Un país a la deriva

Cuenta atrás para la traición a España (-18)

04.12.17 | 08:11. Archivado en Política Nacional

LA DESESPERANTE LENTITUD DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. PUIGDEMONT CANDIDATO PRÓFUGO.


Dentro de unas horas el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, va a decidir sobre la liberación o mantenimiento de prisión provisional con o sin fianza de los golpistas encausados del ex Gobierno de la Generalidad que perdieron al ser cesados y disuelto el Parlamento autonómico su condición de aforados, motivo por el cual los casos cayeron en la Audiencia Nacional y, en concreto, en la jueza Carmen Lamela que ya llevaba los casos de los Presidentes de la ANC y OMNIUM conocidos como “los Jordis”, así como el caso del Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, hasta ahora el único que quedó en libertad sin fianza. El resto de los presentados, (ya que el ex Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y otros cuatro ex Consejeros se encuentran fugados en Bélgica a la espera de que la justicia de ese país decida dar curso a la extradición a España solicitada por la jueza), fueron puestos en prisión provisional y sin fianza. Posteriormente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió asumir todas las causas abiertas relativas al golpe de Estado perpetrado por los independentistas, asumiendo entre otros los casos de los Jordis y el los no aforados del ex Gobierno de la Generalidad. Y en esas estamos.

Lo que a nadie parece importar es el avance de la Instrucción, de la que nadie habla y que es la pieza fundamental para la delimitación formal de los delitos que se les imputan y el comienzo del juicio oral. Los antecedentes de otros casos donde se ha juzgado y condenado a otros relevantes ex cargos de la Generalidad, por su implicación en la farsa del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 2014, no hacen tener esperanza en una pronta resolución de esta macro causa que el juez Llarena se ha empeñado en abarcar. Y ya se sabe el refrán de que “quien mucho abarca, poco aprieta”. Basta recordar cómo en aquél caso, la Fiscalía decidió suprimir el delito de malversación de fondos públicos y dejar solo el de desobediencia y prevaricación, lo que dio lugar a una condena mínima legal dentro de la ya levedad de la acusación. El caso es que todo se saldó para los enjuiciados Artur Mas (Presidente de la Generalidad), Joana Ortega (vice Presidenta) e Irene Rigau (Consejera), con una inhabilitación temporal para el desempeño de cualquier cargo público por dos años para Artur Mas, un año y nueve meses para Rigau y un año y seis meses para Ortega. Un juicio que comenzó dos años más tarde de los hechos y cuya sentencia tuvo lugar en marzo de este año.

No ha sido hasta después que ya en la jurisdicción contable (administrativa y no penal) el Tribunal de Cuentas pidió a Artur Mas una fianza solidaria con los otros nueve ex altos cargos de su Gobierno denunciados de 5,3 millones de euros por el gasto estimado ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Es una fianza solidaria, por la que, si alguno de los diez encausados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él. Es decir, se reconoce de hecho una malversación de fondos públicos que, de demostrarse en esta vía, debería dar lugar a una denuncia por la vía penal que conllevaría una pena de prisión, la que se quiso evitarse al no contemplar la Fiscalía ese delito.

Estamos asumiendo como normal en España el mantra de que la Justicia es “lenta pero segura” y solo es cierta la primera de las afirmaciones, es desesperadamente lenta. Y esa lentitud es la que hace que precisamente ni sea segura ni cumpla con su misión de impartir justicia, existiendo para más “inri” la figura de la prescripción de los delitos. Una vía de escape que crea una impunidad de facto para los delincuentes, precisamente por la irritante lentitud en los procedimientos de instrucción que duran años. El caso es que, como ahora sucede en estas elecciones autonómicas tan atípicas en Cataluña, la paradoja reside en que los encausados y aún presos, en su mayoría vuelven a figurar en las listas electorales, ya que ni se les ha enjuiciado ni tienen una condena en firme de inhabilitación, conservando intactos sus derechos constitucionales a someterse a sufragio pasivo. Se repite, por tanto, el esperpento del condenado Artur Mas, que pudo presentarse a las nuevas elecciones autonómicas y obtener al acta de diputado, aunque no pudo ser investido Presidente del Gobierno de la Generalidad por la oposición de la CUP que exigió su sustitución e invistiendo finalmente a un desconocido Carles Puigdemont cuyas hazañas ya conocemos.

En el mundo empresarial hay una norma fundamental que dice que tus propias carencias y deficiencias no pueden transmitirse hacia, ni afectar a tus clientes. La Justicia es un servicio social que garantiza el cumplimento de la ley y la sanción de los delitos. Todos los ciudadanos somos sus “clientes” y por tanto nunca deberían afectarnos las carencias y deficiencias de una Institución ampliamente desbordada y con carencia de medios eficaces para cumplir con su misión. Una justicia lenta es ineficaz e insegura.

Hoy el juez Pablo Llarena debe decidir si mantiene o no la prisión provisional sin fianza para los encausados ahora bajo su jurisdicción. La decisión no es sencilla porque las dos alternativas son igualmente aplicables. La primera, por la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad real de fuga, de reiteración en el delito y la de destrucción de pruebas. La segunda, por no poder obviar el mantenimiento de los derechos constitucionales de participar en las elecciones en igualdad con el resto de candidatos en libertad. Lo que se decida tendrá una influencia clara en el desarrollo de la campaña electoral, dado que su presencia o ausencia será aprovechada por los independentistas. Y es que en este caso, la Justicia se ha encontrado con la celeridad de un Gobierno angustiado que decidió convocar de modo apresurado unas elecciones autonómicas sin valorar las circunstancias excepcionales y anormales que las rodean.

El otro esperpento es el caso de Carles Puigdemont el que se pavonea en Bruselas como legítimo Presidente de la Generalidad, a pesar de haber sido cesado y perdido su acta de diputado por la disolución del Parlamento de Cataluña. Dice que no acata la aplicación de la artículo 155 de la Constitución, pero se ha apresurado a crear una candidatura, Junts per Catalunya, en la que él figura en el primer puesto de la lista, y en la que se integran destacados representantes del independentismo radical como es el segundo de su lista Jordi Sánchez de la ANC y actualmente en prisión. Su descaro llega al extremo de pedir participar en la campaña electoral con garantías. Es decir que no se ejecute la orden de detención si regresa a España, algo que solo el juez Pablo Llarena podría decidir si retira la orden de extradición, la misma que la justicia belga trata hoy en la comparecencia de Puigdemont y del resto de reclamados por prófugos de la Justicia de España. Por lo pronto, Puigdemont ya ha participado en un mitin de precampaña en forma de videoconferencia arengando con “seguir, seguir y seguir” en un discurso en el que dijo cosas como “El espíritu del 1-O es el espíritu que puede doblegar el autoritarismo y que ha obligado al Estado a asumir que el futuro de los pueblos no se decide en un consejo de ministros ni en un tribunal, sino que el futuro de los pueblos se juega en las urnas” y que las próximas elecciones deben considerarse como “una segunda vuelta del 1-O”.

No deja de ser bastante vergonzoso este espectáculo que demuestra la especie de limbo judicial que existe en una UE incapaz de resolver los minifundios de unos Estados empeñados en no integrarse en una política común, ni aceptar perder su independencia en áreas como la Justicia, que en el caso de Bélgica es especialmente garantista y permisiva. El simple hecho de no dar trámite automático a una euroorden de extradición de un país miembro con el que comparte el espacio Schengen de libre circulación de los ciudadanos, demuestra esta resistencia numantina a perder su autonomía.

¡Que pasen un buen día!


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