Un país a la deriva

Golpe de Estado en marcha (21)

26.09.17 | 08:08. Archivado en Política Nacional

DE MOMENTO NO SE HA CONSIDERADO OPORTUNO RECLAMAR ESA DETENCIÓN.

El Fiscal General en una entrevista de ayer mañana en ONDA CERO, declaró que “Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC)”. Sin embargo, y a pesar de que el delito de malversación conlleva pena de cárcel, dijo que de momento no se ha considerado “oportuno” detener a Carles Puigdemont. O sea, que ahora la Justicia se mueve en España por razones de oportunidad. ¿Es eso lo que pasó la semana pasada con la detención de los catorce altos cargos de las Consejerías de la Generalidad? En ese caso, así se lo debió parecer al juez responsable del Juzgado n 13 de Barcelona, y al propio Tribunal Constitucional cuando impuso unas multas muy cuantiosas por desobediencia.

La Justicia no puede actuar o modular su celo en razón de la oportunidad. Porque ¿de qué tipo de oportunidad estamos hablando? ¿jurídica o política? Como oportunidad jurídica, tal concepto no existe, o al menos no debería existir y sí cumplir con los plazos estipulados y los procedimientos establecidos a la hora de ser escrupulosos en la defensa de los derechos de los imputados o acusados. No tener en cuenta esos preceptos, conlleva a instrucciones farragosas e inacabables que duran largos años, o a la famosa pena del telediario y a la exposición pública de aquellos que son objeto de detenciones mediáticas, retransmitidas y difundidas en horas de máxima audiencia. Eso simplemente es una motivación de oportunidad política inadmisible en un Estado de Derecho.

El Fiscal General debe dar una inmediata aclaración a sus palabras y desdecirse de ellas porque no han sido nada oportunas y pueden dar la impresión de una actuación que se modula en función de la oportunidad o inoportunidad del momento. O se tienen indicios o pruebas suficientes para montar una acusación formal y presentar el caso ante un juez, o se debe uno abstener de difundir opiniones personales, intuiciones o deducciones con acusaciones que no llevan a nada concreto, sean o no oportunas. Si la Fiscalía, tal y como asegura, está convencida de que Carles Puigdemont está cometiendo delitos, de la misma o mayor entidad que los que consideró el juez del Juzgado nº 13 de Barcelona, entonces debe seguir el mismo procedimiento y proceder a su detención sin esperar que la oportunidad le sea más favorable porque, o bien reincida en el delito, o bien llegue a cometer otro de mayor entidad como el de proclamar de forma unilateral la república de Cataluña.

También ayer se produjo un desplante por parte del Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero (un apellido que le va como anillo al dedo) cuando no acudió a la reunión a la que había sido convocado por parte del coordinador policial el Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En su lugar mandó a un subalterno de tercer nivel y además hizo declaraciones a los medios diciendo que “arrebatar a los Mossos parte de sus competencias afecta a la profesionalidad y el prestigio de quienes han cumplido escrupulosamente y en todo momento con los requerimientos y las órdenes dadas por esta Fiscalía”. Una aseveración que no deja de ser surrealista cuando existen vídeos y testimonios que la contradicen. La pasividad de los Mossos en las revueltas tumultuarias fue vergonzosa. Y ahora además dicen que la coordinación es innecesaria y que ya disponen de un plan de actuación para el 1 de octubre, que, en opinión del Fiscal General Maza, es válido para unas elecciones normales, pero no es suficiente para impedir el referéndum, que es lo que se les ha ordenado. Y aquí sí que creo muy oportuno dejar bien claro a este mayor_domo que no aceptar el mando del coordinador no es una opción, sino una orden que deben acatar o sufrir las consecuencias de su desobediencia.

En mi opinión, hace mucho tiempo que algunos destacados dirigentes del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento, así como destacados dirigentes de asociaciones separatistas como la ANC y OMNIUM debían estar frente a la Justicia dando cuenta de sus delitos, incluido el de sedición. Haber considerado inoportuno actuar conforme a lo que marca la Ley, nos ha llevado a que el independentismo se haya sentido y se sienta envalentonada en su desafío y con impunidad para perseverar en sus delitos. Haber obviado el delito de malversación de fondos a Artur Mas y resto de juzgados, hasta que el Tribunal de Cuentas decidió exigir el reintegro de los gastos incurridos con multa administrativa incluida, en aquella farsa de consulta referéndum del 9 de noviembre del 2014, fue un acto de oportunismo político y contención voluntaria a la hora de acusar. Usar ahora al Tribunal de Cuentas se llama ir por la puerta de atrás, cuando en el juicio ya debió de considerarse con la consecuencia de que a la inhabilitación se podía sumar una pena de prisión.

Mal vamos si la Justicia depende de algo tan etéreo, inconsistente y manipulable como el concepto de oportunidad. Porque en muchos casos, hay quienes nunca ven el momento oportuno para hacer nada porque su carácter indeciso y apocado, está más pendiente del “qué dirán”. Eso se llama “bloqueo emocional” y algunos le llamamos, cobardía.

Por si sirve de algo, creo que es muy oportuno dejar que el pueblo español se pronuncie y por eso pido ¡ELECCIONES GENERALES YA!

¡Que pasen un buen día!


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