Un país a la deriva

Golpe de Estado en marcha (4)

09.09.17 | 08:46. Archivado en Política Nacional

REQUERIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS
¿Qué es una movilización democrática? Esas dos palabras están siendo usadas como mantra por la ultraizquierda de PODEMOS y sus marcas blancas en Cataluña. Se supone que es una manifestación de una parte de la ciudadanía que toma la calle cono foro de debate para justificar la comisión de una ilegalidad anti democrática. Porque si vamos a eso, cada manifestación de las miles que recorren las capital de España y otras ciudades, son expresiones de una movilización democrática de los diferentes grupos que exigen el cumplimiento de sus reivindicaciones, ya sean laborales, ideológicas o de cualquier otra clase. La democracia consiste en eso, en poder expresar en libertad, y con respeto, aquello que se considere oportuno y justo. Lo malo es que esa regla aplica a todos y lo mismo vale para una reivindicación y la contraria. Un ejemplo lo tenemos en el tema de los que defienden el aborto libre y los grupos que se llaman “pro vida”. O entre nacionalistas independentistas y constitucionalistas. Todas son movilizaciones democráticas y no por ello hay que favorecer a unas en perjuicio de otras.

Y es que, en democracia, los principales foros de debate son precisamente las Instituciones donde se reúnen los representantes elegidos por los ciudadanos. Es decir, los llamados parlamentos. Una palabra que significa diálogo, debate de ideas y de propuestas y donde se pactan resoluciones de forma democrática. Un foro donde existen unas reglas acordadas donde lo que predomina es precisamente el respeto a la pluralidad y a las minorías. Un parlamento pierde ese nombre y su esencia en el momento en que se pierde ese respeto y se intenta imponer el rodillo de las mayorías y se intenta silenciar al resto hurtándole la posibilidad y el derecho a expresar su opinión. Un secuestro de la Institución profundamente anti democrático y que solo puede ser calificado de dictatorial. Y eso es lo que han perpetrado los partidos independentistas de ERC, PDeCAT y la CUP, con la complicidad de la marca blanca de PODEMOS en estos días desaforados de desobediencia e insumisión aprobando leyes inconstitucionales de cara al referéndum y la llamada “desconexión” de Cataluña de España.

Los dirigentes del Gobierno de la Generalidad y los representantes de esas formaciones en el Parlamento de Cataluña, están fabulando y confabulando para imponer a toda la sociedad española, no solo a la catalana a la que desprecian, un escenario donde solo consideran válidas sus propias reglas. Su justificación se basa precisamente en una falsedad que es interpretar el sentimiento de una parte de la sociedad catalana, como aval democrático para reclamar una soberanía y un derecho a decidir inexistentes sobre una cuestión, que la Constitución de España solo reconoce al conjunto del pueblo español. Y no solo eso, se acude a la mentira más grosera para acusar al que llaman “Estado opresor” de persecución y de robar al pueblo catalán. Una propaganda típicamente fascista usada para enaltecer el sentimiento anti español y movilizar los más bajos instintos de odio. Una movilización que nada tiene de democrática y sí de revolucionaria y frentista con incitación a la violencia.

Movilización democrática y derecho a decidir, dos mantras que algunos como los de PODEMOS y sus marcas regionales y locales, lanzan constantemente para justificar lo injustificable, que es la desobediencia a las sentencias judiciales y anteponer la ilegitimidad sobre la legalidad vigente. Porque una cosa es cuestionar y debatir sobre diferentes conceptos y alternativas democráticas y otra dar por sentado la existencia de sujetos jurídicos no reconocidos como tales. No hay excusas para incumplir la ley. Sin embargo, estos sectarios demagogos se creen con el derecho a interpretar la ley según les convenga a sus intereses o a su ideología. Es por eso que la respuesta de la alcaldesa de Barcelona al requerimiento por parte del Gobierno de la Generalidad para que ponga a disposición locales para la celebración de un referéndum declarado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Constitucional intenta desmarcarse del estricto cumplimiento de la ley. Su negativa no ha sido firme ni contundente, sino de una ambigüedad calculada al inquirir al Presidente Carles Puigdemont “que nos informe de cuáles son las actuaciones que tiene previstas, dadas las nuevas circunstancias”, reiterándole” la disposición del Ayuntamiento de Barcelona (supongo que solo de aquellos que sustentan su equipo de Gobierno) para garantizar y facilitar el derecho a la participación política y a la movilización ciudadana, siempre que no se ponga en riesgo ni la Institución ni los servidores públicos municipales”. Es decir, le pide que le dé cobertura legal o alternativas para que pueda colaborar a ejercer ese derecho. ¿Hace falta tener más hipocresía?

Menos mal que por fin parece que el Estado de Derecho si que ha empezado a movilizarse. Su carácter democrático nadie lo puede poner en duda y además le asiste la legitimidad de estar del lado de la ley, justo lo contrario de la otra movilización independentista. No le veo a Ada Colau ni a los de PODEMOS mostrar respeto ni simpatía por esa movilización democrática en representación de todos los españoles para devolver la legalidad a unas Instituciones asaltadas y secuestradas por grupos sediciosos que intentan destruir la convivencia desobedeciendo las leyes y las sentencias de los Tribunales de España. Y aquí no hay equidistancias ni posiciones de superioridad democrática, basta con respetar la ley y los cauces democráticos para el debate de ideas y de propuestas. Algo que PODEMOS no admite y quiere ampliarlo a esas movilizaciones, escraches y algaradas callejeras.

¡Que pasen un buen día!


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    • Vicente A. C. M. Vicente A. C. M.

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