Un país a la deriva

La ruleta rusa está girando (6)

13.01.18 | 08:34. Archivado en Política Nacional

METIDOS DE LLENO EN DISQUISICIONES JURÍDICAS: DELEGACIÓN DEL VOTO. SI HUBO REPARTO DE PAPELES ENTRE FUGADOS Y PRESENTADOS, YA SABEMOS A QUIENES LES TOCÓ EL DE PANOLIS.

Otra cosa no pero el “pollo” que ha montado otra vez Carles Puigdemont con su investidura telemática es de campeonato. Y es que no hay nada como plantear un tema absurdo como para que todos se lancen a opinar que si podencos o galgos. Y no hay nada que cause más debate que los vacíos legales y la discrecionalidad a la hora de reconocer derechos constitucionales a quienes se encuentran en el limbo legal de estar encausados en una interminable Instrucción, e incluso privados de libertad, como es el caso de los exconsejeros del exGobierno de la Generalidad cesados en virtud de las medidas de intervención del artículo 155 de la Constitución, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene en prisión. Porque la primera incongruencia en esta causa, que contempla graves delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es que los encausados, mientras no fueran inhabilitados en sentencia firme, pudieran mantener intactos sus derechos constitucionales al sufragio pasivo, hayan podido figurar en listas electorales en puestos de relevancia para asegurar su reelección como diputados y haber sido elegidos y tomado posesión de sus Actas de Diputado. Una aberración que permite ahora que los mismos encausados puedan, en teoría, volver a sus puestos de responsabilidad y formar parte del futuro Gobierno de la Generalidad con toda las garantías legales y la legitimidad de unas urnas. Los mismos cargos de los que fueron cesados, denunciados y detenidos por haber dado el golpe de Estado.

Una incongruencia que el juez Pablo Llarena, en mi opinión de forma bastante discutible e infundada en derecho, ha querido delimitar en el caso de aquellos encausados que mantiene en prisión. El asunto es que les niega el ejercicio libre de su cargo de representación impidiéndoles la asistencia a los plenos del nuevo Parlamento. En su lugar, sugiere a la Mesa del Parlamento que estudie la forma en que estos encausados puedan delegar el voto en otro diputado, algo que no está contemplado en el actual Reglamento, al igual que tampoco lo está lo de la presencia virtual telemática para la investidura. Porque hay que partir de la base de que hoy por hoy, también existe la incongruencia de que los escaños se reparten por orden correlativo de las listas de las candidaturas que presentaron los partidos y formaciones políticas en las elecciones y que figuran en las papeletas que los votantes depositaron en las urnas. Como ya saben, esas listas son cerradas y esa prelación de orden es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos. Por otro lado, las Actas de Diputado son personales e intransferibles contemplándose solo la renuncia como paso a que “corra la lista” y la obtenga el siguiente correlativo en la lista.

El Parlamento ya sea el de España como cualquiera de los de las diecisiete autonomías, es el foro donde se legisla y se debaten las ideas y propuestas para la gobernabilidad de la nación o de la región autónoma. No es en ningún caso ni una asamblea de socios accionistas de una Sociedad Anónima, ni una reunión de vecinos, donde es práctica común la delegación de voto y presentarlos como avales a la hora de las votaciones asamblearias. Un Diputado debe ejercer su cargo de forma honesta e independiente y teniendo en cuenta que representa a todos los ciudadanos, sean o no de su circunscripción y no solo a los que le votaron. Una realidad democrática que la mayoría suele despreciar, llegándose a la perversidad de lo que se conoce como “disciplina de voto”, o lo que no es sino la expresión de la supeditación personal a los intereses del partido y no a los generales de los ciudadanos. El caso es que el voto es indelegable y los plenos se constituyen con los Diputados presentes y con las condiciones que los Reglamentos establezcan en cuanto al mínimo de asistencia necesario. Negar la asistencia, como hace el juez Pablo Llarena, es negar el derecho a participar en las mismas condiciones que el resto de los Diputados electos. Sugerir que se acepte la delegación de voto, es pervertir lo que es la esencia de la democracia, el debate y el posicionamiento ante el tema planteado. Y ya sé que todo esto es utópico, que no estamos en una democracia idílica y que estas miserias de la hegemonía de los partidos, desvirtúa y descalifica al sistema, pero también se sabe que mal de muchos, consuelo de tontos, y esta democracia en España no se diferencia mucho de las homologables de nuestro entorno geopolítico. Hay mucho que mejorar, pero falta voluntad real para hacerlo, sobre todo por los partidos políticos que así controlan el cotarro y favorecen sus intereses.

Solo faltaba que un juez del Tribunal Supremo abra el melón de la delegación del voto y permitir que a los partidos y grupos parlamentarios, o al mismo Gobierno de España o Autonómicos les baste con una asistencia de compromiso llena de avales de votos delegados, como si fueran un cheque en blanco para cualquier cosa que se debata en el pleno. De aquí a la teleasistencia virtual y el voto por medios telemáticos de dudosa fiabilidad hay solo un paso. Eso sí, nos ahorraríamos en dietas de desplazamiento y en viajes. Podríamos estar en el esperpento de que el número de asistentes presenciales fuese ridículamente inferior al de votos emitidos. Estaríamos en el escenario en que un Diputado podría votar por él mismo y por los Diputados con los votos delegados que acreditase. Eso exigiría una votación diferente de la normal de pulsar un botón de SI, NO o ABSTENCiÖN, ya que la Mesa debería validar los mismos en cada votación. Un procedimiento que entorpecería de forma notable el desarrollo de los plenos alargándolos de forma tediosa. Supongo que existen además otros inconvenientes que ahora no es el momento de entrar en el detalle. Y eso quiere el juez Pablo Llarena que se articule antes del 17 de enero, solo porque anda enredado en su disquisición de limitar unos derechos constitucionales incuestionables en el momento procesal actual. Otra cosa es que la ley procesal sea tan pazguata que permita esta aberración en casos como éste donde el tema de la representatividad y responsabilidad de los cargos electos se ve afectada por comportamientos delictivos que atentan contra la propia democracia. Claro que esto no anda muy lejos de la idea de la "República en la nube" con todas las estructuras de Estado en la red. Ya tenemos la moneda virtual el Bitcoin, podemos tener igualmente un Estado virtual, como el que existe en Letonia bastante desarrollado y del que Carles Puigdemont quiere tomar ejemplo. El sueño de cualquier defraudador avispado.

No hay duda de que Carles Puigdemont ha demostrado saber muy bien lo que se hace y aprovechar los vacíos legales y las facilidades de algunos países de la UE como Bélgica, para haber elegido el papel que teóricamente pactó con el resto de su ex Gobierno de la Generalidad en el reparto equilibrado de riesgos a la hora de enfrentarse a la Justicia que, a través de la Fiscalía, tuvo el detalle de avisarles con tiempo de sus futuros movimientos de denunciar por unos delitos que conllevaban posibles penas de prisión provisional por la gravedad de los delitos imputados, como así sucedió. Carles Puigdemont eligió el papel de Presidente legítimo del Gobierno de la Generalidad en el exilio, el de mártir de la represión del anti democrático Estado español usurpador de Instituciones democráticas y de la perseverancia en la proclamación de la República. El discurso victimista de siempre envuelto en la bandera estelada y con una euroorden de detención y extradición amenazante que pronto supo sortear y que finalmente hubo de ser retirada. Y aquí ya se ha visto qué papel les tocó a Oriol Junqueras y al resto de exconsejeros: el de pagafantas, panolis o palomos. Porque hay que ser muy sufrido y comprometido con la causa para soportar los largos tres meses de prisión, mientras sabían de la vida de lujo, comidas y promoción mediática de héroe nacional que llevaban Carles Puigdemont y el resto de los fugitivos en Bélgica, con visitas de apoyo y pleitesía de diferentes grupos sociales, alcaldes y partidos políticos a quien no dudó en rebelarse contra su propio partido e imponer una nueva formación y su propia lista electoral, la finalmente triunfante en el bloque independentista.

Sí, panoli es lo más suave que se me ocurre para calificar a estos compromisarios que han llegado al extremo de dar la cara y ser relegados a la inanidad política más absoluta mientras el fugitivo Carles Puigdemont impone condiciones desde su refugio seguro, pidiendo que todos se adapten a sus deseos de ser investido por vía telemática, en holograma, que otro lea su discurso de investidura y escenificar en Bruselas la constitución de su Gobierno. No solo incumple sin rubor su promesa de volver a Cataluña si era el ganador para ser investido por el miedo a ser detenido, sino que se atreve a exigir que todo y todos se acomoden a su necesidades despreciando cualquier traba legal y lo insólito e irracional de su propuesta, que ya sabe que nunca podrá ser aceptada, ni por el resto de parridos, ni por el Gobierno de España en lo que sería una burla de la Ley en quien se encuentra en situación de fugitivo de la Justicia.

Pero todo lo anterior no sería posible si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, porque la prudencia exigía no dar pistas a los golpistas de las intenciones y haber tomado medidas para evitar esa fuga masiva y rocambolesca. Y eso me recuerda otros casos de “chivatazos” oportunos que perseguía oscuras intenciones en una especie de guerra sucia donde se apretaba, pero no se ahogaba al enemigo, aquello de la política de la zanahoria y del palo. Lo que se llaman cloacas del Estado en toda su suciedad y podredumbre. No sé por qué me barrunto que en este caso de rebelión ha existido una indisimulada intención de aplicar esa política, incluyendo una especie de amnistía mediante indultos, siempre que los golpistas se avinieran a someterse a la legalidad vigente y abandonasen la de vía de la unilateralidad. El que ahora estén esos golpistas en disposición de volver a formar el Gobierno de la Generalidad, es una prueba de esa intencionalidad al no haber tomado medidas legales para evitarlo. Y ahora debe ser muy a su pesar el juez Pablo Llarena el que resuelva el entuerto, y al hacerlo cae en graves contradiciones a la hora de evaluar derechos.

¡Que pasen un buen día!


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