Un país a la deriva

La hora de Trapero de rendir cuentas.

22.02.18 | 09:42. Archivado en Política Nacional

A LA TERCERA, LA VENCIDA: TRAPERO SE ENFRENTA A UNA PETICIÓN DE PRISIÓN, POSIBLEMENTE SIN FIANZA. URGE SOLUCIONAR EL DESBARAJUSTE DE LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS.

Pues sí, mañana será la tercera comparecencia del ex Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Y ya se sabe lo del dicho de “a la tercera, la vencida”. En este caso parece que el impávido ex mayor, no podrá irse de rositas ya que se han aportado al Sumario nuevas pruebas que le incriminan y que confirman su actitud, no ya pasiva sino activa y obstruccionista, en diferentes sucesos previos y acaecidos en la misma jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Unas pruebas que pueden ser concluyentes para que esta vez la jueza dicte Auto de prisión incondicional y sin fianza para quien fue el brazo armado del también preso ex Consejero de Interior, Joaquim Forn, en un claro posicionamiento en favor del proceso separatista y deslealtad Institucional. Y es que, en estos momentos, nadie puede asegurar que este individuo opte como otros por no acudir sorpresivamente y eludir la prisión que la Fiscalía va a solicitar. A nadie extrañaría que el susodicho eligiese seguir los pasos de los prófugos y dedicarse a trabajos de seguridad privada del ex Molt Honorable en su exilio belga.

Y es que, en este vergonzoso asunto del comportamiento de los Mossos durante esas jornadas de septiembre y octubre, el Gobierno de España ha optado por mantener una actitud pusilánime e irracional. Ha decidido no hacer nada salvo alguna medida cosmética como fue la de apartar del cargo de Mayor de los Mossos al máximo responsable, Trapero, pero a un destino burocrático con total libertad de acción y de influencia sobre sus antiguos subordinados. Los principales mandos siguen siendo los mismos que transmitieron las órdenes a los agentes. Una decisión que se parece demasiado a la tomada cuando el PP obtuvo la mayoría parlamentaria durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, dejando intacta la estructura de mandos de Interior que había tejido Alfredo Pérez Rubalcaba durante sus largos ocho años en los que llegó a amenazar a tirios y troyanos con un elocuente “lo sé todo de todos”, en una chulesca afirmación de haber establecido un sistema de vigilancia inadmisible en cualquier país democrático.

Y eso me lleva a replantear el tema competencial del Estado respecto a las autonomías, sobre todo las llamadas “históricas” y aquellas que inapropiadamente se califican como tales. Y es que creo que hay algunas materias que nunca debieron ser transferidas. En concreto me refiero a Sanidad, Educación y Seguridad ciudadana. Respecto a esta última, parece irracional disponer de los llamados Cuerpos y Fuerzas de Seguridad autonómicos con funciones similares a las atribuidas para las del Estado: Policía Nacional y Cuerpo de la Guardia Civil, que además de las propias de la seguridad ciudadana y policiales, tienen encomendadas otras funciones esenciales como son el control de fronteras y la vigilancia de costas. Las fuerzas de seguridad autonómicas son el exponente de una innecesaria multiplicidad funcional, amén de una fuente de conflictos por temas como condiciones laborales, salarios, pluses, etc. Una aberración por la que, como en otros aspectos de este delirante sistema autonómico, existen agravios comparativos inadmisibles en cuanto a la igualdad de derechos y aquello de igual trabajo, igual salario.

Y es que esta singularización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en grupos dispersos y diferenciados, lleva necesariamente a conflictos como el que ahora existe en el Ministerio de Interior donde puede verse mermada la respuesta y eficacia por posibles huelgas de celo y donde puede ponerse en duda la lealtad en unos cuerpos que, si se destacan por algo es precisamente por su absoluto compromiso y lealtad en el cumplimiento de su deber, incluso aunque las condiciones, como en el caso de su desplazamiento a Cataluña, sean inapropiadas y hasta vergonzosas como ya fue denunciado en su momento. No se puede mantener esta situación por más tiempo y hay que alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas mayoritarias del Parlamento español para recuperar el mando efectivo y el control en temas que nunca debieron ser transferidos. La solución pasa por integrar a esas fuerzas de Seguridad autonómicas en la estructura y mando único del Ministerio de Interior y suprimir las Consejerías de Interior. Quien evita el riesgo, evita el peligro. Y ya se ha demostrado que existe un peligro real de insubordinación y de darle un sentido inconstitucional a unos cuerpos de seguridad transformados en fuerzas de choque del nacionalismo separatista.

Josep Lluis Trapero es solo una punta del iceberg en la que otros mandos intermedios siguen en sus puestos y con total libertad de acción y de influencia en sus subordinados. Un nacionalismo beligerante que no duda en señalar y separar a aquellos que no comparten su ideología y cumplen con su deber al asumir que su lealtad la deben a todos los españoles y no a un grupo de sediciosos. Trapero puede que sea el máximo responsable, pero no el único y hay que sacar a los que se esconden tras sus mesas de despacho en sus altos cargos de responsabilidad en ese cuerpo policial. Lo que es una evidencia es que la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que incluye a los autonómicos, Ertzaintza, Policía Foral Navarra y Mossos d’Esquadra que actúan de forma independiente del Cuerpo de Policía Nacional, y otras como las de Galicia, Andalucía, Valencia y Aragón, que están adscritas a ese Cuerpo, se ha demostrado ser ineficaz al ahora de garantizar igualdad de derechos y deberes entre todos los miembros de esa fuerzas.

Cuanto más se tarde en solucionar este desbarajuste, otro más en un sistema autonómico demencial, más difícil será solucionarlo y más se enconará la situación. En un tema tan sensible como es el de la protección ciudadana y resto de funciones policiales, no puede haber cicatería ni posturas autoritarias. Lo sensato es usar aquello del “quid pro quo” y llegar a una solución pactada asumible para ambas partes en una evidente situación de injusticia. Lo que no se puede pretender es negar la existencia de un problema que lleva latente mucho tiempo y que solo una situación límite le ha hecho aflorar. Hay que terminar con la sensación de cuerpos policiales elitistas y más propios de Servicios de seguridad privados y recuperar el mando único y el control de esos cuerpos autonómicos integrándolos en el Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, recuperar la transferencia en Seguridad Pública.

Supongo que no será tarea fácil porque los partidos nacionalistas, sobre todo los golpistas en Cataluña, no creo que estén dispuestos a dejarse arrebatar lo que ya consideran sus fuerzas legítimas y perversamente como futuras fuerzas de choque contra España. Y esta reacción de rechazo a una posible devolución de competencia me recuerda a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid en el que un ciudadano fue a registrar una reclamación por un dinero indebidamente abonado por un impuesto y le preguntó que cuándo se lo devolverían, a lo que el funcionario respondió: “¡Uy! Aquí el dinero entra muy fácil, peros salir….”

¡Que pasen un buen día!

P.D.: Mi más sentido pésame a la familia del genial FORGES (Antonio Fraguas) que supo como nadie hacer una crónica de la historia reciente de España a través de los personajes de sus viñetas y de su fino humor. Descanse en paz.


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