Un país a la deriva

Empieza la Cuaresma

14.02.18 | 10:38. Archivado en Política Nacional

TORRENT VA A RECURRIR ANTE EL TEDH PARA SUPRIMIR LAS MEDIDAS CAUTELARES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT, MIENTRAS APLAZA LA TRAMITACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE PRESIDENCIA.


El Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha encontrado la excusa perfecta para justificar que su objetivo es defender los derechos de “todos” los Diputados de la Cámara y ha decidido poner un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Lo malo de este recurso es que lo debe hacer a título individual y en ningún caso como Presidente del Mesa, ya que no todos los Diputados del Parlamento están de acuerdo en presentar ese recurso, principalmente los que no son independentistas. Es por eso por lo que ha pedido que se sumen a su demanda aquellos diputados que sí que estén por apoyar la investidura de Carles Puigdemont sin que éste deba estar presente ni defienda su candidatura en la tribuna del Parlamento. Porque no se trata ya de que el Tribunal Constitucional le impida acudir a la investidura, sino de que ha impuesto unas medidas cautelares que obligan a que ésta sea presencial y que deberá contar con el permiso expreso del juez del Tribunal Supremo ante el que está obligado a presentarse y declarar.

Y es obvio que Carles Puigdemont está fuera de España, donde sigue en vigor una orden de busca y captura para llevarle a declarar ante el juez y que su pretensión es eludir a la Justicia de España, ser investido en la distancia e incluso formar Gobierno y gobernar igualmente desde Bélgica. Una pretensión que ninguna democracia aceptaría, ni siquiera la tan permisiva de ese país cuya Justicia tiene la desfachatez de poner en duda la de otro país de la UE. Porque se olvida lo importante y es que ese fugitivo está encausado por la presunta comisión de los delitos de Rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el proceso independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia el pasado mes de octubre tras la celebración de un referéndum ilegal. Se olvida que su fuga se produjo tras el anuncio por parte de la Fiscalía de las denuncias que dieron lugar a la apertura de la causa por parte de la Audiencia Nacional que recayó en la jueza Carmen Lamela.

La pretensión de Roger Torrent es que el TEDH suspenda las medidas cautelares y así poder proceder a la investidura de Carles Puigdemont por cualquiera de las vías alternativas que expresamente ha prohibido el Tribunal Constitucional. Un empecinamiento que demuestra la nula voluntad de dar una salida sensata para que se constituya un Gobierno de la Generalidad que no esté afectado por pendientes legales de extrema gravedad como es el caso de todos los actualmente encausados por su participación activa y relevante en el golpe de Estado perpetrado por el Gobierno de la Generalidad, los componentes independentistas de la Mesa del Parlamento, los partidos independentistas en el Parlamento de Cataluña y las asociaciones civiles ANC y OMNIUM. Ese recurso es un brindis al sol, ya que en ningún caso creo que el TEDH quiera inmiscuirse en asuntos internos de organización de un país, en la que ningún derecho de representación ha sido suprimido, sino solo delimitado para que no se incurra en un fraude de ley por alguien que intenta eludir a la justicia y librarse de la cárcel. Algo que no tiene nada que ver cono los derechos humanos y si con la cobardía y vileza.

Por otro lado, Roger Torrent ha decidido aplicar otra vez el aplazamiento como medio de no tomar una decisión que le comprometa, sobre todo penalmente en caso de acceder a las pretensiones del grupo de JxCAT que es lo mismo que decir, Carles Puigdemont, el muñidor errante. Por ahora ha resuelto no incluir en el orden del día la reforma de la ley de Presidencia y del Gobierno de la Generalidad. De haberla admitido a trámite se habría expuesto a un inmediato recurso por parte de los no independentistas y del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, que la habría admitido y provocado su suspensión. Y es que es un hecho que la Mesa del Parlamento no puede admitir la tramitación de una propuesta de reforma en la que de modo expreso se vulneran y se ignoran las medidas cautelares que el Tribunal Constitucional impuso. Es por eso que, en paralelo a ese aplazamiento, la mayoría independentista de esa Mesa ha presentado un recurso ante ese Tribunal para que anule las medidas cautelares, como paso previo a dar trámite a esa reforma solicitada por JxCAT.

Este recurso contempla como principal argumentación que es una extralimitación en las funciones del Tribunal y le insta a desestimar el recurso del Gobierno sobre la investidura de Carles Puigdemont. Una posición coherente con las declaraciones de que el susodicho fugado de la Justicia es el único y legítimo candidato elegido por la mayoría de los grupos parlamentarios. Un claro desafío que incide en una voluntad inequívoca de mantener el pulso secesionista que es el que defiende el fugitivo desde su confortable refugio en Bélgica. Y es que el Estado de Derecho no puede admitir la realidad de un Gobierno de la Generalidad en el exilio y la impunidad de un golpista como es Carles Puigdemont que no dudó en violar la legalidad vigente para instaurar la República de Cataluña. Un recurso que alude al impunidad de los Diputados por su aforamiento que les protege de ser detenidos salvo que incurran en delito flagrante. Y dado que Puigdemont ya es diputado electo, tiene todo el derecho a asistir a su investidura y ser elegido y gozar de su inmunidad parlamentaria. Algo que según alegan está por encima de la Instrucción y encausamiento y la orden de detención.

Un retorcimiento de los argumentos que ignora que Carles Puigdemont sigue en libertad solo por el hecho de que su huida lo ha impedido y ello ha evitado el que se viera en las mismas condiciones que otros como Oriol Junqueras o Jordi Sánchez, diputados electos que el juez del tribunal Supremo mantiene en prisión provisional hasta que sean procesados, momento en el cual quedarían en suspenso sus derechos de representación. Y éste es el enredo jurídico en el que los independentistas intentan envolver al Tribunal Constitucional, no por defender el sagrado derecho de la representatividad democrática, sino la impunidad y la inmunidad de unos golpistas que solo han podido renovar sus cargos por una ley tan laxa que supedita todo a la existencia de una condena en firme con independencia de la gravedad de los delitos cometidos y de la reincidencia. La aberración es que no existan esas medidas cautelares que impidan esa impunidad para seguir delinquiendo al retomar el poder.

El Estado de Derecho deja de serlo en cuanto se usa un vacío legal para que los mismos autores de graves delitos como son el de rebelión y sedición en forma de golpe de Estado, puedan volver a ejercer los cargos con total impunidad e inmunidad parlamentaria. Eso haría inútiles las medidas de defensa del Estado de Derecho, en este caso las derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es similar a que un pederasta pillado en actos obscenos con un menor, por culpa de una ley de enjuiciamiento y procesal enrevesada y una justicia lenta y garantista, renovase, apoyado por la mayoría del claustro de profesores, su cargo de Director de la institución docente donde estaba cometiendo sus abusos. Una aberración que no creo que permitiese la asociación de padres de alumnos.

Carles Puigdemont es un golpista fugado de la Justicia que no piensa rendir cuentas de sus delitos y se está aprovechando de los resquicios legales para mantener su desafío, con la ayuda y complicidad de las fuerzas golpistas del Parlamento de Cataluña que siguen intactas y determinadas a culminar su proceso independentista. Creo que el Estado de Derecho no puede seguir consintiendo esta burla. Un Estado que no es capaz de defenderse de sus enemigos está condenado a desaparecer. ¿Es eso lo que queremos para España?

¡Que pasen un buen día! Empieza la Cuaresma que nos llevará a la semana de pasión. Y un calvario que puede acabar con la crucifixión de la democracia.


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