Un país a la deriva

Cataluña varada por la marea golpista.

04.02.18 | 10:11. Archivado en Política Nacional

NO EXISTE PROPÓSITO DE ENMIENDA DE LOS GOLPISTAS. EL TC DEBE ACLARAR SI EXISTE LIMBO JURÍDICO O YA CORRE EL PLAZO DE INVESTIDURA FALLIDA.

El Gobierno de España, como Gobierno de la Generalidad en funciones, no debería admitir como normal la situación de bloqueo institucional que se ha instalado en el Parlamento autonómico de Cataluña, que los golpistas se empeñan en reivindicar como Parlamento constituyente de la República proclamada el 27 de octubre. Una proclamación que ante el juez defienden como “simbólica”, pero a la que en todas sus declaraciones públicas dan como formalmente realizada. De ahí su empeño en mantener la candidatura del fugitivo golpista Carles Puigdemont y bloquear la convocatoria del pleno sin fecha, esperando la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de suspensión solicitado por el Gobierno de España. Una repuesta que el mismo TC ha calificado como no urgente y que se puede demorar hasta tres meses. Un tiempo que supera con mucho al que la ley concede para este acto de investidura, dos meses tras el primer intento, que, de no producirse, obligaría a la disolución de Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

El Presidente de la Mesa del Parlamento, Roger Torrent, ha decidido no tener en consideración las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional sobre la candidatura del fugitivo Carles Puigdemont, impidiendo la investidura vía telemática y obligando a que sea presencial, y previo permiso del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que implicaría que primero se presentase ante él para declarar sobre los delitos que se le imputan. No es admisible su negativa a aclarar si permitiría una investidura telemática, ya que ha afirmado que mantiene la candidatura y se ha limitado a aplazar el pleno de investidura hasta obtener la resolución del Tribunal Constitucional, sin haber realizado una ronda de consultas con los partidos que conforman el Parlamento para reclamar una posición formal, no de corrillos de pasillo y declaraciones a los medios de comunicación, sobre lo que implican esas medidas cautelares en el normal desarrollo parlamentario y de formación del nuevo Gobierno de la Generalidad.

Roger Torrent está dando muestras de lo que, por otro lado, resulta evidente y es la determinación de los golpistas en proseguir su hoja de ruta y dar cuerpo a esa declaración institucional, tras quitarse de en medio las medidas de intervención del artículo 155. Esa determinación se corrobora con declaraciones del tipo de “antes ir a elecciones y que el Parlamento elija al Presidente de la Generalidad, que lo hagan 12 jueces o el Gobierno de España”. No hay ningún propósito de enmienda de renunciar a la vía unilateral y parece que finalmente se va imponiendo el radicalismo sobre el pragmatismo. No se quiere evitar el conflicto con el Estado y se quiere mantener el pulso al permitir que las directrices las imponga un fugitivo de la Justicia que en pocos meses será inhabilitado y condenado posteriormente a prisión. Una actitud que debe tener una respuesta rotunda por parte de los partidos que defienden la Constitución como norma fundamental y garantía de la convivencia y de la Unidad de España. Porque si de algo pueden estar seguros los golpistas es que nunca se va a permitir que destruyan esa convivencia ni rompan esa Unidad.

Y no sé cuántas pruebas más necesita este Gobierno ni los partidos que dicen defender la Constitución para actuar contra esos golpistas, que no son otros que los partidos y formaciones que han liderado y apoyado ese golpe fallido de Estado en forma de declaración unilateral de independencia. La democracia española no puede permitir la existencia de partidos que no respetan las reglas ni las leyes que todos nos hemos dado. Esos partidos como ERC, las actuales marcas blancas de Convergencia Democrática JXCAT y PDeCAT y los ultra radicales de la CUP, deben ser ilegalizados por su participación directa en el golpe de Estado en aquél pleno del Parlamento del 27 de octubre, donde sus Diputados de forma anónima votaron la declaración de independencia que dio lugar a la aprobación de las medidas de intervención. Esos partidos con otros representantes y los mismos líderes siguen dispuestos a proseguir con su proceso constituyente, en clara rebeldía y despreciando a esa parte mayoritaria de la sociedad de Cataluña que votó otras opciones políticas que no apuestan por la independencia.

Y esta decisión es tan importante o más que haber consensuado la aprobación de esas medidas de intervención. Se debe mandar un mensaje inequívoco de que no se va a permitir esa actitud de desobediencia, de deslealtad institucional y de rebeldía pervirtiendo una Institución como es un Parlamento autonómico cuya misión es acercar la Administración del Estado a los ciudadanos para optimizar y asegurar la igualdad de derechos y de servicios. Una misión que desgraciadamente no se ha cumplido y solo ha servido para ahondar en las diferencias y crear una fractura social y un sentimiento de insolidaridad. Un sistema autonómico pervertido y corrompido por las ambiciones de unos partidos políticos empeñados en incrementar su poder de influencia y clientelismo político, creando auténticas “baronías” o, mejor decir, satrapías donde se han perpetuado clanes de auténticas mafias de casta política donde la corrupción, el latrocinio, las coimas y la prevaricación han sido la norma. También en aquellas autonomías donde el nacionalismo lleva décadas en su labor de zapa y de avance en sus aspiraciones independentistas, sin que los diferentes Gobiernos de España hayan hecho otra cosa que transigir, mirar para otro lado y permitir la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos no nacionalistas en esas comunidades mientras financiaban sus tropelías y desmanes de gestión desleal y delictiva.

Tampoco en esto parece haber ningún propósito de enmienda, ya que ningún partido político no nacionalista, salvo quizás el irrelevante VOX, tiene por bandera acabar con toda esta basura. Y sin esa convicción no podemos esperar que se solucione este desafío secesionista. España no puede depender del peor o mejor acierto de un Tribunal de Justicia ya sea el Supremo o el Constitucional. La ley está para cumplirse y los tribunales para juzgar los delitos. El legislativo tiene el deber de legislar leyes justas y consensuadas acordes al entorno democrático donde nos encontramos y el Gobierno tiene el deber de gobernar buscando consensos dentro de lo posible, pero aplicando su criterio apoyado en la legitimidad que le han dado las urnas. Un Gobierno no puede escudarse en los tribunales delegando su responsabilidad, aunque su gestión sí que debe estar sujeta a la legalidad y ser cuestionada ante esos tribunales.

Es por todo lo anterior por lo que el Gobierno de España, como Gobierno en funciones de la Generalidad, ante el bloqueo institucional provocado por la Presidencia de la Mesa del Parlamento de Cataluña, debe de hacer una petición al Tribunal Constitucional para que defina su posición sobre la actual situación en la que los Servicios Jurídicos del Parlamento parecen posicionarse sobre la tesis de que no ha habido una investidura fallida, ya que no se ha celebrado ningún pleno y, por consiguiente, no ha comenzado a contabilizar el plazo para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Es decir, estaríamos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de suspensión de la candidatura de Carles Puigdemont, unos tres meses, en una prolongación de las medidas de intervención del 155, pero sin poder tomar decisiones que no sean meramente administrativas. Una situación indeseable que Pedro Sánchez ha definido como “varada” como la de esos barcos que se quedan encallados en la arena durante la marea baja.

Creo urgente que esta situación se defina en uno u otro sentido y salir de este limbo jurídico al que nos ha llevado el empecinamiento de los golpistas en mantener una candidatura imposible de un fugitivo de la justicia como es Carles Puigdemont, que solo goza temporalmente de una representatividad a la que nunca debería haber optado dada la gravedad de los delitos de rebelión y de sedición por los que será enjuiciado próximamente.

¡Que pasen un buen día!


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