Un país a la deriva

El difícil retorno a la legalidad (33)

29.11.17 | 08:28. Archivado en Política Nacional

LA VÍA FORCADELL COMO AUTOPISTA A LA LIBERTAD. PUIGDEMONT SE CUELA EN EL PARLAMENTO DE LA UE EN PLASMA.


Ya es oficial, los abogados de Oriol Junqueras y los exconsejeros en prisión preventiva, han presentado un escrito al juez Llarena del tribunal Supremo pidiendo su libertad aduciendo ahora, de acuerdo con lo indicado en El País, cosas del estilo de:
• “Mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros”.
• “Lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos”.
• “no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas”.
• “Su proyecto político se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental, en la que, mediante la negociación y el diálogo, se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”.
• “ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva”.
• “están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”.

En primer lugar, dicen que “aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 de la Constitución” para seguidamente decir que “desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern”. Es decir, niegan la legalidad de su cese. Y en cuanto a lo de aceptar más bien fue por la fuerza de los hechos y porque de modo inmediato fueron citados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional sobre el golpe de Estado que habían perpetrado, decidiéndose su ingreso en prisión y sin fianza tras negarse a declarar a las preguntas de la Fiscalía. Más que aceptar, decidieron presentarse en vez de huir como Carles Puigdemont sus compañeros de Gabinete, no se sabe si de forma pactada o no consensuada en un plan premeditado durante el fin de semana previo.

Dicen que “no renuncian a sus convicciones políticas y su compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia”, unas aseveraciones que no se compadecen con la realidad de los hechos cuando desde el propio Gobierno de la Generalidad se alentó la participación en un referéndum ilegal expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Y eso tras una serie de actuaciones de violación de la democracia con la aprobación y aplicación de leyes que habían sido igualmente suspendidas por ese Tribunal. Y no solo se violó la Constitución de España de la que emana toda la legitimidad del Gobierno y del Parlamento de la Generalidad, sino también se violó el Estatuto de Autonomía vigente. No es creíble el que ahora estén dispuestos a aceptar un comportamiento realmente respetuoso con la legalidad.

Y esto último se ratifica con la siguiente declaración de que su proyecto político se enmarca “en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental, en la que, mediante la negociación y el diálogo, se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”. Es decir, pretenden negociar algo que la Constitución no prevé respecto a la delegación de la Soberanía Nacional que reside en el conjunto del pueblo español. Porque esa “ciudadanía” a la que se refieren en su escrito es la de Cataluña y no a toda la ciudadanía española. Siguen empecinados en lograr un referéndum pactado que ningún Gobierno ni el Parlamento de España están legitimados para permitir sin la expresa modificación de la Constitución, aprobada por los dos tercios del Congreso de los Diputados, que pasa por la disolución de las Cámaras y la realización de un referéndum a nivel nacional.

Dicen que no van cometer reiteración delictiva porque ya no ocupan posiciones de poder institucional. Sin embargo, lo que sí que permanece es su estructura de poder y la lealtad de aquellos que siguen en esas posiciones de poder, aunque ahora estén bajo mandato de los Ministros del Gobierno de España. Nada les impide, como ya hicieron antes de la intervención, destruir pruebas y confabular para entorpecer la intervención. De hecho, siguen perfilándose diversos informes policiales donde queda en evidencia la actitud colaboracionista de mandos de los Mossos y de funcionarios públicos, incluidos alcaldes y consistorios declarados en rebeldía que incluso se han desplazado a Bruselas a una especie de aquelarre independentista de apoyo al prófugo Carles Puigdemont.

Y por último ahora afirman que “están dispuestos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y de la negociación. No fue así cuando decidieron aprobar la vía exprés reformando el Reglamento del Parlamento para intentar sustraer el debate a la oposición. Se trata simplemente de una estrategia para eludir la prisión y quedar en libertad de movimientos. Algunos a eso lo calificamos como un burdo intento de fraude de ley, en la que solo habría que desear que esta vez el juez Pablo Llarena no se deje embaucar por las “buenas intenciones” que, como en el caso de Carme Forcadell, han sido inmediatamente desmentidas al reintegrarse de forma decidida y entusiasta en el mismo proyecto secesionista de ERC que no rechaza la vía unilateral en caso de que ese “diálogo” no prosperase. Las declaraciones de Marta Rovira no dejan lugar a dudas al respecto.

Solo faltaba el que el prófugo Carles Puigdemont siga teniendo cobertura mediática, siga actuando y siendo agasajado como Presidente legítimo en el exilio y se le haya permitido aparecer, aunque sea en forma de teleconferencia en un acto en el Parlamento de la UE. Un hecho que debería ser reprobado y denunciado para que no vuelva a repetirse. Lo que deben hacer las autoridades belgas es cumplir con la euroorden de detención y entrega a la Justicia española que reclama a esos prófugos. Es inadmisible el que un asunto que debiera ser meramente policial y normal, se haya convertido en el circo judicial que pone en cuestión nada menos que la propia esencia de la Constitución de la UE y la unidad de acción bajo las premisas del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¡Que pasen un buen día!


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