Un país a la deriva

Ni los unos ni los otros. ¿De verdad nos merecemos esto?

20.01.18 | 10:26. Archivado en Política Nacional

EL GOBIERNO ADMITE SU INCAPACIDAD PARA PARAR LA INVESTIDURA TELEMÁTICA DE CARLES PUIGDEMONT.

Este Gobierno de MariAno Rajoy empieza a dar signos de lo que ya todos sabíamos, su absoluta incapacidad para hacer cumplir la Ley y además excusarse en los procedimientos para eludir su responsabilidad. Tras anunciar de forma vehemente que jamás permitiría la investidura telemática de ningún candidato, ahora se descuelga con que quizás no pueda impedirlo al no poder actuar antes de que se consume el acto y para cuando pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, Carles Puigdemont haya sido investido Presidente en el Parlamento. Es decir, reconoce su incapacidad real de hacer cumplir la Ley y, lo que es peor, no estudia ni prevé otro tipo de medidas previas como impugnar la sesión cuando la Mesa del Parlamento decida admitir esa vía telemática o el voto delegado de los prófugos de la Justicia. Porque la primera decisión es la que va a tener que adoptar la Mesa del Parlamento presidida por el radical extremista de ERC Roger Torrent y los componentes independentistas a la hora de imponer su criterio, contrario al de los Servicios Jurídicos, y permitir que el candidato fugitivo Carles Puigdemont aparezca de alguna forma de forma telemática, o delegue el discurso y el debate a otro Diputado. Un fraude de Ley inaceptable en un Estado de Derecho y que el Gobierno de España, como tal y como Gobierno de la Generalidad en funciones tiene el deber de impedirlo. La denuncia debe ser contra los componentes de la Mesa y anular esa convocatoria de pleno en los términos en que intentan hacerlo.

El Gobierno del PP se ha confundido gravemente de enemigo. Ha centrado todo su esfuerzo en denigrar y atacar a CIUDADANOS y dar cancha a los golpistas invitándoles a participar en la campaña electoral y presentarse a las elecciones autonómicas, aprovechando el vacío legal de que tenían intactos sus derechos constitucionales al sufragio pasivo, al no existir una condena en firme de inhabilitación, ni sanción económica por la malversación de fondos públicos, ni de prisión por los graves delitos de rebelión y sedición en todo los hechos que condujeron al golpe de Estado con la declaración unilateral de independencia. Una aberración jurídica que ha permitido que casi la totalidad de los encausados se presenten en las listas, hayan sido elegidos en la votación del 21 de diciembre y hayan podido acceder al Acta de Diputado. Y como en el caso del fugitivo Carles Puigdemont, vaya a ser presentado como candidato a la investidura como Presidente de la Generalidad, a pesar de que pende sobre él una orden de detención y puesta a disposición judicial en todo el territorio español. Motivo por el que este delincuente decidió exiliarse a un país refugio donde la ley es mucho más garantista y cuestiona de forma obscena el derecho de otros países.

El Gobierno de Mariano Rajoy y el PP han querido centrar sus ataques en quienes consideran competidores en el nicho de votos del supuesto centro derecha. Y esa actitud beligerante les ha costado pasar a ser una fuerza residual en Cataluña, culpando a CIUDADANOS de su fracaso y censurando el que no les permitan tener su propio Grupo parlamentario. Una actitud de cinismo supremo que solo intenta falsear la auténtica imagen de fracaso electoral y su ostracismo obligado en el Grupo mixto junto a los radicales de izquierda de la CUP, con los que deberán compartir tiempo en el estrado. Y es que los españoles se han dado cuenta del doble discurso y de la hipocresía y falta de ética que supone un discurso de apaciguamiento, como el vergonzoso espectáculo dado por la VicePresidenta Soraya Sáenz, en su comisión de servicio en Cataluña durante casi un mes, con despacho incluido, en aquellas reuniones con el “moderado” Oriol Junqueras, señalado como alternativa al más radicalizado Puigdemont. Una misión cuyos resultados fueron el fracaso mas absoluto y la aceleración del proceso separatista en el mes de septiembre que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración de independencia de finales de octubre y la aprobación de las medidas de intervención tan precipitadas y limitadas que han llevado a este nuevo fracaso. Y es que aquí Mariano Rajoy cumple aquello de ir de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Eso sí, con el aplauso de sus eternos “agradaores” que le siguen vitoreando con eso de “¡has estado cumbre, presidente!” ¡Valientes mamarrachos que solo saben vivir de la mamandurria pública!

Hay quienes dicen que Carles Puigdemont se parece a los protagonistas de la película “Los otros”, que no saben que los muertos son ellos y ven como fantasmas e intrusos a los vivos. Nada más lejos de la realidad. Carles Puigdemont lleva meses fugado burlándose de España, del Gobierno y del Estado de Derecho, gracias a una Justicia belga a la que en algún momento sus ciudadanos le reprocharán haber contribuido a que Bélgica sea el reducto de criminales y terroristas por ser tan permisiva y garantista y creerse moralmente por encima de la Justicia de otros países como España. Y es que un socio así no es de fiar y la UE debería imponer orden a la hora de tratar de forma homogénea asuntos tan sensibles como el de una euroorden de detención contra delincuentes y prófugos de la Justicia de un país miembro. Simplemente, Carles Puigdemont se aprovecha de esa “hospitalidad” y sobreprotección belga para huir de la Justicia y exigir inmunidad para regresar a España y ejercer de nuevo para seguir en su plan secesionista. ¡Hace falta desfachatez!

Y el matiz viene de que el mensaje del Gobierno de España ya no dice que “no se permitirá que Carles Puigdemont sea investido de forma telemática” sino que “Nunca Carles Puigdemont será Presidente”. Ninguna de las dos afirmaciones ya es creíble, no al menos mientras no se pase de las palabras a las acciones y se den garantías de que el Estado de Derecho no volverá a permitir una burla, un fraude de Ley, ni comportamientos de desobediencia por parte de cargos públicos electos. Si la opinión de nos Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña no se considera vinculante, sí debe serlo preceptos como el de la lealtad institucional y la obediencia de las sentencias y Autos judiciales, como por ejemplo el de no admitir el voto delegado de los cinco prófugos de la Justicia, de los que al menos dos de ellos, los de Junts per Cataluñya lo han solicitado en contra del Auto del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo que expresamente lo prohíbe.

Como dije ayer, si el Gobierno solo piensa actuar ante hechos consumados, estará incumpliendo con su responsabilidad de hacer cumplir la Ley y las sentencias judiciales. Lo mismo que disolvió el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones, puede hacerlo en virtud del artículo 155 por desobediencia. Esta legislatura no puede iniciarse con una ilegalidad manifiesta y hay que recordar que la Autonomía sigue intervenida hasta que se forme un nuevo Gobierno de la Generalidad, pero siempre que se realice dentro de la legalidad y no usando falsos debates, falsas comparecencias y candidatos fantasmas ausentes del hemiciclo, que piensan gobernar en el exilio voluntario por cobardía manifiesta al haber optado por huir de la Justicia para no asumir sus responsabilidades judiciales.

Mariano Rajoy y su Gobierno deben decidir si asumen su responsabilidad o reconocen su incapacidad para esa misión ineludible y renuncian a seguir. No es admisible un nuevo fracaso y ver cómo los golpistas enemigos de España vuelven a salir impunes de sus fechorías burlándose de la Justicia y de todos los españoles. Un Gobierno que es reticente a la hora de gobernar, no merece estar al mando. Y es verdad que haber llegado a esta situación no es solo culpa de los que no se esconden a la hora de luchar por sus objetivos independentistas, sino también de aquellos que por acción u omisión lo han permitido. Y en este caso tanto PSOE como CIUDADANOS deberán hacer una reflexión de su actitud exigente y escrupulosa en las exigencias al Gobierno de España para dar su limitado y condicionado apoyo a las medidas de intervención de la autonomía y la precipitación en la convocatoria de unas elecciones autonómicas claramente desaconsejables en una situación de alta crispación y fragmentación social.

No me vale, ni es creíble el discurso del Gobierno de España porque ya ha dado muestras suficientes de que no puede cumplir con aquello que promete. Tampoco me interesa para nada el futuro político de Mariano Rajoy en el PP. Bastante tienen con salir airosos de los asuntos de corrupción que ya son de auténtico escándalo. Creo que dos legislaturas en el Gobierno es tiempo más que suficiente, aunque está por ver que llegue a completar esta última.

¡Que pasen un buen día!


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