Un país a la deriva

ERC amenaza con violencia.

03.09.17 | 18:50. Archivado en Política Nacional

Si hacemos caso a las soflamas de los secesionistas llegaremos a la conclusión de que el día 1 de octubre los dirigentes sediciosos lanzarán a sus huestes contra aquellos responsables de neutralizar el golpe de Estado en forma de referéndum inconstitucional. Por un lado, un delincuente como Carles Puigdemont dice que “no va a aceptar ninguna suspensión de sus atribuciones” ya que estas provienen del Estatuto de Autonomía, que considera siempre por encima de la Constitución de España y no supeditado a ella como ordenamiento inferior que es. Y por otro lado, la Secretaria General de ERC, Marta Rovira, lanza su amenaza de violencia declarando que “si el Estado o sus instrumentos atacan de forma directa los elementos esenciales del referéndum, como las urnas, los colegios o los coordinadores electorales, entonces habrá que reaccionar”. ¿Qué otra cosa podíamos esperar de la representante de un partido con antecedentes terroristas de la banda Terra Lliure?

En cuanto al que llaman “cocomocho”, su dialéctica de amenazas de desacatos va en aumento conforme se acerca la hora decisiva de la tramitación de las famosas leyes de desconexión en el Parlamento. Se habla de que será en el próximo pleno de los días 6 y 7 de esta semana que comienza, cuando la Mesa del Parlamento dé el paso adelante definitivo hacia la insumisión y desobediencia al Tribunal Constitucional, con la inclusión en el debate exprés para su aprobación del núcleo legal que acompaña al proceso de independencia, comenzando por la convocatoria del referéndum. Las palabras de este Presidente de la Generalidad, dan una idea de hasta dónde piensan llegar y mostrarse al mundo como mártires del proceso y si hay “sangre” y víctimas, mejor. Este payaso se cree con inmunidad ante el Estado de Derecho y las leyes y se siente seguro porque parece contar con la colaboración, activa o pasiva, de algunos mandos de los Mossos, como fuerzas de seguridad autonómicas, dispuestos también a traicionar la legalidad vigente y ponerse al servicio de los secesionistas.

Muchos ya vaticinábamos que esta situación podría darse por no haber actuado de forma firme y con contundencia en el primer acto institucional de desacato, con la convocatoria de aquella consulta ilegal y su posterior farsa de celebración, urnas de cartón incluidas. No se quiso actuar con la ley en la mano y ahora habrá que acudir a algo más que la proporcionalidad para imponer la ley usando la mano. Porque estas declaraciones de Carles Puigdemont no pueden dejarse pasar como si nunca hubiesen sido realizadas. Su amenaza consiste en que deberán “obligarle” (claramente por la fuerza, detención mediática incluida) para que deje su cargo electo como Presidente del Gobierno de la Generalidad. Y ello, amparado en que esa acción solo se puede dar en los casos que el Estatuto de Autonomía contempla. Y menos mal que no ha hecho mención a esa famosas leyes de desconexión que piensan aprobar esta próxima semana, en las que además se indulta a todos los partícipes en el proceso separatista.

Lo de Marta Rovira es simplemte de juzgado de guardia y motivo suficiente para que la Fiscalía ya hubiese actuado de oficio contra semejante acémila violenta. Y claro, debería ser muy consciente de que apelar a la violencia, contradice y desmiente el discurso de que “son un pueblo que desea la paz”, pero a lo que se debe añadir y subrayar aquello de que “si quieres paz, prepara la guerra”. Y esto es un claro y violento golpe de Estado contra España y contra todos los españoles por aquellos que quieren imponer por la fuerza de los hechos consumados una secesión de un territorio de España. No querrán además que eso se realice sin que el Estado de Derecho ponga todos los medios legales y coactivos a su alcance para evitar que se lleve a cabo. La violencia solo puede generar violencia, aunque esta se aplique de forma lo más “proporcional” posible.

Por último, los responsables de este proceso de golpe de Estado no pueden sino esperar ser tratados como lo que son, delincuentes que deben ser detenidos, juzgados y condenados por la Justicia, no la que ellos quieren establecer bajo su poder ilegítimo para indultarse, sino la de España y sus Altos Tribunales.

Solo espero que esta vez el Gobierno de España cumpla con su deber de defender la legalidad vigente y neutralice este golpe de Estado abandonando ya el cruce de declaraciones y de intenciones para pasar a las actuaciones proporcionales, pero justo las necesarias para reducir a los golpistas y tomar las riendas de una autonomía declarada en rebeldía, insumisión y claro desafío secesionista. Unas actuaciones que deben contemplar el asegurarse la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, así como la colaboración y lealtad de los Mossos en la cadena de mando, o bien, en caso de insumisión y desobediencia, garantizar su neutralización y sustitución por otros cuerpos de las FFyCCSE presentes en la autonomía.

Mi pregunta sigue siendo a estas alturas ¿Cuál es el límite que la Fiscalía considera en las declaraciones de este payaso de Puigdemont o la revolucionaria Rovira para iniciar acciones legales contra ambos?

¡Que pasen un buen día!


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