Un país a la deriva

Comienzo de las hostitlidades

17.01.18 | 08:14. Archivado en Política Nacional

VOLVEMOS A DONDE ESTÁBAMOS Y CON LA MISMA GENTE. ¿Y AHORA QUÉ MARIANO?


Como era de esperar, el pacto entre los golpistas estaba cantado y ya estamos acostumbrados a esta burda escenificación de hacerlo en el último minuto. De hecho, Marta Rovira ya se desplazó sumisamente hasta Bruselas para entrevistarse con el fugitivo Carles Puigdemont y cerrar el acuerdo, en un reconocimiento del liderazgo de este sujeto sobre el que llaman “rehén” del Estado español, el resignado Oriol Junqueras convertido en predicador epistolar desde su celda en la cárcel de Estremera. El pacto consta de dos puntos iniciales, el primero reconocer como candidato único e indiscutible del independentismo al fugitivo Carles Puigdemont y forzar su investidura vía telemática desoyendo el informe no vinculante de los Servicios Jurídicos del Parlamento. El segundo, proponer como candidato a la Presidencia del Parlamento de Cataluña al radical de ERC Roger Torrent, alguien cuyos antecedentes igualan o superan a su antecesora en el cargo Carme Forcadell y que está dispuesto, como ella, a protagonizar otro lamentable espectáculo con las mismas consecuencias ya anunciadas.

El caso es que para que ese pacto sea posible y se consume este nuevo asalto al poder de los golpistas, era imprescindible la colaboración de la coalición En Comú – Podem liderada por Xavier Domenech con sus decisivos 8 diputados. Y eso es así ante la duda de si la Mesa de Edad del Parlamento que presidirá la sesión inicialmente y se compone de tres diputados de ERC, permitirá la delegación de voto ignorando el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento, como el juez Pablo Llarena ha negado para los fugados y permitido para los de los presos, aunque ello no sería posible sin reformar el Reglamento. De permitir esa delegación de voto, estaríamos ante la primera desobediencia que debería ser impugnada. Y es que esa delegación de voto haría innecesaria la anunciada abstención de los Comunes al conseguir el bloque independentista la mayoría absoluta con 70 votos. Sin embargo, de no decidir aceptar esa delegación, entonces sí que la abstención de los Comunes resulta crucial para que prosperen las propuestas al producirse 62 votos a favor, 57 en contra y 8 abstenciones, contando con las 8 ausencias de los encausados presos o fugados.

Es así que lo que se va a producir en la jornada de hoy es el final trágico de un drama que comenzó cuando Mariano Rajoy decidió, de modo personal o con su equipo, convocar sorpresivamente las elecciones autonómicas como primera medida de Gobierno en funciones de la Generalidad. Una decisión que algunos equiparamos con participar en el macabro juego de la ruleta rusa y que hoy termina con el suicidio voluntario del Estado de Derecho en Cataluña al haber permitido que los golpistas retomen el poder de forma legal y sin haber pagado por el golpe de Estado que ocasionó su encausamiento por rebelión y sedición, incluso algunos como el futuro candidato a Presiente de la Generalidad, fugado de la Justicia y burlándose del Gobierno de España desde su seguro refugio en un país socio de una UE incapaz de dar una respuesta homogénea y común a temas jurídicos.

Porque esta sesión de constitución del Parlamento de esta atípica nueva legislatura en Cataluña carece de elementos que puedan sorprender en algo que ya está pactado de antemano. Quizás la única incógnita sea esa decisión de la Mesa de edad respecto al espinoso asunto de la delegación del voto, que ya saben que el actual Reglamento solo contempla en tres excepciones que no incluyen la de la ausencia voluntaria por muy exilio que le llamen, o involuntaria por estar preso y no permitírselo el juez. Pero puede que esa Mesa, por muy radicales independentistas que sean sus tres componentes, vaya a querer tener ese minuto de gloria televisada y arriesgarse a ser encausados y metidos en le saco de los golpistas. Pero es que esa acción es innecesaria por la posición colaboracionista de los Comunes dispuestos a ser los cómplices útiles para lanzar este nuevo órdago al Estado de Derecho.

Lo verdaderamente dramático de todo esto es el vergonzoso espectáculo que España está dando al mundo, sobre todo a nuestros socios de la UE que, sorprendentemente, siguen apoyando a este Gobierno y renegando del movimiento independentista, al menos de forma oficial. Sin embargo, todo tiene un límite y es seguro que se van a exigir medidas mucho más contundentes para controlar esta situación. Carles Puigedmont es el símbolo de un fracaso del Estado de Derecho que se ve desprestigiado en cada comparecencia, en cada declaración a los medios de este sujeto que hace tiempo que debería haber estado frente al juez y llevado a prisión para ser juzgado y condenado por sus delitos de rebelión y sedición. Y es verdad que no solo ha sido culpa del Gobierno de España haber permitido esa fuga, sino la complicidad de una Justicia de un país socio de la UE que se excede en su sobre proteccionismo de los terroristas y delincuentes, creando en su país un refugio seguro y una amenaza para el resto de países.

Dice Mariano Rajoy que las medidas de intervención bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución seguirán en vigor si se pretende investir por vía telemática y no presencial al fugitivo Carles Puigdemont. Eso de hecho forzaría a presentar otro candidato antes de agotar al plazo de dos meses antes de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones autonómicas. Es decir, estaríamos de nuevo girando el tambor de esa pistola cargada y tentar la suerte de provocar otro suicidio. Una situación kafkiana en bucle interminable e indeseable para todos. Y es que la alternativa es mantener la intervención durante el tiempo necesario para abrir mesas de diálogo político donde los partidos independentistas deban decidir entre situarse fuera de la ley, como hasta ahora y ser ilegalizados por atentar contra la democracia, o que renieguen del camino unilateral y se sometan al juego democrático que ampara la Constitución de España. Lo que no parece lógico es entrar en este interminable despropósito de elecciones encadenadas.

Tampoco parece muy sensato el que los que busquen la solución a este conflicto sean los mismos que siguen empecinados en sus posturas radicales de imponer sus pretensiones golpistas. Esos actores deben ser juzgados y condenados en su caso y apartados de la vida política española y del debate democrático al que han demostrado despreciar. Y algo anda mal en la ley cuando se ha permitido que semejantes elementos puedan seguir impunemente ejerciendo por simples deficiencias procedimentales que enlentecen la labor de la Justicia y la convierten en ineficaz. Es como si un pederasta pudiera presentarse a docente y reclamase el ejercicio de su puesto de trabajo mientras espera a ser juzgado y condenado por las denuncias de abusos que le llevaron a prisión preventiva. Los golpistas son violadores de la Constitución y de los derechos de los españoles y han podido presentarse y ser elegidos y ahora reclaman ejercer para seguir violando. ¿Cabe mayor despropósito?

Hoy comienza el nuevo desafío secesionista encabezado por los mismos golpistas que vuelven a contar con la mayoría de escaños en un Parlamento que ya se declaró en rebeldía y en desobediencia a las sentencias de los Tribunales de España. Un Candidato que ha jurado o prometido su cargo de Diputado con la apostilla batasuna de “por imperativo legal” y que declara su lealtad solo al pueblo de Cataluña. Y algo está mal en los procedimientos cuando se admite como válida esta fórmula para acceder al Acta. Eso no es democracia, es estupidez.

¡Que pasen un buen día!


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