Un país a la deriva

Horas decisivas: faltan las decisiones.

11.02.18 | 10:30. Archivado en Política Nacional

YA ESTÁ TARDANDO PABLO LLARENA EN CERRAR LA INSTRUCCIÓN E INHABILITAR A LOS GOLPISTAS.

Si hay algo que no soporto es la infamia que la RAE define como “Descrédito, deshonra” ni la injuria “Agravio u ofensa de palabra o de obra” ni la mentira (ya saben lo que significa). Y eso es precisamente los que los golpistas, y aquí incluyo al Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, tienen la desfachatez de hacer cuando declaran sin ningún pudor que el Estado mantiene rehenes políticos. Un nuevo mantra que no está siendo lo suficientemente contestado por los demócratas, o aquellos que se consideran como tales sin serlo. Pero es que la palabra rehén tiene aún un significado más perverso que el otro mantra de “presos políticos”, término usado por aquellos que defienden y han defendido y justificado el terrorismo de ETA y ahora por estos golpistas. Y en ambos casos se intenta aplicar la técnica goebeliana y fascista de la manipulación del lenguaje para deformar una idea hasta convertirla en algo totalmente opuesto a la realidad. Ejemplos de ese nazismo propagandístico los tenemos en expresiones como “reeducación”, “realojamiento”, “solución final”, llegando a su máxima expresión con aquella que recibía a los desafortunados detenidos, trasladados y masacrados del campo de concentración en Auschwitz: “el trabajo libera”, no se sabe si referido al de los pocos confinados supervivientes o al de los guardianes en su terrorífica misión de exterminio planificado.

Rehén es según la RAE “Persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones”. Y preso político es aquella persona que está en prisión por su ideología y porque supone una amenaza para el sistema político instaurado en una determinada sociedad. Los golpistas han querido desde el primer momento acusar al Estado de Derecho de represión y de mantener en prisión a sus líderes por motivos políticos y no por haber delinquido cuando perpetraron el golpe de Estado. Su primera acusación fue la de calificarles de presos políticos y defender la falacia de que un acto parlamentario de declaración de independencia, aprobado de forma reglamentaria por la mayoría de diputados independentistas, era simbólico y no efectivo. Una declaración que tuvo su respuesta con la aprobación en el Senado por mayoría de los senadores, de las medidas de intervención amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Un acto que no tuvo nada de simbólico y que sirvió para neutralizar el golpe de Estado y a sus cabecillas que, acto seguido, fueron denunciados y enviados a prisión, con excepción de aquellos que cobardemente huyeron fuera de España a refugiarse en un país del que podían esperar de su Justicia un amparo ante la Justicia de España. Es decir, se trataba de “políticos presos” o en libertad condicional y de políticos fugitivos de la Justicia pendientes de captura y puesta a disposición judicial.

Pero esa intervención tenía serias taras y errores de bulto, quizás debidos a la premura y urgencia en su aplicación y a la ambigüedad de un texto en un artículo que nunca fue desarrollado, por no considerarse prioritario por la alta improbabilidad de llegar a un escenario donde fuera preciso aplicarlo. Aquello de "dejarlo para luego" y meterlo en un cajón. Una apreciación errónea e irresponsable que ha tenido la consecuencia de haber obligado a la improvisación y a la precipitación en la adopción de medidas. Algo que finalmente se ha demostrado insuficiente para revertir una situación enquistada durante décadas y que ha aflorado en los últimos cinco años con la radicalización de las fuerzas nacionalistas que se han convertido en golpistas y fuera de la ley. El hecho es que de forma absurda se optó por una actuación contenida y minimalista en cuanto a impacto, tanto en el tiempo como en el control real de la situación. La disolución fulminante del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones fue un craso error por no darse las condiciones políticas ni sociales al no haber realizado ninguna medida tendente a apaciguar el radicalismo y comenzar una etapa de reconciliación, algo que requiere, sobre todo, tiempo. Pasada la hora de neutralizar la rebelión, debía venir otra etapa más larga y difícil, la del diálogo sosegado y sensato. Una labor ardua que debía contrarrestar décadas de abandono del Estado a esa sociedad catalana, de manipulación ideológica, de adoctrinamiento, de política de exclusión, y de odio a España, a su lengua y a su cultura diversa y plural de la que Cataluña es una parte relevante.

Una convocatoria que no pudo impedir el que los golpistas pudieran volver con toda impunidad a presentarse a las elecciones al no haber sido enjuiciados ni condenados ni inhabilitados para desempeño de cargo público, manteniendo todos sus derechos intactos como el del sufragio pasivo. Una situación aberrante que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, intenta enmendar acelerando la Instrucción para emitir un auto de procesamiento, momento en el cual se establecería una inhabilitación provisional hasta su confirmación en la probable sentencia tras el juicio. Una decisión que intentará fundamentar, pero que no está exenta de debate y que puede ser con toda probabilidad recurrida por los enjuiciados. Pero en cualquier caso, se trata de una decisión de pura lógica que ya debía haber estado contemplada en la legislación, dada la naturaleza de los delitos que se les imputan, el de rebelión, y sedición, principalmente, realizados por representantes públicos en el desempeño de sus cargos y abusando de sus atribuciones y posición de poder. Un acto de deslealtad institucional y personal que no puede quedar impune ni mantener derechos que permitan reincidir en los delitos cometidos.

Creo sinceramente que el juez Pablo Llarena debería acelerar al máximo el cierre de la Instrucción principal y segregar aquellas partes con menor incidencia y secundarias. Se trata de evitar que los golpistas se sigan aprovechando de las debilidades del procedimiento judicial para pervertir la realidad y mostrarse como víctimas cuando han sido los verdugos de la democracia. Son delincuentes y traidores a España que han intentado de forma indubitable segregar una parte de la nación declarando de forma unilateral y anti democrática la independencia de su autonomía, en lo que solo se puede calificar de golpe de Estado. Esos golpistas, por la torpeza del Gobierno de España y la presión política de partidos como el PSOE, CIUDADANOS , PNV, toda la izquierda nacionalista y la cómplice oposición del comunismo radical más rancio de UNIDOS PODEMOS, han permitido que ahora tengamos un Parlamento autonómico en Cataluña donde los golpistas han conseguido otra vez la mayoría de diputados y el que sus líderes, ya presos, en libertad condicional o huidos, estén en condiciones de formar un Gobierno de la Generalidad teledirigido desde el extranjero por una especie de "Consejo de la República" presidido por el fugitivo Carles Puigdemont.

Dice el Gobierno de España y los del PP, que no lo van a permitir. También dijeron que no iban a permitir la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014 y se realizó. También dijeron que no se celebraría el referéndum inconstitucional del 1 de octubre del 2017, y se celebró. También dijeron que tomarían el control de la Autonomía y dejaron intacta la estructura de los golpistas, incluidos los independentistas incrustados en las fuerzas de Seguridad autonómica, los Mozos de Escuadra. No se puede confiar en quien tantas veces ha incumplido aquello que prometió cumplir. No se puede confiar en quien actúa más mirándose el ombligo de sus intereses partidistas y las consecuencias electorales de sus acciones, que pensando en el interés general de España. No se puede confiar en quien se deja influenciar por la hipocresía de otros partidos que buscan un rédito político, demostrando su nula conciencia nacional, en la que algunos como el PSOE llegan a cuestionarla defendiendo una plurinacionalidad incompatible con la unidad y la solidaridad entre regiones y españoles.

Es lamentable que la defensa de los valores y del Estado de Derecho haya quedado solo en manos de la Justicia, que por otra parte se ve maniatada por sus propias deficiencias estructurales y procedimentales, amén de una legislación con graves lagunas e indefiniciones. Hay una extensa legislación, en un sistema aberrante de taifas autonómicas, pero falta legislación y concreción en lo importante, en lo que debería ser el núcleo legislativo que desarrolla la Constitución de España. Un hecho confirmado por el mismo Tribunal Constitucional que reconoce andar en terreno desconocido e inédito en asuntos como los planteados en el desafío de los golpistas secesionistas catalanes. Y lo normal es ir con prudencia a la hora de dar pasos en una determinada dirección, con el temor adicional de cometer errores cuyas consecuencias no pueden preverse.

Pero es que, ante la falta de una reacción del Ejecutivo y del legislativo, la “patata caliente” está en manos del último pilar de la democracia, el Poder Judicial, y en concreto en los dos más altos Tribunales de España, el Supremo y el Constitucional. Un papel para el que no están preparados ni entra dentro de sus funciones constitucionales. Una situación que deberían hacer patente en sus Autos recriminando a los otros dos poderes del Estado su dejación y su inhibición. Como dice el refranero popular que “cada palo aguante su vela” y "zapatero a tus zapatos”.

¡Que pasen un buen día!


Opine sobre la noticia con Facebook
Opine sobre la noticia
Normas de etiqueta en los comentarios
Desde PERIODISTA DIGITAL les animamos a cumplir las siguientes normas de comportamiento en sus comentarios:
  • Evite los insultos, palabras soeces, alusiones sexuales, vulgaridades o groseras simplificaciones
  • No sea gratuitamente ofensivo y menos aún injurioso.
  • Los comentarios deben ser pertinentes. Respete el tema planteado en el artículo o aquellos otros que surjan de forma natural en el curso del debate.
  • En Internet es habitual utilizar apodos o 'nicks' en lugar del propio nombre, pero usurpar el de otro lector es una práctica inaceptable.
  • No escriba en MAYÚSCULAS. En el lenguaje de Internet se interpretan como gritos y dificultan la lectura.
Cualquier comentario que no se atenga a estas normas podrá ser borrado y cualquier comentarista que las rompa habitualmente podrá ver cortado su acceso a los comentarios de PERIODISTA DIGITAL.

caracteres
Comentarios

Aún no hay Comentarios para este post...

    Sábado, 25 de mayo

    BUSCAR

    Editado por

    • Vicente A. C. M. Vicente A. C. M.

    Hemeroteca

    Abril 2019
    LMXJVSD
    <<  <   >  >>
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930