Un país a la deriva

La ruleta rusa está girando (4)

11.01.18 | 08:46. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO CONTRA EL 155. EL VIDEO PLASTA DE PUIGDEMONT QUIERE IMPONER SU INVESTIDURA VIRTUAL.

Sin duda la noticia de ayer fue la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por PODEM y por el Parlamento de Cataluña contra las medidas de intervención aprobadas por el Senado a petición del Gobierno de España. Dice el TC que la admisión no supone posicionarse sobre el fondo de la cuestión recurrida y que no implica ninguna medida cautelar de suspensión. Prevé que la sentencia sobre el fondo de la cuestión se produzca a finales de este año. Es decir, a falta de una interpretación rigurosa y fundamentada sobre si debe ser el Tribunal Constitucional el que delimite el alcance de las medidas que de forma genérica inespecífica recoge la Constitución, u opta por dejar esa labor a quien realmente le corresponde, al poder legislativo, el Parlamento de España, Congreso y Senado. Porque la literalidad del texto recoge lo siguiente:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Es más que evidente que la gravedad del desafío secesionista plasmado en una declaración unilateral de independencia, tras la celebración de un referéndum ilegal y la violación de la legalidad vigente con la aprobación de leyes suspendidas por el tribunal Constitucional, “afectaba al interés general de España” y esas medidas eran las necesarias para “garantizar la protección del mencionado interés general”. Es así que la forma más eficaz de proteger el interés general es apartar a los golpistas del poder y evitar que siguieran delinquiendo haciendo uso de las Instituciones, como fue el caso del uso de los Mossos en apoyo al plan soberanista, o la malversación de fondos públicos para consumar la rebelión con el referéndum ilegal, o el uso perverso del Parlamento autonómico como soporte legislativo de la secesión, ya que se llegaron a aprobar resoluciones para el inicio de la desconexión y la implantación de la República proclamada y avalada por el referéndum del 1 de octubre.

Porque si se trata de que el TC dilucide sobre si existió o no rebelión, sedición y proclamación de una República independiente y que eso afectaba gravemente al interés general de España, esa no es de su competencia sino del Tribunal Supremo. Y si se trata de dilucidar sobre la idoneidad de las medidas adoptadas, eso ya tuvo lugar por quien debía opinar, el Senado de España en sesión plenaria que aprobó por mayoría absoluta amplia las medidas propuestas por el Gobierno de España para garantizar una vuelta a la legalidad. En ningún caso se puede considerar como inconstitucional ya que el artículo 155 habla de “las medidas necesarias” sin poner limitaciones, y aquí es donde se debe aplicar aquello de cuando la letra es clara no puede haber lugar a interpretaciones. Porque entonces no estaríamos hablando de la literalidad de la ley, sino de una interpretación de lo que quiso el legislador contemplar Y aquí vuelve a aplicar el principio de “donde la ley no distingue no debemos distinguir”. Parece claro que el espíritu es garantizar el interés general retomando el control de la autonomía con las medidas que sean necesarias para asegurar ese fin. No se trata de una falta de desobediencia, ni de disparidad de criterios sobre competencias transferidas, sino de un plan de secesión perfectamente estructurado con reparto de papeles y una hoja de ruta que culminó con ese referéndum ilegal y la declaración de independencia de una parte del territorio de España.

Haber admitido a trámite este recurso supone una clara intromisión al cuestionar la propia Constitución de España, al considerar como posible la inconstitucionalidad de uno de sus artículos. Literalmente no existe ambigüedad sino inespecificidad en la mención de medidas concretas, limitándose a decir de forma genérica “las necesarias para la protección del interés general”. Es evidente que el Senado consideró en su conjunto las medidas propuestas como las “necesarias”, sin entrar si eran además suficientes o debían haber ido más allá para conseguir una garantía de su eficacia. Así que la falta de desarrollo en ese aspecto del artículo 155 no puede considerarse como inconstitucional y como mucho, debe ser el legislador el que considere si debe reformarse y contemplar una mayor especificidad de situaciones que se consideran de interés general y de las medidas a adoptar en cada caso, algo así parecido a las famosas tablas de posibles averías y soluciones de los manuales de instrucciones de equipos.

El caso es que en pocas semanas quedarán sin efecto las medidas de intervención con la vuelta a la legalidad tras la constitución del Parlamento de Cataluña y la formación del Gobierno de la Generalidad con el Presidente o Presidenta que finalmente sea investido. O bien se debería disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones autonómicas, caso de que se cumpliese el plazo sin haber sido investido ningún candidato. En este caso, es indudable que el Gobierno de España debería seguir asumiendo en funciones el control del Gobierno de la Generalidad. No parece que esa situación vaya a producirse y que finalmente tendremos un Gobierno de la Generalidad salido del pacto de las mismas fuerzas políticas que gobernaron en coalición parlamentaria y participaron en el golpe de Estado. Una situación que puede volver a repetirse al persistir posicionamientos como el de la CUP de apostar por la vía unilateral de declaración de independencia en forma de república. Falta saber si el resto de fuerzas: ERC y PDeCAT (ahora Junts per Catalunya) insistirán en su plan secesionista al margen de la legalidad vigente., en cuyo caso será inevitable adoptar medidas de intervención mucho mas contundentes a fin de garantizar el interés general de España.

Mientras tanto, Carles Puigdemont mantiene abierto su circo particular en su refugio de Bélgica donde sigue interpretando su papel de payaso en la pista central. Y muy mal debe andar el bloque independentista para que este individuo haya sido aceptado como el candidato indiscutible a presidir la Generalidad, a sabiendas de su situación pendiente judicial y de estar fugado sin posibilidad de ejercer el cargo de forma normal. Su empeño en querer ser investido de forma telemática es solo un esperpento más de una mente desquiciada por la certeza de no obtener la inmunidad que reclama para regresar y no ser detenido, ni juzgado por los delitos de rebelión, sedición y demás cargos a los que se enfrentan también sus ex camaradas de Gobierno, algunos en prisión y otros de la parte social civil del golpe de Estado. Andan todos como locos buscando un resquicio legal en el Reglamento del Parlamento de Cataluña para legitimar esa investidura virtual telemática, algo insólito en el sistema parlamentario mundial. Pero Carles Puigdemont no desiste e insta a los demás a solucionarlo desde sus cargos y escaños en el Parlamento. Y lo sorprendente es que le están haciendo caso, lo cual es un síntoma del desquiciamiento de estos golpistas y su nula voluntad de respetar la ley.

No tengo ninguna duda de que la determinación de los golpistas sigue siendo la misma que obligó al Estado de derecho a adoptar medidas de intervención. Y es que unas elecciones no han servido nada más que para confirmar lo que se sabía, la fractura de una sociedad abandonada en manos de los separatistas y sometida a su dictadura ideológica. Y eso solo tiene una solución, ilegalizar a estas formaciones políticas que no abandonan la vía de la violación de la legalidad vigente para conseguir e imponer sus objetivos. NO se lo debemos permitir.

¡Que pasen un buen día!


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