Un país a la deriva

El difícil retorno a la legalidad (32)

28.11.17 | 11:17. Archivado en Política Nacional

PUIGDEMONT INTENTA ELUDIR TOMAR POSESIÓN Y SER DIPUTADO DESDE BÉLGICA. PABLO LLARENA PRESO DE SU PROPIA DOCTRINA: ACATAMIENTO POR IMPERATIVO LEGAL.

Carles Puigdemont intenta no aparecer por España para no ser detenido, aprovechándose de un vacío legal por el que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no exige expresamente obligatoriedad presencial para realizar la jura o promesa de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en la toma de posesión del Acta de Diputado autonómico. Su intención es hacer todas las gestiones a través de terceros y por escrito. Y es que “hecha la ley, hecha la trampa". Y ¿Qué dice la Ley al respecto? Pues la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 108 dice:

7. Se entregarán copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes de las candidaturas que lo soliciten. Asimismo, se expedirán a los electos credenciales de su proclamación. La Junta podrá acordar que dichas certificaciones y credenciales sean remitidas inmediatamente a los interesados a través del representante de la candidatura.

8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.

En cuanto al Reglamento del Parlamento autonómico de Cataluña contempla que se adquiere la Condición de Diputado cuando:

Artículo 23.
Acceso al pleno ejercicio de la condición de diputado
1. El diputado proclamado electo accede al pleno ejercicio de la condición de parlamentario una vez cumplidos los dos requisitos siguientes:
a) Presentar al Registro General del Parlamento la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral y prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña.
b) Presentar las declaraciones de actividades y de bienes que especifica el artículo 19.
2. Los derechos del diputado proclamado electo no son efectivos hasta que no ha accedido al pleno ejercicio de la condición de parlamentario, de conformidad con el apartado 1.”

Es decir, Carles Puigdemont y los exconsejeros pueden ser perfectamente reconocidos como diputados electos si cumplimentan los requisitos exigidos, que en ningún caso obliga a hacerlo de forma presencial. Este vacío legal, mejor dicho, inconcreción legal, deja la puerta abierta a una campaña holográfica con presencia virtual y a poder recuperar la condición de aforados, lo que puede dificultar aún más la resolución judicial del juez encargado de resolver la petición de extradición, ya que los abogados de la defensa pueden argumentar que ha sido el pueblo el que ha optado de forma democrática a su reelección y que conceder la extradición sería facilitar una persecución política. En cualquier caso, lo que parece mucho más difícil es que puedan participar de forma activa en las sesiones del Parlamento ejerciendo el voto, ya que para ello sí que es preceptivo el que se realice de forma presencial, no siendo admitido otro medio de votación como por delegación de voto. Sería una toma de posesión meramente legal a los efectos de cobros de salarios, aforamiento y demás prebendas inherentes a su cargo. Nada impide tampoco incluso el que se integrasen en Comisiones parlamentarias. De hecho, la ausencia a las sesiones en el Parlamento Español, los clásicos “novillos” de Sus Señorías, no merecen ninguna sanción por el absentismo “laboral”, uno de cuyos casos más flagrantes se han dado con los Diputados de ERC Tardá y Rufián.

No deja de ser es una aberración el que prófugos de la Justicia y presos recluidos por su más que presunta participación en graves delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, no tengan ni siquiera temporalmente suspendidos sus derechos constitucionales en cuanto al sufragio pasivo y. por tanto, puedan presentarse y renovar sus cargos de representación con capacidad para volver a delinquir. Porque ¿qué valor puede tener el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de autónoma cuando ya han demostrado haberlo incumplido?

Y esto me lleva a la estrategia oportunista de los exConsejeros actualmente presos provisionales al querer acogerse a la que llaman “vía Forcadell” aplicada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a la Presidenta de la Mesa del Parlamento, por el nada creíble acatamiento de la aplicación del artículo 155 y de no reincidir en la desobediencia a la Constitución. Algo que el propio juez Llarena cuestionó en su Auto al admitir que esas afirmaciones podrían ser "mendaces". Pero es que ahora, con esa misma estrategia, los exconsejeros que la jueza de la Audiencia Nacional mandó a prisión provisional sin fianza en un Auto impecablemente redactado y fundamentado, van a presentarse ante el juez y así lograr su salida de prisión, con o sin fianza. Una resolución que el juez Llarena no puede rechazar al estar preso de su propia doctrina empleada con los componentes de la Mesa del Parlamento y su Presidenta.

Lo que no está claro es si todos los exconsejeros coincidirán en la fórmula concreta por la que intentarán convencer al juez Llarena de su cambio radical de posición, de no querer declarar a hacerlo ahora como arrepentidos y llenos de buenas intenciones de no reincidir en el delito, de no fugarse y de respetar aquello que no dudaron en violar de forma sistemática: la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Un cambio que no parece muy fiable desde el momento en que parecen querer introducir la clásica coletilla de “por imperativo legal”, usada por elementos anti sistema o nacionalistas independentistas en el momento de jurar o prometer sus cargos en el Parlamento de España o en el autonómico. ¡Pues claro que es por imperativo legal! Lo contrario sería una aberración y una ilegalidad que nada tiene que ver con la democracia. Se trata de que siempre debe imponerse el imperio de la Ley para así garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. No se trata de una imposición sino de una garantía de convivencia y del respeto por las reglas de juego que todos nos hemos dado. Algo que por cierto estos golpistas no han respetado de forma reiterativa y consciente para poder conseguir sus objetivos.

Está en manos del juez Pablo Llarena permitir de nuevo lo que no es sino un fraude de Ley, ya que un imputado no está obligado a decir verdad en sus declaraciones ni a declarar en su contra. Así que esas buenas intenciones, que han quedado en el caso de Carme Forcadell desmentidas al presentarse en unas listas de un partido, ERC, que no ha renunciado a perseguir la independencia, no tienen ningún valor como atenuante de los delitos por los que deben ser juzgados, ni como excusa para su liberación, ya que ni ha desaparecido el peligro de fuga, ni su influencia para la destrucción de pruebas, habida cuenta de que sigue intacta la infraestructura administrativa y social que colaboró a la culminación del golpe de Estado. No es casualidad que el último informe de la Guardia Civil, apunte al número dos de ERC, Marta Rovira, como la principal responsable de la coordinación de los sucesos del 1 de octubre. La estructura de poder sigue intacta.

¡Que pasen un buen día!


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