Un país a la deriva

El largo camino a la normalidad (7)

05.01.18 | 08:00. Archivado en Política Nacional

REITERACIÓN DELICTIVA, ALGO MÁS QUE UNA POSIBILIDAD. ¿DEBEN ILEGALIZARSE PARTIDOS QUE HAN APOSTADO POR LA VÍA UNILATERAL PARA DELINQUIR, REBELARSE Y COMETER SEDICIÓN?

No dejaré de insistir en que el mayor esperpento de esta no vuelta a la normalidad reside precisamente en que los mismos golpistas encausados, cinco de ellos huidos de la Justicia y refugiados en Bélgica sin que el Estado haga nada por remediarlo, hayan podido formar parte de listas electorales y salir elegidos y ahora reclamen para sí el ejercicio libre de sus cargos de responsabilidad en el nuevo Parlamento autonómico, que una vez más vuelve a disponer de una mayoría independentista. Una situación vergonzosa que puede llegar a permitir esa “restitución de la legitimidad” que según los golpistas fue violada por la aplicación de las medidas intervencionistas amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Su exigencia, trasmitida por el fugitivo Carles Puigdemont es la de boicotear la constitución del nuevo Parlamento autonómico pidiendo la ausencia de los diputados independentistas si no se retiran esas medidas del 155. Pretenden de forma descarada escenificar el triunfo del secesionismo sobre el Estado de Derecho y restituir todas y cada una de las Instituciones intervenidas, comenzando por el Gobierno de la Generalidad y la Mesa del Parlamento imponiendo su mayoría parlamentaria para poder tener las mismas condiciones que permitieron la comisión de los delitos de rebelión, sedición y violación de la Constitución de España y del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Y haber llegado a esta situación aberrante es responsabilidad compartida de los tres partidos políticos que pactaron acometer esas medidas, que algunos consideramos como tímidas y paliativas, además de precipitadas como lo fue la convocatoria exprés de las elecciones autonómicas sin que las circunstancias ni el sentido común lo aconsejasen. Y es que, como en otras tantas ocasiones, han prevalecido estrategias de partido sobre el interés general de España y de los españoles, en una imprevisión no exenta de irresponsabilidad que no ha alcanzado las expectativas de cambio y ha evidenciado simplemente la fractura de la sociedad catalana y la persistencia del apoyo consolidado al independentismo manteniéndose en el entorno del 48% en votos frente al 43% de los llamados constitucionalistas o unionistas. Como se dice vulgarmente “hemos hecho un pan con unas tortas” y “para este viaje no hacían falta alforjas”.

Porque el error de criterio parte de no haber analizado la gravedad de una situación y confiar en que el miedo al aislamiento en una UE, asustada por la inestabilidad de uno de sus países miembros mas importantes, ni las medidas económicas de inyecciones de fondos públicos para tapar los desmanes de gestión de los golpistas y sediciosos, han sido suficientes para movilizar y hacer cambiar a una sociedad que lleva décadas enfrentada, donde una parte ha sido sometida por la otra bajo la total indiferencia de los distintos Gobiernos de España, en una política suicida de “dejar hacer”. Una actitud cómplice plasmada en la incapacidad de hacer cumplir las leyes y las sentencias de los Tribunales de España en asuntos tan esenciales como el respeto a la lengua común de todos los españoles, convirtiendo a la autonomía de Cataluña en una especie de territorio sin ley donde campaban a sus anchas los independentistas. Y aquí me viene la certeza de que solo partidos corruptos incapaces de luchar contra la corrupción propia pueden mirar para otro lado cuando otros partidos, de su esfera ideológica, cometen las mismas o peores tropelías. Casos como los del clan de los Pujol, caso Palau, caso Casinos y Banca Catalana, no hubieran sido posibles de no existir otros como los que han salpicado desde la transición a PSOE y PP en temas de financiación ilegal, enriquecimiento ilegal por comisiones, como el de los casos de los falsos ERE’s, el BOE, Lezo, Púnica, Canal Isabel II, etc.

La falta de previsión es haber querido convencer a los españoles de que, tomando el control económico, o cerrando las “embajadas”, era suficiente para reconducir una situación enquistada durante décadas. Un error agravado por haber cedido a las presiones de PSOE y de CIUDADANOS cuyos objetivos claramente eran contrarios a lo que la situación requería. No se ha intentado devolver la legalidad, sino apresurarse en cumplir con el expediente, causar el menor impacto posible y limitar al mínimo la duración de la intervención de la autonomía. Una respuesta que evidenciaba en primer lugar la cobardía a asumir el papel de Gobierno de España y garante de la legalidad. Y en segundo lugar la improvisación sin haber considerado las acciones necesarias para impedir lo que finalmente ha sucedido, el que los golpistas vuelvan a recuperar sus cargos y posibilitar la reiteración en la comisión de delitos para conseguir sus objetivos de secesión e independencia de Cataluña.

Así que en este escenario donde los golpistas han vencido en las urnas, no es de extrañar el que se sientan legitimados para mostrarse fuertes en sus reivindicaciones y amenazas, tanto desde la cárcel como desde un voluntario exilio. Las urnas les vuelven a dar el poder a pesar de que son delincuentes, golpistas y traidores a España, algo que en ningún momento ha sido impedido, sino más bien alentado desde el propio Gobierno de España, en el que suplicaban su vuelta a la normalidad participando en las elecciones autonómicas. Y así lo han hecho y han ganado y ahora se atreven a cuestionar la legitimidad de mantenerles en prisión o en búsqueda y captura en una especie de redención de todos sus delitos por el “blanqueo” de unas elecciones que, en cualquier caso, han considerado de carácter plebiscitario y como medio para volver al poder y restituir lo arrebatado por las medidas de intervención. Es evidente que la reiteración delictiva, ya profusamente expresada durante la campaña electoral, es más que una posibilidad. Es una vergonzosa realidad que deja la legislación española en muy mal lugar al haberlo permitido.

Y esto me lleva al reiterativo asunto de la única defensa que tiene la democracia para protegerse de aquellos que quieren destruirla. Y aquí volvemos a chocar con el hipócrita “buenismo” de un PSOE populista y demagogo escorado hacia la ultra izquierda más radical en un malentendido progresismo garantista de supuestos derechos. Porque parece de sentido común que al igual que se ilegalizó a la formación terrorista BATASUNA y todas sus marcas, con la inexplicable excepción de BILDU, o en Alemania está ilegalizado el partido nazi, se hiciera lo propio con estas formaciones separatistas en Cataluña y con las radicales de ultra izquierda como la CUP que han demostrado no respetar las mínimas reglas democráticas y han usado y abusado de su poder para imponer resoluciones, incumplir sentencias de los Altos Tribunales de España y violar derechos constitucionales de españoles nacidos o residentes en esa comunidad. Porque si es verdad que se pueden defender todo tipo de ideas y aspiraciones políticas, siempre que no atenten contra derechos de terceros, no lo es el que esa defensa se haga de forma anti democrática y fuera de la legalidad.

Lo que han hecho, e intentan seguir haciendo, los partidos independentistas en Cataluña es imponer a todos los españoles sus objetivos por la fuerza de los hechos consumados y por la rendición del Estado de Derecho, forzando un proceso de negociación bilateral entre el Estado y Cataluña, representada por el Gobierno de la Generalidad apoyado en una mayoría parlamentaria. Un proceso inasumible, inaceptable bajo cualquier consideración al querer equiparar a un Estado con una de sus autonomías que, si lo es, es solo por delegación de competencias, no por cesión de soberanía.

Sigo creyendo que partidos que propugnan y están dispuestos a todo para conseguir sus objetivos, incluida la violación de leyes fundamentales de España, e intentan destruir nuestra unidad como Nación y como pueblo español, no pueden seguir legalizados y deben declararse proscritos y sus dirigentes ser juzgados y condenados por los graves delitos de rebelión y sedición que han cometido en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad. Lo aberrante es que hayan podido acceder de nuevo a esos cargos.

¡Que pasen un buen día!


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