente un programa autonomista y no republicano”.

También añadió Carles Riera que “Hay que conseguir que ahora se haga República, y no queremos ir a elecciones, pero si no hay más remedio iremos. No nos da miedo”. Es decir, o los de ERC y JxCAT tragan con la desobediencia y una nueva hoja de ruta que contemple la República en esta legislatura o provocarán que haya que ir a nuevas elecciones donde pretenden recoger más votos por su actitud de resistencia y determinación en pro de la República independiente de Cataluña, señalando al resto de partidos independentistas, ERC y JxCAT (PDECAT) como rendidos ante la intervención del Estado y asunción del sistema autonómico. Una posición hipócrita donde nuevamente la CUP no arriesga nada y sus miembros huyen a las primeras de cambio para no asumir responsabilidades. Es algo similar a aquellos comisarios políticos comunistas que pistola en mano obligaban a los soldados rusos a avanzar mientras ellos se quedaban en sus trincheras a salvo de los disparos enemigos. Una formación que debería ser ilegalizada por el uso de la violencia de esos grupos CDR que campan a sus anchas por las calles de Cataluña como autenticas fuerzas coordinadas de choque. Y aquí la Fiscalía y el Tribunal Supremo tienen mucho que decir.

¡Que pasen un buen día!


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