Un país a la deriva

El difícil retorno a la legalidad (34)

30.11.17 | 10:07. Archivado en Política Nacional

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTAMINA A FAVOR DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOBRE LA TRAMITACIÓN EXPRÉS. ACATAR LA LEY COMO SALVOCONDUCTO A LA LIBERTAD PARA LOS GOLPISTAS: ESQUIZOFRENIA JUDICIAL ANTE LOS GOLPISTAS.


Ayer el Tribunal Constitucional sorprendió a muchos, al menos a los que nos interesamos por seguir de cerca todo lo que rodea al golpe de Estado en Cataluña, cuando se conoció la sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad presentado por el cambio del Reglamento del Parlamento autonómico de Cataluña, que incluyó el llamado “procedimiento exprés”. Una modificación que contempla la tramitación por vía de urgencia de Leyes y que fue usado por la mayoría parlamentaria independentista para aprobar leyes como la del referéndum y la ley de Transitoriedad, declaradas posteriormente inconstitucionales por el mismo Tribunal Constitucional. En concreto, el texto del Reglamento modificado se refiere al artículo 135 que dice lo siguiente:

“Artículo 135 Requisitos
1. Un proyecto de ley puede ser tramitado directamente y en lectura única por el Pleno del Parlamento o por una comisión, si la naturaleza del proyecto lo aconseja o la simplicidad de la formulación lo permite. La tramitación en lectura única debe ser acordada por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Gobierno, de la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta.
2. El grupo parlamentario promotor de una proposición de ley puede solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única. Corresponde al Pleno del Parlamento acordarla, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta, siempre que la proposición de ley cumpla los requisitos de habilitación establecidos por el apartado 1.
3. El debate de la iniciativa legislativa en lectura única se sujeta a las normas establecidas para los debates de totalidad; finalmente, el conjunto de la iniciativa se somete a una sola votación.”

La sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el fondo del asunto del punto 1 cuando dice que este procedimiento se puede aplicar “si la naturaleza del proyecto lo aconseja, o la simplicidad de la formulación lo permite”. Y el caso es que ni la ley del referéndum ni la ley de transitoriedad lo eran y además claramente eran inconstitucionales y la Mesa del Parlamento ignoró las advertencias de su asesoría jurídica a la hora de tramitarlas e incluirlas en el orden del día en una sesión ordinaria bajo el amparo de este nuevo Reglamento que además estaba cautelarmente suspendido por el TC.

Resulta sorprendente el que haya sido aprobado por unanimidad por el TC, cuando se reconoce que no está expresamente tratado el tema de las enmiendas y lo deja a que es particular se regule por el Parlamento durante la fase de la tramitación de los Proyectos de Ley. Es decir, reconoce las propias ambigüedades de la redacción y sus lagunas en algo tan importante como es eludir el debate parlamentario en algo tan esencial como es la presentación de enmiendas sobre un texto que se va a tratar en “lectura única” para ser sometido de modo inmediato a votación. Algo que si es inconstitucional de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución de España en cuanto a la igualdad de derechos. Y es que algo no puede ser a la vez constitucional y con graves deficiencias constitucionales. Dejarlo a la interpretación de la mayoría que presenta esos Proyectos de Ley exprés, y confiar en que admitirán enmiendas tras la lectura, ya que el resto de la oposición no puede opinar sobre algo que desconoce y ni siquiera ha tenido tiempo para analizar con un mínimo de sosiego imprescindible, cuando lo que se va tratar no cumple en absoluto con el requisito del punto 1 del artículo, ya que ni lo era la naturaleza del Proyecto de ley de referéndum ilegal e inconstitucional, ni la ley de Transitoriedad jurídica, ni tampoco era simple su formulación.

Como suele ser normal, un cuchillo de por sí no es ni malo ni bueno, sino que depende solo del uso que se haga de él, o cortar verduras o cortar el cuello de alguien. Y esta modificación del Reglamento es un auténtico cuchillo que corta de raíz los derechos constitucionales de las minorías a la hora de expresar su opinión y presentar enmiendas a aquello con lo que no está de acuerdo, para realizar un debate democrático en equidad. Esta modificación, tal cual está redactada es anti democrática porque obvia uno de los pilares básicos de la democracia. Y es que la sentencia va más allá, al eliminar de un plumazo como delictivas las actuaciones de la Mesa del Parlamento de Cataluña al permitir la tramitación exprés de esas leyes. Suspender una ley no implica su inconstitucionalidad hasta que exista una sentencia que así lo dictamine, pero impide que se puedan realizar actuaciones posteriores como si estuviese vigente.

Mañana el juez Pablo Llarena va a escuchar las alegaciones de todos los encausados por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que solicitan su puesta en libertad acogiéndose a la llamada “vía Forcadell”, reconociendo, a su manera y de forma nada expresa, su acatamiento a la Ley y actuar en el futuro de acuerdo con ella. Es decir, piden su libertad bajo la sola palabra dada de no reincidir en el delito. Y es que no se trata de conceder el tercer grado a un preso convicto, ya que, si estos golpistas están presos de forma provisional y sin fianza, es precisamente para garantizar que no van a reincidir en su comportamiento delictivo, ni destruirán pruebas inculpatorias, ni se darán a la fuga. Una mera declaración de buenas intenciones, nada creíbles y que, por supuesto, no pueden aceptarse como aval suficiente para conceder su liberación. Porque lo aberrante es que ya figuren en listas electorales y reclamen sus derechos a tener igualdad de trato en el proceso de campaña electoral, cuando lo lógico es que esos derechos estuvieran suspendidos de forma temporal ante la gravedad de los delitos imputados y de las pruebas en su contra.

Mañana sabremos si, como dije ayer, el juez Pablo Llarena ha quedado preso de su propia doctrina al conceder la libertad provisional con fianza a la golpista Carme Forcadell y al resto de los componentes secesionistas de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña. Al dar por válida y suficiente la palabra de acatar la ley, como si eso fuera una concesión sublime en algo que solo es un deber de todo ciudadano, no queda margen para el rechazo de las buenas intenciones que ahora aducen los que, hasta hace solo horas, se mantenían firmes en su concepción de ser inocentes y estar ilegalmente presos solo por motivos políticos, ya que se limitaron a Seguir "el mandato del pueblo catalán expresado en las urnas”. Unos golpistas que no han dudado en incluirse en listas electorales para así aducir indefensión y vulneración de unos derechos que debieron haber sido suspendidos mediante una declaración de inhabilitación temporal hasta una sentencia firme condenatoria o absolutoria. Y si eso no está contemplado en la ley, debería estarlo.

No creo que ningún ciudadano que no sea independentista comprenderá estos entresijos e incongruencias de una ley que puede permitir que estos golpistas queden en libertad y sean recibidos como héroes y se dediquen a participar activamente en una campaña electoral con programas que en nada difieren de los que han dado lugar a este golpe de Estado, aprovechando una mayoría parlamentaria y un abuso de poder a la hora de anular a la oposición, llevando a unas Instituciones como son el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de la autonomía a cometer graves delitos de rebeldía y de sedición.

Lo que lamento es que se ha ido cumpliendo todo lo que vaticiné en cuanto el juez Pablo Llarena decidió hacer pública su intención de asumir todos los procesos relativos al golpe de Estado, tras haber puesto en libertad a Carme Forcadell y resto de componentes de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Al final, si todo se cumple, los golpistas estarán libres, algunos ya fugados y con absoluta libertad de movimientos, estarán integrados en las listas electorales, serán parte activa en la campaña electoral e incluso volverán a ser reelegidos y recuperarán su condición de aforados. Todo de acuerdo con los designios y deseos de un Gobierno de España en aras de vender a los españoles una vuelta irreal a la normalidad, que es la de que el independentismo vuelva tener el poder y presione al Estado con más fuerza tras el aval electoral para obligarle a pactar un referéndum que consolide la independencia.

¡Desde aquí, solo puedo expresar mi más profundo desprecio por esta traición a España y a los españoles! ¡Los maldigo como los auténticos bastardos que son!

¡Que pasen un buen día! Quedan 21 días para que se consume la traición a España. Y ese será el título de mi próxima serie de escritos. “Cuenta atrás para la traición a España"


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