Un país a la deriva

El pacto de Bruselas.

06.02.18 | 09:03. Archivado en Política Nacional

LA ASAMBLEA DE ELECTOS INDEPENDENTISTAS, EL PRESIDENTE “LEGÍTIMO” Y EL GOVERN EN EL EXILIO.

¿Se acuerdan de aquella patochada que se inventaron los etarras de la Udalbiltza o asamblea de electos de municipios vascos como remedo del Parlamento autonómico? Pues en Cataluña, los golpistas, es decir los partidos nacionalistas que dieron el golpe de Estado, se la apropiaron para crear su Asamblea de cargos electos de Cataluña (AECAT) que formaron la Asamblea de Municipios por la independencia. Esta AECAT se declara como un instrumento útil y define su misión para actuar: “Si se producen situaciones en las que pueda haber una imposibilidad de que los cargos electos ejerzan sus funciones, nuestra obligación es estar preparados para garantizar que la voluntad popular expresada por los catalanes se materialice”. Es decir, se constituyen como una especie de Parlamento paralelo al único que reconoce la Constitución de España, poniéndose claramente fuera de la Ley. Una asociación promovida desde otra independentista radical como es la ANC, cuyo papel decisivo en el golpe de Estado ha quedado perfectamente establecido, estando su principal líder Jordi Sánchez en prisión a la espera de ser enjuiciado.

Pues precisamente es esa Asamblea la que se menciona como instrumento para proclamar como Presidente “legítimo” de la Generalidad al golpista fugitivo de la Justicia de España, Carles Puigdemont. Una propuesta que fue lanzada por el otro golpista, Oriol Junqueras, preso a la espera de ser enjuiciado, como solución aceptable ante la imposibilidad legal de mantener la candidatura de Carles Puigdemont y su investidura tras las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional. Es decir, se propugna la coexistencia de una especie de “Presidencia y Gobierno de la Generalidad simbólicos y en el exilio”, con la del Presidente y Gobierno de la Generalidad que resulten de la investidura de otro candidato alternativo sin condicionantes legales ni lastres jurídicos. Un Gobierno que, al menos Carles Puigdemont, pretende que sea satélite y cumpla fielmente las órdenes y consignas que se emitan desde la sede del Gobierno legítimo desde Bruselas.

Como pueden ustedes deducir es evidente la absoluta irracionalidad de este planteamiento que incide en la desobediencia, en la ilegalidad y en el uso instrumental de las Instituciones del Estado para conseguir sus fines secesionistas en lo que es una continuación del golpe de Estado. Este nuevo desafío debe ser cortado de raíz y la primera actuación debe ser la de ilegalizar esa asamblea de cargos electos y el resto de las entidades fundadas bajo su amparo como es la Asamblea de Municipios por la independencia, que vulnera de forma flagrante la misión de la administración local dándole un rango político que viola derechos de los ciudadanos. Aunque este comportamiento no es exclusivo de los municipios gobernados por fuerzas separatistas, sino que afecta a otras fuerzas que, como pasa en los casos de Barcelona o Madrid, el sectarismo se impone de forma vergonzosa en la política de gobierno, con grave perjuicio para todos los ciudadanos.

No hace ninguna falta tener que justificar la ilegalidad de cualquier acto que emane de esa Asamblea, ya sea la Udalbiltza de Euskal Herría, o esta AECAT en Cataluña. La única legalidad y legitimidad provienen de la que emana de la Constitución, de los Estatutos de autonomía, del Parlamento de España y subsidiariamente de los Parlamentos autonómicos, y todos ellos como expresión de la Soberanía Nacional que reside de forma exclusiva en el conjunto del pueblo español. Es por tanto falso el que se reconozcan legitimidades emanadas de solo unas partes segregadas de ese pueblo español que se proclaman a sí mismos como “pueblos” con derecho a decidir su futuro, como propugnan los partidos nacionalistas independentistas. La sola existencia de esas asambleas es ilegal por atentar contra la esencia de la democracia de España que se establece en la Constitución. Por consiguiente, es exigible que se proceda a su ilegalización.

Los golpistas intentan una vez más burlar al Estado de derecho y ridiculizar al Gobierno de España abusando de la hospitalidad de un país de la UE como es Bélgica, convertido en refugio de terroristas y de prófugos de la Justicia de otros países, cobijados por el estamento judicial y unas leyes permisivas y garantistas que interfieren y cuestionan las leyes de otros países. Carles Puigdemont intenta mantener su esperpento y escenificar su investidura con toda la fanfarria, solemnidad y publicidad mediática imaginables, para dar esa imagen de Gobierno legítimo en el exilio. Para ello no dudará en usar un entorno como el Parlamento de la UE y no la alquilada sala de conferencias del hotel donde se celebra la reunión de los golpistas de JXCAT y ERC que vuelven a ser socios y cómplices en esta farsa. Porque que nadie dude de que el pacto ya está cerrado en lo esencial y solo quedan los flecos de designar quien será el candidato o candidata para sustituir a Puigdemont y ser investido en el Parlamento de Cataluña junto al Gobierno que se le imponga desde ambas formaciones.

Lo más probable es que la semana que viene se produzca esa investidura simbólica y acto seguido, a finales de semana, se realice el pleno de la sesión de investidura exprés en una sola jornada parlamentaria, para que la intervención amparada por el artículo 155 quede derogada en la siguiente semana tras la designación de los nuevos Consejeros y la constitución del nuevo Gobierno de la Generalidad. Ceo que el Gobierno de España ha tenido tiempo más que suficiente par haber promovido la ilegalización de esa AECAT y Asambleas de Municipios y haber evitado la vergüenza de ver, como ya ocurriera con la peregrinación a Bruselas de doscientos alcaldes de municipios con sus varas de mando, escenificar la investidura de un fugitivo golpista que debería estar hace tiempo en prisión y que ese acto se retransmita en directo a toda Cataluña y a todo el mundo a través de una no menos golpista TV3 que sigue emitiendo por culpa de la pasividad y cobardía del Gobierno de España. Otra vergüenza y otra canallada más que sumar a la incompetencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Mi vergüenza como español por la impotencia de no poder ir más allá de la denuncia en este medio de comunicación, está siendo superada por la ira al ver cómo España está siendo destruida por sus enemigos sin que nadie haga nada por evitarlo. Haber permitido la fuga de Carles Puigdemont y sus compinches, ha sido la causa responsable de haber llegado a donde estamos actualmente. Y eso solo tiene un responsable, el Gobierno de España que no ha estado a la altura y siempre ha actuado de forma tímida y apocada, sin determinación ni firmeza, ni siquiera cuando se decidió a aplicar la ley. Esta actitud remisa y dubitativa ha sido aprovechada por quienes tienen todo bien planificado y siempre han ido varios pasos por delante hacia su meta.

¡Que pasen un buen día!


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