Un país a la deriva

Golpe de Estado en marcha (9)

14.09.17 | 09:43. Archivado en Política Nacional

LA SACROSANTA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA JUSTIFICAR EL DESACATO A LA LEY.

Estamos asistiendo en varios frentes a la apelación a la sacrosanta libertad de expresión para justificar la desobediencia a las sentencias judiciales. En el caso de Madrid y el acto de propaganda a favor de referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, los convocantes, ligados a Ahora Madrid, marca blanca de PODEMOS, ha sido la propia alcaldesa Manuela Carmena la que hasta ayer defendió a ultranza ese derecho y el apoyo de su alcaldía a la libertad de que cada uno exprese sus ideas, incluso como en este caso en un acto considerado de apología de un delito, el de celebración de un referéndum inconstitucional. La portavoz del consistorio, la protegida y pupila de Manuela Carmena, la despelotada asalta capillas católicas, Rita Maestre, aludió a ese acto como una forma pacífica de ejercer la libertad de expresión. Finalmente, tras la sentencia del juez del caso, Manuela Carmena se ha visto, por la cuenta que le trae, obligada a suspender el acto y recular en lo que era otro más de los usos sectarios y partidistas del Consistorio de todos los madrileños.

En cuanto a Carles Puigdemont, esta vez se ha pasado de listo y su prepotencia le ha llevado a cometer el error de dar difusión vía tweet a la nueva dirección de la página web que sustituye a la que la Generalidad había editado como banderín de enganche de los “voluntarios” para la organización del referéndum y que fue cerrada por orden judicial. Este nuevo desacato no puede pasarse por alto y la Fiscalía debe actuar para proceder a cerrar la nueva página web abierta y garantizar que se cumpla la ley. Y es que deben de estar muy desesperados para que tenga que ser el propio Presidente del Gobierno de la Generalidad el que “se moje” en las redes sociales para dar la sensación de que siguen controlando el proceso, cuando la única razón es que por ahora no se están tomando medidas cautelares contra los secesionistas responsables. Pero eso deberá acabarse en algún momento antes de que consumen su delito.

Por lo pronto, la Fiscalía ha comenzado por citar a declarar a todos los alcaldes de municipios que públicamente han manifestado su posición a facilitar el referéndum ilegal. Son más de 700 ediles independentistas, aquellos que conforman la copia de la célebre Udalbiltza de El País Vasco y Navarra, (Agrupación de municipios y electos municipales de Euskal Herría) pero a la catalana, como la crema. El desfile judicial se ha iniciado en orden decreciente de ciudadanos de los municipios. Una acción se supone que encaminada a verificar si los susodichos alcaldes se ratifican en sus intenciones de desobedecer y prevaricar o, como será lo normal, se retractarán de sus declaraciones para eludir la acción de la Justicia, hasta que el día 1 realmente opten por delinquir y fiarlo a los acontecimientos posteriores a la celebración del referéndum.

Y es que existe una tendencia a confundir libertad de expresión con libertad de acción. Algo que la Justicia debe aclarar de una vez por todas. Ni todo lo que se dice automáticamente queda amparado por la libertad de expresión, existiendo límites claros en cuanto a lo que se considera delito de injuria, difamación, intrusión al Honor, etc., ni todo lo que se actúa queda amparado por esa libertad de expresión ni de acción. Asaltar una capilla de rito religioso, con independencia de la religión, es atentar contra la libertad de los presentes en ese recinto a la práctica de su credo. Lanzar soflamas injuriosas e insultantes, como hizo la irrespetuosa activista Rita Maestre, fue sancionado como delito negando la defensa de la libertad de expresión. En el caso del acto promovido por Ahora Madrid y apoyado por la alcaldesa Manuela Carmena y sus ediles podemitas, es un claro desacato a una sentencia judicial. Y es que los únicos intérpretes legitimados de las leyes son los jueces, en este caso el tribunal Constitucional, cuya sentencia de suspensión de cualquier acto favorable a la realización del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, no puede ser obviado ni estar sujeto a la interpretación discrecional de terceros. Las sentencias judiciales se acatan en primer término, y si es el caso, se recurren en aquellos aspectos en los que se está en desacuerdo.

Estamos en una fase de aceleración de los movimientos judiciales como respuesta a la continuada desobediencia de aquellos que deberían ser los primeros obligados a respetar y cumplir las sentencias judiciales. Pero la realidad es que, como ya estamos viendo en el caso del Gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, y ahora en los alcaldes independentistas de los municipios de Cataluña, se mantiene y se persevera en la desobediencia y en el desacato, no quedando otra opción que la judicial para neutralizar que se siga delinquiendo impunemente.

Es verdad que estas medidas debieron ser las tomadas desde el primer día en que algún alcalde o consistorio pro independentista desobedeció con actuaciones como quitar de sus mástiles de honor a la bandera de España e incluso la oficial de la autonomía, la senyera, para sustituirlas por la ilegítima “estelada”. O cuando se permitió que se injuriase repetidamente mediante pitadas estruendosas y en presencia del Jefe del Estado, al himno de España. O cuando se permitió que se celebrase la farsa de consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014 sin tomar las medidas cautelares que ahora sí se quieren adoptar, ni enjuiciar a los responsables. Un error que no puede volver a repetirse.

¡Que pasen un buen día!


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