Un país a la deriva

Tenso compás de espera.

31.01.18 | 09:48. Archivado en Política Nacional

APLAZAMIENTO HASTA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESUELVA SOBRE EL RECURSO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. LOS MOSSOS NO SON FIABLES PARA MANTENER LA SEGURIDAD.

Ayer mañana Roger Torrent, el Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, militante radical de ERC, no se atrevió a participar en el circo que Carles Puigdemont tenía pensado y salir investido triunfalmente consolidándose como líder indiscutible de un bloque que parece empezar a fracturarse. Entre acatar la resolución del Tribunal Constitucional con las medidas cautelares o mantener la celebración del pleno de investidura desobedeciendo, optó por una solución no menos creativa que la del Tribunal Constitucional y decidió “aplazar sine die” el pleno, pero manteniendo la candidatura de Carles Puigdemont. Una especie de “patada a seguir” hacia delante a la espera de que finalmente el Tribunal Constitucional, tras el plazo de diez días que se concedió para recibir las alegaciones de todas las partes implicadas, resuelva si considera pertinente la admisión a trámite del recurso del Gobierno de España sobre la investidura vía telemática o por persona interpuesta de un fugitivo de la Justicia de España.

Este aplazamiento deja todo en manos del Tribunal Constitucional, cuya decisión es impredecible, aunque la inclusión de las medidas cautelares, algo que ya califiqué de novedoso y “creativo”, podría ser una señal de que la respuesta fuera en el sentido de dar la razón al Gobierno y no aceptar la candidatura del fugado mientras no atienda a los requerimientos del Tribunal Supremo de presentarse a declarar y enfrentarse a los graves delitos que se le imputan. Lo que no se conoce es la fecha en que el Tribunal Constitucional emitirá su resolución, aunque no creo que se prolongue excesivamente y tengamos una respuesta para mediados de febrero. Un tiempo más que suficiente como para que se intensifiquen los contactos entre los golpistas. Porque no olvidemos que los partidos independentistas PDeCAT, ERC y la CUP, son los mismos que en ese pleno indigno del 30 de octubre se declararon en rebeldía en una votación cobarde y anónima para eludir responsabilidades penales. La misma actitud que la tomada por los fugados con Carles Puigdemont a Bélgica.

En lo que discrepo es en considerar que Roger Torrent con esta decisión no está cometiendo una desobediencia a lo exigido por el Tribunal Constitucional. En mi opinión, incurre en desobediencia al mantener como candidato a quien sigue dispuesto a no volver a España a entregarse para declarar ante el juez Pablo Llarena. Al contrario, su idea sigue siendo la de exigir inmunidad jurídica y que se le permita asistir al pleno y ser investido, o bien usar a una persona interpuesta para leer su discurso, o bien aparecer de forma telemática. Roger Torrent desafía al Tribunal Constitucional manteniendo a este fugitivo a sabiendas de que solo podría ser investido si cumple con las exigencias marcadas por el Tribunal. Es absolutamente inaceptable escudarse en el consenso de las fuerzas golpistas que se empecinan en mantener a Carles Puigdemont como único candidato y no presentar a otro alternativo sin los problemas legales de éste.

Porque Roger Torrent para justificar su decisión realizó un discurso plagado de acusaciones injuriosas contra todos, Tribunal Constitucional, Gobierno de España diciendo cosas como que “el Gobierno español, sin hacer caso al Consejo de Estado, comete un fraude de Ley” al afirmar que el recurso lo presenta sin fundamentos jurídicos. O sea que critica al Gobierno de España lo mismo que el hizo cuando desoyó a sus Servicios Jurídicos para no aceptar ni los votos delegados de los fugados ni la investidura telemática. Prosiguió su vomitivo discurso atacando al Tribunal Constitucional por no haber rechazado el recurso aplazando su decisión y haber incluido medidas cautelares que el Gobierno de España no había solicitado, solo para no desacreditar ese fraude de Ley. O sea, acusa al Tribunal Constitucional de prevaricar al imponer esas medidas cautelares. Acusa al Gobierno y al TC de “pretender vulnerar el derecho de millones de catalanes que se expresaron el 21 de diciembre en las urnas y que eso no lo van a permitir”. Una amenaza explicita inaceptable. No está dispuesto a que ni el Gobierno de España (aludiendo a la vicepresidenta Soraya Sáenz), ni el TC, interfieran en el Parlamento ni decidirán quién tiene que ser el Presidente del Generalidad. Se reafirma en que Carles Puigdemont es el candidato que ha elegido la mayoría parlamentaria y que mientras eso no cambie, seguirá siendo el candidato propuesto para ser investido.

Y no solo eso, prosiguió su soflama refiriéndose a Carles Puigdemont como “El Presidente”, cuando es plenamente consciente de que fue cesado, llamado a declarar imputado por graves delitos y se encuentra prófugo de la Justicia. Una situación anómala a la que Roger Torrent quiso de forma personal dar relieve de oficialidad cuando se trasladó a Bélgica para reunirse con el fugitivo, comunicarle su elección como candidato y acordar con él el modo en que se produciría la investidura. Porque Roger Torrent como Presidente de la Mesa del Parlamento tiene la responsabilidad de proponer al candidato, pero también la de hacer ver las dificultades y la no idoneidad de quien está inmerso en una situación. No lleva a ningún sitio mantener esa candidatura, ni forzar un bloqueo institucional donde el Gobierno de España mantendrá su intervención hasta que se forme un nuevo Gobierno de la Generalidad. Se debería imponer la sensatez y el pragmatismo y asumir que por la vía de la unilateralidad que defiende Carles Puigdemont su único resultado es la inhabilitación y la cárcel.

Lo que no faltó ayer fue la nueva muestra de la merecida desconfianza en los Mossos a la hora de cumplir con su misión de defender la seguridad de los parlamentarios, sobre todo los que fueron acosados y atacados por una jauría humana lanzada por la ANC y OMNIUM manifestándose de forma nada pacífica y consiguiendo vencer el cordón policial y plantarse dentro del recinto del Parlamento de Cataluña, amenazando con una acampada. Un bochornoso espectáculo al ver cómo los Diputados de CIUDADANOS eran insultados agredidos y hubieron de salir escoltados para protegerles de la masa de fanáticos independentistas, una verdadera chusma desatada ariete de unas asociaciones que hace tiempo deberían estar ilegalizada y que incomprensiblemente siguen activas como sostén del proceso independentista. El cambio de responsable en los Mossos no parece haber mejorado una actitud de falta de convicción en cuanto a su misión y fidelidad, donde una parte importante de agentes se declara o actúa de modo favorable al proceso independentista.

Pero el que esa actitud se mantenga ahora depende del Ministro de Interior como responsable máximo mientras permanezcan las medidas de intervención. El Sr. Zoido debe responder del fracaso del operativo dispuesto que se evidenció como insuficiente al no cumplir con la misión encomendada de la defensa de la integridad física de los Diputados. Y eso que el pleno fue aplazado. No sabemos qué hubiera pasado si se hubiera celebrado y esa masa hubiera celebrado la investidura del delincuente Puigdemont.

¡Que pasen un buen día!


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