Un país a la deriva

El difícil retorno a la legalidad (30)

26.11.17 | 09:38. Archivado en Política Nacional

¿ESQUIZOFRENIA O DEMAGIA POLÍTICA? PUIGDEMONT SIGUE IMPUNEMENTE EN BRUSELAS BURLÁNDOSE DE ESPAÑA SIN QUE LA JUSTICIA DE BELGICA HAGA NADA POR IMPEDIRLO.

Lo del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a Cataluña ha entrado en una espiral que ben podría calificarse de esquizofrenia política y, siendo benévolos, en pura demagogia y oportunismo político. Porque no otra cosa es decir ahora que tras las elecciones autonómicas del 21D “dará incentivos fiscales para la vuelta de las empresas que decidieron abandonar Cataluña por la crisis política e inseguridad jurídica y para facilitar que otras empresas consideren su establecimiento allí”. Una posición que no encaja bien con la aprobación exprés de facilitar el traslado de las sedes sociales y fiscales de las empresas por decisión mayoritaria de los Consejos de Administración, sin tener que acudir a la consultar a la asamblea de socios. Una decisión que tuvo su rápida respuesta en el traslado de más 2.700 empresas, principalmente a comunidades como Valencia, Madrid y Baleares. Una propuesta que el PPC llevará en su programa electoral, queriendo convencer de que el 22D Cataluña habrá recobrado la normalidad y la seguridad jurídica, algo que simplemente es mentira, y lo saben.

No resulta tan llamativo el que además se intente anular el movimiento de boicot a lo que se llama “marcas con arraigo en Cataluña”. Y aquí no quiero poner los típicos ejemplos de empresas ubicadas en Cataluña que tienen en el resto de España uno de sus principales mercados. El proteccionismo del Gobierno de España ha llegado hasta límites inadmisibles al imponer medidas como la de no permitir el incremento de producción de cava extremeño, que junto al excelente cava valenciano, hacen una clara competencia a esas marcas catalanas por todos conocidas y dominantes del mercado. Y es verdad que las industrias en España están interrelacionadas y que el fracaso de unas repercute en otras fuera de esa comunidad. Al fin y al cabo estamos en un mercado global y un Estado es como un organismo superior donde los diferentes órganos mantienen una interdependencia y contribuyen a la supervivencia común.

Pero el querer ahora arrepentirse de lo hecho al ver las consecuencias, es solo una reacción desesperada que no tiene ningún recorrido. En primer lugar porque precisamente el PPC, que representa a la facción dura del partido que sustenta al Gobierno, no está en condiciones de cumplir con sus promesas electorales, ya que su probabilidad de alcanzar el poder en la Generalidad es prácticamente nula. En el mejor de los casos, las encuestas le otorgan el mismo número de diputados y le relegan a la última posición en el Parlamento autonómico. Y otra falacia es creer que el PSC forma parte del grupo de partidos que dicen ser constitucionalistas. La realidad es bien distinta. Miquel Iceta dice que no pactará con los independentistas ni formará parte de un gobierno tripartito con ERC y los Comunes, pero también dice que no apoyará a un candidato de derechas, en el que incluye a Inés Arrimadas. Sin embargo, el PPC no dudaría en apoyarle si la suma diera la mayoría a los constitucionalistas, algo por ahora bastante improbable.

Lo que no consigue entender el Gobierno de España es que las empresas actúan exclusivamente por motivos económicos pero que se basan en garantías de estabilidad, tanto en el orden social como de seguridad jurídica. El dinero es muy cobarde y rápidamente huye de los conflictos. Y una vez perdida la confianza es muy difícil recuperarla. Tan difícil como este retorno a la legalidad y a la normalidad en una autonomía fragmentada por culpa de las ensoñaciones independentistas de unos fanáticos dirigentes que han engañado a los ciudadanos de su comunidad. Tras haber facilitado la huida y consolidado la idea de la inestabilidad en el corto y medio, y quien sabe si quizás en el largo plazo, ahora no puede retractarse a base de crear argucias de incentivos fiscales cuya legalidad es más que dudosa respecto a aquellas empresas que siguen afincadas en esa comunidad por no haber optado por la huida.

Otro error de un Gobierno que sigue improvisando y actuando como una veleta dependiendo de por dónde sopla el viento, en este caso el del oportunismo político. Una descalificación que últimamente está en boga para denostar al enemigo político, como ha sido el caso de CIUDADANOS en el Congreso de los Diputados por su posicionamiento en asuntos como el del adoctrinamiento en la enseñanza en la Comunidad de Cataluña, o el mezquino apaño del Cupo Vasco usado como pago mercenario de apoyos del independentismo vasco. Se califica de oportunista, de demagogo y de ignorante y otras lindezas por el estilo a quienes se atreven a denunciar ante los ciudadanos una realidad incómoda que vulnera derechos fundamentales y evidencia la desigualdad de los españoles dependiendo de su lugar de nacimiento o de residencia.

Mientras tanto, el prófugo de la Justicia de España, Carles Puigdemont sigue en Bruselas libremente burlándose de los jueces, del Gobierno y de los españoles sin que la Justicia belga haga nada por impedirlo. Este sujeto actúa como Presidente del Gobierno de la Generalidad legítimo y se atreve a pedir una reunión bilateral con Mariano Rajoy mientras que un irresponsable Albiol del PPC suplica tener un cara a cara con el golpista huido. ¿Es esto también esquizofrenia del PP? La verdad es que no se entiende qué es lo que pretenden y por qué el Gobierno de España no protesta ante las autoridades de Bélgica su actitud de connivencia con quien hace tiempo que debería estar declarando ante el juez, ahora Pablo Llarena que ha asumido la causa que llevaba la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional.

Porque no se puede consentir que este despreciable sujeto acuse al Gobierno de España dando a entender que estaría dispuesto a todo, incluyendo en ese todo actuar con violencia con resultado de muertes. Una acusación mezquina de la que se hizo eco no hace muchos días la candidata número dos de ERC, Marta Rovira, contra la que la Fiscalía aún no ha actuado exigiéndole responsabilidades penales por sus graves acusaciones sin aportar prueba alguna, salvo el de me dicen que dijeron que. Es deber del Gobierno de España denunciar la actitud de Bélgica ante la UE y consentir que se ponga en duda la homologación democrática de España respecto al respeto por los derechos de los ciudadanos. Una situación la de Carles Puigdemont y los exconsejeros que siguen huidos de la Justicia y han obtenido refugio en ese país. Una vergüenza y un desprecio a toda una sociedad que ha dado sobradas muestras de su apuesta por la democracia tras una dura transición desde la dictadura.

Va siendo hora de que el Gobierno de España deje de actuar como una veleta y de forma totalmente oportunista y electoralista, dando muestras de que solo le mueven objetivos partidistas y personales.

¡Que pasen un buen día!


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