Un país a la deriva

Cuenta atrás para la traición a España (-17)

05.12.17 | 13:07. Archivado en Política Nacional

EL JUEZ PABLO LLARENA DEJA EN PRISIÓN A LOS MÁS DESTACADOS CON “MANDO EN PLAZA” DEL EX GOBIERNO DE LA GENERALIDAD. MIQUEL ICETA EXIGE TODOS LOS 46 PUNTOS DE RECLAMACIÓN DEL INDEPENDENTISMO, EXCEPTO EL DEL REFERÉNDUM.


Ni “vía Forcadell” ni gaitas. El juez del TS Pablo Llarena emitió ayer un Auto por el cual mantenía en prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y los presidentes de la ANC y OMINUM, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. AL resto de presos exconsejeros del ex Gobierno de la Generalidad les dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros, es decir por un monto total de 600.000 euros que fueron debidamente aportados por la ANC de su famosa “Caja de solidaridad”, esa que Hacienda hace tiempo que debería estar investigando el rigen y justificación de sus, al parecer, “ilimitados” fondos. Un Auto que merece un análisis en cuanto a los argumentos dados por el juez y su especial graduación de las responsabilidades, que podrían ser consideradas como una pista de lo que puede esperarse cuando termine la Instrucción y se fije el juicio oral a los acusados en esta macro causa.

El Auto trata punto por punto los argumentos de los recursos planteados, en primer lugar de forma individual y luego en lo que es argumentación común. En el punto TERCERO de los RAZONAMIENTOS JURÍDICOS, se acude a la llamada “vía Forcadell” aplicada por el juez Llarena argumentando similitud en sus casos para solicitar la libertad. Pasa a continuación a posicionarse respecto a las prevenciones cautelares motivadas por el riesgo de fuga. Considera e Instructor que no existe como tal, entre otras razones por: su grado de participación en la comisión del delito que sería equivalente al de Carme Forcadell; por su “profundo arraigo personal, laboral y social en la Comunidad Autónoma de Cataluña”; por “su disposición por atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora, si bien no aporta ninguna certeza para el futuro, sí es el empírico reflejo de que libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados”; por “su incorporación a diferentes candidaturas políticas, a fin de participar en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el día 21-D y poder desarrollar la actividad parlamentaria que de esas elecciones puede derivarse”.

En el punto CUARTO se dedica a analizar el riesgo de la reiteración delictiva con una larga exposición argumental incluso comparándola con la que adoptó para el Auto de los encausados de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Tras afirmar que “De este modo, dar credibilidad a los investigados que afirman que no volverán actuar ilegalmente, supone asumir un confiado pronóstico que sólo se justifica por la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano, puesto en contraste con la certeza de que, si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad”. Establece finalmente una gradación en la intencionalidad al decir “No ocurre lo mismo respecto a alguno de los investigados que hoy se contemplan, concretamente respecto de D. Oriol Junqueras i Vies, D. Joaquim Forn, D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro, cuyas aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella. El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física. Y son diversos los datos de la investigación que vinculan una aportación de estos encausados directamente vinculada con el ejercicio de la violencia”.

En el punto QUINTO sobre el riesgo de destrucción del patrimonio probatorio afirma que “no existen pruebas que avalen actuaciones o decisiones, individuales o colegiadas, que estuvieran orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios derivados de su participación”.

En resumidas cuentas, no aprecia riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, pero sí el riesgo de reiteración delictiva, donde no se excluye la violencia y éste con matices donde los mantenidos en prisión se considera que persistirían si volviesen a ostentar el poder que tenían. Una decisión que plantea una incógnita en el caso de que los independentistas sean capaces de formar Gobierno mediante una mayoría parlamentaria con la suma de apoyos requerida y vuelven a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalidad. Una posibilidad más que plausible que no se compadecería con una prisión provisional si no existe una acusación formal y mucho menos una sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y presentarse a sufragios pasivos en listas electorales.

Hoy, el juez Pablo Llarena ha retirado la euro-orden de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que estaban hasta ahora como prófugos de la justicia, pero mantiene la orden de detención en todos el territorio español. Con esto lo que intenta el juez es simplemente que no sea la Justicia de Bélgica la que decida sobre cuales delitos pueden o no ser juzgados en España. De esa forma se asegura que si vuelven a España, serán llevados a su juzgado y entonces decidirá de modo similar a lo que ha realizado con el resto de encausados sobre su ingreso en prisión o su libertad condicional con fianza.

Hay quienes alinean en el mal llamado bloque constitucionalista al PSC de Miquel Iceta. Un error de bulto que se ha visto evidenciado con las últimas declaraciones del susodicho espécimen camaleónico cuyo juego es presentarse como un centro equidistante increíble entre el independentismo y el unionismo. Lo último ha sido asumir 45 de los 46 puntos que planteó a Mariano Rajoy como agravios de España a Cataluña el cesado Presidente del Gobierno de la Generalidad, Carles Puigdemont. El único punto que no reclama es el relativo a la realización de un referéndum vinculante en Cataluña. Este posicionamiento pro independentista debería ser aclarado por el Secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al contemplar la aceptación de reivindicaciones inasumibles y que es una enmienda a la totalidad de la Constitución que va incluso más allá de la pretensión de un Estado federal plurinacional.

A estas alturas no es admisible esta doble cara de un partido socialista inmerso en la pura contradicción y en el verso suelto que supone la existencia misma de un PSC independiente que plantea sus propias exigencias desde una posición ventajista respecto al resto de federaciones regionales o autonómicas.

¡Que pasen un buen día!


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