Un país a la deriva

El largo camino a la normalidad (6)

04.01.18 | 09:18. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL SUPREMO REHÉN DE UNA LEY GARANTISTA. MARIANO RAJOY SE EMPEÑA EN HABLAR DE ECONOMÍA Y NO DE POLÍTICA.

Esta mañana la Sala de apelación del Tribunal Supremo va a escuchar los alegatos de los únicos golpistas que aún permanecen presos, en su pretensión de ser puestos en libertad para poder desempeñar sus nuevos cargos como Diputados electos en igualdad de condiciones con el resto de componentes del Parlamento de Cataluña. Y eso ha sido posible porque una ley garantista en exceso permite que esos golpistas, que de presuntos solo tienen la obligada calificación mientras no exista sentencia condenatoria en firme, mantengan intactos sus derechos constitucionales al sufragio pasivo, hayan podido figuran en puestos de relevancia en las listas electorales y ser elegidos Diputados. Una incongruencia que solo puede pasar en un país como España donde este tipo de delitos contra el Estado de Derecho no han sido tratados con la rigurosidad necesaria y acorde con la gravedad de los mismos entre los que se encuentran el de rebelión, sedición y traición. Asombra pensar que ante hechos semejantes acaecidos en el pasado siglo XX, la respuesta del Estado fuese mucho más severa, neutralizando el movimiento golpista, encarcelando a sus máximos responsables y suprimiendo sus derechos que ellos no tuvieron empacho en violar al resto de españoles, incluidos los catalanes no nacionalistas.

Y es que el asunto de estos alegatos es kafkiano. Porque ahora, tras no haber dudado en cometer esos actos de sedición, de violación de la Constitución y de los derechos de una oposición sometida a la dictadura de una mayoría parlamentaria pírrica, quieren reclamar para sí unos derechos incompatibles con la naturaleza de los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad en el Gobierno de la Generalidad y en el Parlamento autonómico de Cataluña, convertido en instrumento al servicio de los independentistas. Y no solo pretenden seguir actuando como si nada de lo ocurrido hubiera sucedido, sino que están dispuestos como el fugitivo Carles Puigdemont a volver a pasar el rodillo de una mayoría para modificar el Reglamento del Parlamento para que le permita ser investido y presidir el Gobierno de la Generalidad desde su exilio compareciendo en video conferencia. Y lo pero es que, si el Gobierno de España no actúa, no existiría ningún impedimento legal si ese Reglamento se modificase.

Podemos estar ante un nuevo esperpento protagonizado por ese golpista fugado que es plenamente consciente de que si vuelve a España será inmediatamente detenido y llevado a presencia del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. Y no otra cosa persiguen Oriol Junqueras y los dos Diputados electos ahora en prisión con su estrafalaria petición de libertad. Algo que resulta incomprensible a la gran mayoría de españoles legos en materias jurídicas pero que tenemos algo necesario, el sentido común. Porque nadie en su sano juicio y entendederas puede comprender que unos golpistas que intentaron por todos los medios imponer a todos los españoles una secesión de una parte fundamental del territorio nacional, puedan a las pocas semanas de su detención y encarcelamiento, recuperar sus cargos y recomponer las mismas estructuras de poder que usaron para cometer sus delitos. Y si eso es posible, es que algo está muy rematadamente mal en la ley que lo permite.

Y realmente el Tribunal Supremo no lo tiene nada fácil al tener que decidir entre conceder la libertad bajo fianza y bajo promesa de acatar la legalidad, cosa que ya han dado sobradas muestras de su nula credibilidad, precisamente algunos de los que se acogieron a esa fórmula para quedar en libertad, mientras se “avanza” en las causas abiertas y a la espera de dar paso al juicio, respetando esos derechos constitucionales, o bien negar esa libertad por el riesgo evidente de que se van a dar las mismas o peores circunstancias para que se reincida en la comisión de delitos. Y es que la paradoja se produce en el momento en que la ausencia del pleno del Parlamento de los ahora electos, bien por seguir fugados y no poder delegar el voto o por seguir presos deja a la posible coalición independentista sin esa mayoría parlamentaria que necesitan para seguir en su nueva hoja de ruta hacia la independencia, salvo que renuncien a su Acta y hagan correr la lista electoral. Solo el voto de los Comunes y PODEM podría revertir esa situación. Una posibilidad no descartable, al menos por lo que se refiere a la independentista confesa Ada Colau.

En cualquier caso nada va a impedir que se vuelva a acudir al victimismo y, como dice el abogado de Oriol Junqueras, a considerar que de dejarle en prisión sería una decisión política y no jurídica, acusando a la Sala de prevaricar claramente y mantenerlos en prisión como presos políticos. Una aberración argumental en la que se ignora de forma cínica y consciente los graves hechos delictivos por los que han sido encausados que incluyen el de rebelión y sedición. Un abogado en ejercicio no puede nunca hacer este tipo de acusaciones y no esperar que no tengan respuesta disciplinaria, ya que atentan contra el principio de independencia judicial y la honorabilidad el Tribunal Supremo de España. Tampoco deja de sorprender el que ese abogado tenga ya preparado el plan B por si la Sala del Supremo decide mantener a su defendido en prisión y pide que se le traslade a una cárcel en Cataluña y así que pueda tener la oportunidad de asistir a los plenos del Parlamento autonómico y ejercer sus derechos constitucionales.

La excusa normal de los políticos es que no se debe de legislar “en caliente”, así que no es de esperar que este asunto de los derechos de los golpistas siga vigente tras haber protagonizado un golpe de Estado, una rebelión y una declaración unilateral de independencia. Tampoco el que tengan la posibilidad de reincidencia en el delito al volver a ocupar cargos de responsabilidad.

Lo que tampoco me sorprende es el enfoque de Mariano Rajoy a lo que se nos viene encima. SU estrategia sigue pasando por vender como éxitos propios los avances en la creación de empleo, a pesar de que este sea precario y mal pagado. Se vende, tras años de estancamiento, una subida del salario mínimo que sigue estando lejos de la media de la UE y se ignora de forma irresponsable acometer la reforma urgente del sistema de financiación de las pensiones, cuya hucha ha sido saqueada hasta dejarla técnicamente vacía. Ayer compareció en una carpa con motivo de la inauguración de una ampliación de la AP 9 en Santiago de Compostela, una obra de infraestructuras aprobada en el plan de finalización de obras iniciadas y presupuestadas. Un acto que aprovecho para ensalzar los logros de su Gobierno y condicionar el progreso a la situación política de Cataluña pidiendo sensatez, cuando lo que debería pedir es cumplimiento y acatamiento de la ley, de la Constitución. Sigue Rajoy en una actitud suplicante sin atreverse a gobernar y lanzar un mensaje de firmeza y de determinación que deje claro a los golpistas que no se va a consentir que vuelvan a las andadas.

Lamentablemente, Rajoy sigue fiándolo todo a la economía, a que los españoles confíen en él como garante del progreso de España. Sin embargo, las encuestas no parecen serle nada favorables y su discurso no ha calado en la sociedad catalana que ha relegado a su partido a la irrelevancia parlamentaria.

¡Que pasen un buen día!


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