Un país a la deriva

Puturrú de foie jurídico.

23.01.18 | 10:17. Archivado en Política Nacional

DELEGACIÓN DEL VOTO POR INCAPACIDAD O CÓMO PERVERTIR LA INTENCIONALIDAD DEL LEGISLADOR.


Para comprender todo este “pollo” que hay montado judicialmente en relación con Cataluña, lo primero que hay que hacer es apartar la lógica y el sentido común y admitir un nuevo plano de pensamiento irracional, o mejor decir de la elucubración sobre otras esferas del razonamiento. Un nuevo mundo que se rige por sus propias leyes universales. Solo así podemos adentrarnos sin caer en lo absurdo en estos debates kafkianos de supuestos conflictos entre derechos fundamentales. Y es que el problema que se ha planteado y que tiene en vilo y sorprendida a toda España es precisamente comprobar que tras un enrevesado camino lleno de obstáculos e incertidumbres donde hemos empeñado todos nuestros esfuerzos, en vez de llegar a nuestro destino previsto, volvemos inexplicablemente al punto de partida donde comenzamos nuestra andadura en una especie de burla del destino o venganza de “los dioses” por nuestro orgullo.

Y lo primero que hay que analizar es el papel que en todo esto ha desempeñado el Gobierno de España, que a la vista está que no ha sabido estar a la altura del reto al que se enfrentaba. Y aquí podríamos entrar en discutir si ese comportamiento ha sido causado solo por la personalidad abúlica y pusilánime del máximo responsable, Mariano Rajoy, o de su equipo de Gobierno plagado de incompetentes plegados a su liderazgo, o de esos “avispados” asesores y gurús de cámara cuya perspicacia, análisis de la situación y augurios han sido un cúmulo de errores y desaciertos propios de lo que son: farsantes y charlatanes de feria. Porque la primera regla para tomar una decisión es la de analizar hasta la extenuación las consecuencias de ese movimiento. Es como en una partida de ajedrez donde un simple error nos puede llevar al fracaso. Pues eso es precisamente lo que este Gobierno no ha hecho, ha actuado de forma precipitada e irreflexiva, despreciando la sensatez y aquella máxima de mantener la calma y la prudencia. Aquello del “vísteme despacio que tengo prisa”.

Nada de lo que ha pasado en estos últimos seis meses tiene sentido si se mira desde la perspectiva de lo que es el Estado de Derecho. Y lo que sí que se ha demostrado es que éste no está preparado para enfrentarse al desafío que el secesionismo le ha planteado de forma abrupta. Y un Estado que es incapaz de defenderse está condenado a su desaparición. Y aquí la única arma que dispone el Estado es la Ley, en el caso de España la Constitución de 1978. Y lo primero que hace aguas es precisamente la falta de firmeza en la definición de conceptos esenciales en la propia constitución del Estado, lo que denota la debilidad del compromiso en el proyecto común y la imposición de excepcionalidades que contradicen el espíritu de Unidad, igualdad y de solidaridad. Un texto que se contradice a sí mismo y que define al pueblo español a la vez que admite la existencia de nacionalidades. Un engendro que santifica la desigualdad al reconocer “comunidades históricas y derechos forales”, frente a un sistema autonómico basado en un concepto trasnochado de antiguos reinos reagrupados o diferenciados de forma totalmente absurda e irracional sin base alguna de coincidencias socio culturales.

Una debilidad que se ha evidenciado en uno de sus artículos, el 155, una cosa ambigua y arcana convertido en ariete contra aquellos que han desafiado el orden constitucional. O en la incongruencia y contradicción entre lo que dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y lo que dice el artículo 71 en sus apartados 2 y 3:
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un aforamiento que en vez de aplicarse de forma excepcional se lleva a la universalidad en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial a todos sus miembros.

O lo que dice taxativamente el artículo 145 en su apartado 1 “En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”. Mientras que esa posibilidad se incluye en la disposición transitoria 4 respecto a la integración entre las Comunidades de El País Vasco y Navarra. Además, se permiten partidos políticos que en sus programas contemplan la federación de autonomías en la creación de unos llamados Países Catalanes y que intentan conseguir la independencia de sus territorios usando las Instituciones del Estado y los fondos públicos para sus fines secesionistas, no dudando en desobedecer en franca rebeldía, violar la Constitución y los derechos de los españoles en su comunidad autónoma.

Pero es en el artículo 23 relativo al derecho de participación en asuntos públicos donde dice que:
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes
”.

Un derecho que solo puede ser suspendido por Ley cuando exista una condena en firme que contemple la “inhabilitación”. Y es precisamente ese el verdadero quid de la cuestión por la que ahora nos encontramos en este laberinto de conflicto de derechos. Un espacio pantanoso difícil de sortear mediante argumentos jurídicos que, como los esgrimidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, podrían interpretarse como discrecionales y sin base. La simple percepción subjetiva no puede ser motivo para suspender unos derechos que la Ley contempla hacerlo solo en el caso de sentencias firmes de inhabilitación temporal. Nada debe impedir a un Diputado electo ejercer su cargo, ni se justifica la permanencia en prisión provisional por simples sospechas de reincidencia en la comisión de delitos. Al fin y la cabo, al tomar posesión de su Acta de Diputado formalmente han acatado el cumplimiento de la Ley. De no hacerlo, existen medios para denunciarlo y exigir responsabilidades penales.

Lo que no es admisible es hacer distinción entre presos o fugados, cuya diferencia estriba en que estos últimos no han comparecido ante el juez a declarar por los delitos que se les imputa. De hecho, aquellos que se presentaron y fueron liberados, y que se pudieron presentar a las elecciones y fueron elegidos como Diputados, ejercen sin problemas sus funciones sin ningún tipo de restricciones, ni tener que delegar el voto acogiéndose a una interpretación irracional del Reglamento del Parlamento autonómico en cuanto a lo que se considera “incapacidad prolongada”. Algo que el legislador interpretaba dentro del ámbito estricto de la salud personal y no de la privación de libertad por estar preventivamente en prisión o en arresto domiciliario. Desde luego que el estar preso es altamente incapacitante para la libertad de movimientos, sobre todo si el juez Instructor no permite salir de prisión por considerar un riesgo de reincidencia en el delito. Lástima que esa doctrina no se aplique siempre en el caso de violadores, pederastas y asesinos en serie o se cuestione lo de las penas de prisión permanente revisable.

La culpa del Gobierno es haber actuado de modo precipitado, sin reflexión alguna y sin evaluar las consecuencias de optar por retornar a una normalidad imposible sin haber resuelto el tema de fondo ni dejar pasar un tiempo prudencial para neutralizar a los responsables del golpe de Estado dejando a la Justicia emitir las sentencias y hacerlas firmes. Se habrían evitado muchos problemas y no estaríamos de nuevo en el punto de partida. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no parece augurarse nada bueno ni para la democracia ni para España.

¡Que pasen un buen día!


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