Un país a la deriva

Un símbolo grotesco y patético.

02.03.18 | 09:53. Archivado en Política Nacional

RENUNCIA PROVISIONAL DE CARLES PUIGDEMONT A SU CANDIDATURA Y DESIGNA SUCESOR. ¿SE EQUIVOCÓ PABLO LLARENA AL ALARGAR LA INSTRUCCIÓN?

Anoche volvió el fantasma de Waterloo a ocupar telediarios en un video grabado en el despacho de su lujosa mansión. El atrezo recuperó la estética de la solemnidad al tener de fondo las banderas de la proclamada República de Cataluña en una disposición donde no se podía distinguir si era la estelada o la senyera y solo se veían las barras rojas y gualdas y la bandera de la UE. Un vano intento de dar la impresión de que hay una realidad de pertenencia de esa inexistente república independiente en una Institución cuyos máximos representantes y dirigentes nacionales se han hartado de decirle a este impresentable y a sus lacayos como Raúl Romeva de que nunca serán reconocidos y que el único estado asociado legalmente es España. Pero este individuo sigue viviendo de su fabulación, y muy bien por cierto, a costa de los panolis que le financian y quizás también a costa de fondos escamoteados a la Generalidad y que aún no han sido identificados como evadidos. Por supuesto que me refiero al acceso a cuentas opacas creadas durante el tiempo de apertura de las “embajadas”. El caso es que en ese video se dedicó a largar un discurso de unos 13 minutos donde destacó el odio a España; se proclamó legítimo Presidente de la Generalidad reconocido por la resolución del Parlamento; anunció su renuncia, que calificó insistentemente de provisional en su candidatura; propuso la designación por su formación del preso Jordi Sánchez de la ANC como candidato a sustituirle y realizó el enésimo anuncio de una denuncia presentada por “sus abogados” ante la ONU por vulneración de España de los Derechos humanos y políticos.

Y es que no deja de ser vergonzoso el seguimiento mediático que todos los medios de comunicación sin excepción hacen de este fugitivo de la Justicia que dio un golpe de Estado y que se atreve a acusar al Gobierno de España y al Senado de haberlo dado con la intervención de la autonomía y el cese del Gobierno de la Generalidad. Un individuo que cobardemente huyó a un país que ya sabía que sería un refugio seguro y en el que ha logrado apoltronarse y residir sin problemas, a pesar de no contar con estatus de refugiado político, ni tener permiso de trabajo ni trabajo reconocido como se le exige a cualquier otro ciudadano de la UE. Una situación que el gobierno belga debería justificar porque es público y notorio. Claro que tampoco el Gobierno de España está presionándole para que se defina sobre esta anormalidad y total impunidad de este individuo.

No voy a desmenuzar el discurso porque sería darle altavoz a un delincuente, a un enemigo de España que tarde o temprano, mejor temprano, deberá estar ante los jueces para responder por sus graves delitos. Y es que lo que no termino de comprender es que un Estado de la relevancia de España sea incapaz de terminar con esta payasada usando todos los medios a su alcance para forzar la extradición de este sujeto. Porque hay que hacer valer el imperio de la ley en toda la UE y no permitir que algunos se erijan, como hace Bélgica, en fariseos defensores de los derechos de los delincuentes y terroristas que se presentan como perseguidos políticos, como es el caso de este fugitivo Carles Puigdemont. Y no solo eso, sino que además se da pábulo y altavoz a sus injuriosas acusaciones y se le permite actuar con total libertad sin exigirle los requisitos legales aplicables a personas que entraron como turistas y permanecen ilegalmente como residentes.

El Gobierno de España está demostrando su absoluta incapacidad para solucionar este asunto evidenciando una torpeza mayúscula. Pero también hay que culpar a los medios de comunicación que, con la excusa de la información en aras del interés general de los ciudadanos, se transforman en el principal altavoz del fugitivo. Y aquí no me refiero a los dos medios principales del movimiento golpista en Cataluña: TV3 y la RAC1, sino a todos los medios audio visuales del resto de España. Porque lo que no es noticia, no existe, y eso como periodista que es, lo sabe el prófugo Carles Puigdemont. Porque por mucho “Consejo de la República”, “Asamblea” y “Presidencia”, el día a día de la Generalidad se hará desde el palacio de San Jaume en Barcelona y desde el Parlamento de Cataluña. Lo de provisional de su renuncia es algo irreversible que solo podría cambiar en el caso altamente improbable en que se declarase la independencia de Cataluña y se abriese el proceso de elección de un nuevo Presidente de la República. Y eso es mucho aventurar y apostar. Dijo Carles Puigdemont que no se veía como símbolo, pero de jarrón de porcelana chino ha pasado a ser folclórico botijo de expositor de suvenires de mercadillo.

Así que Carles Puigdemont es plenamente consciente de que a lo más que puede aspirar es a que Bélgica le conceda el estatus de refugiado y a colarse de vez en cuando en los telediarios con algún acto reivindicativo, mientras logra vivir a costa del erario público que el Gobierno de la Generalidad autonómico sea capaz de escamotear a la Hacienda de España, algo en lo que ya tiene experiencia. Y además siempre podrá contar con el mecenazgo de esas asociaciones civiles como ANC y OMNIUM que inexplicablemente siguen legalizadas y sin dar explicaciones sobre sus fondos de solidaridad y sistema de financiación. Porque lo incomprensible es que el Estado siga permitiendo que se subvencionen a estas organizaciones con fondos públicos de los de la Autonomía. Creo que ya va siendo hora de que el Sr. Montoro dé explicaciones en el Congreso y detalle dónde han ido a parar los fondos del FLA y las medidas que se han adoptado para impedir este desagüe incontrolado de financiación ilegal de formaciones separatistas y golpistas y, en su caso, de las “embajadas” que sean reabiertas por el nuevo Gobierno de la Generalidad.

Ayer ya comenté la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de asumir la sugerencia de la Fiscalía y declarar la macro causa contra el golpe de Estado como “compleja”, con lo que ello conlleva alargar la instrucción hasta un máximo de 18 meses. Una decisión que contradice lo que parecía una determinación de este juez en agilizar al máximo la instrucción y cerrarla en este mes o el próximo con un Auto de procesamiento a los encausados con la media cautelar de la inhabilitación provisional para ejercer cargo público alguno hasta que exista sentencia firme que la anule o la ratifique. Con el cambio de calificación de la causa creo que se está cometiendo un error que solo favorece a los golpistas en su reclamación de poder ejercer sus derechos constitucionales. Es el caso en que incluso la prisión provisional de los encausados sería difícilmente defendible al no existir un Auto de procesamiento. No puede prolongarse en un plazo de mas de un año una situación por el exclusivo riesgo de la reiteración en el delito, ya que sería una presunción de culpabilidad no sustentada en un Auto fundamentado en pruebas.

La Instrucción no puede caer en los mismos errores en que otras macro causas han incurrido. No cuando existen dudas más que razonables sobre una interpretación cuestionable de la ley que podría confundirse fácilmente con prejuicios y un abuso de poder. Porque lo innegable es que los encausados mantienen intactos todos sus derechos constitucionales y al haber sido electos como Diputados de una Cámara parlamentaria autonómica no pueden ver mermados los mismos derechos que disponen sus homónimos electos. Es decir, pueden optar a desempeñar los mismos puestos de responsabilidad que cualquiera del resto de diputados y aquí se incluye el aspirar a la presidencia de la Generalidad o formar parte del Gobierno que se constituya. Porque la ley es lo que contempla y si es o resulta algo irracional, se debe cambiar la ley donde corresponde, en el Congreso de los Diputados de España y no hacer piruetas interpretativas que limiten esos derechos de facto al mantener medidas cautelares de prisión provisional.

Si hay un resquicio de la ley por la que esos derechos pueden ser suspendidos temporalmente como parecía sugerir el juez Pablo Llarena en el momento de dictar su Auto de procesamiento, se debería intentar aplicar y no demorarlo como ha decidido finamente hacer. Me ratifico en considerar esta decisión como un grave error o simplemente una forma poco elegante de renunciar a interferir con el proceso de constitución de la Presidencia y del Gobierno de la Generalidad. Una decisión que conllevará sin duda terminar con la prisión provisional de los que se encuentran actualmente presos. Lo que no queda clara es la intencionalidad de la Fiscalía y si actuaba “motu propio” o a sugerencia del Gobierno de España.

¡Que pasen un buen día!


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