Un país a la deriva

Espectáculo bochornoso.

30.08.17 | 10:23. Archivado en Política Nacional

Hoy el diario La Razón, cuyo director es el polémico Francisco Marhuenda, azote de toda la izquierda y de los que critican a Mariano Rajoy, se advierte de que el tribunal Constitucional no va a ejercer su potestad de sancionar con la suspensión a los responsables de haber desobedecido sus sentencias. Al parecer la mayoría de los jueces no son partidarios de ir más allá de emitir las sentencias y dejaría en manos del Gobierno, en este caso de la Fiscalía, la ejecución. Sin embargo, jurídicamente eso entraría en un camino enrevesado de denuncia, enjuiciamiento y sentencia condenatoria, algo que haría que los desobedientes sediciosos siguieran en su cargo de responsabilidad hasta que hubiese una sentencia firme. Es decir, el Tribunal Constitucional se quiere inhibir de lo que la propia Ley le reconoce como facultad resolutiva de sus propias sentencias. En este caso, los jueces se quieren cobijar y eludir su responsabilidad tras el Gobierno de España, de igual modo que el Gobierno de España ha estado cobijándose bajo las togas de los jueces del Tribunal Constitucional para eludir su responsabilidad ejecutiva.

Algunos a esto le llaman “pasarse la patata caliente”. Yo, simplemente le llamo cobardía política y terror paralizante del vértigo por asomarse al abismo del desafío secesionista. Porque si hay algo que no puede aludirse es desconocimiento de las intenciones de los secesionistas que desde hace meses iniciaron lo que llaman “proceso de desconexión” con la tramitación de leyes como la de Transitoriedad, el cambio del reglamento del Parlamento para la tramitación exprés delas leyes, e incluso la amenaza de legislar vía Decreto Ley esas leyes sin someterlas al debate parlamentario. Unas actuaciones acompañadas por declaraciones incendiarias con amenazas directas de declarar unilateralmente la independencia y la de desobedecer la prohibición de realizar el referéndum inconstitucional, en el que además darían por válido el que el número de síes supere al de noes con independencia del índice de participación.

Y ¿en qué estamos ahora? Pues en primer lugar en una frustrante soledad de un Gobierno que se ve maniatado por la oposición, PSOE y CIUDADANOS, que, en vez de formar un frente común constitucionalista de acción contra los secesionistas, imponen limitaciones a las respuestas y coartan la aplicación del único artículo incluido en la Constitución, el 155, previsto para situaciones límite de gestión desleal o flagrante perjuicio para España por una mala gestión. Nadie de los redactores de la Constitución, pudo imaginar el nivel de desafío y rebeldía al que llegarían los responsables autonómicos como los del Gobierno y Parlamento de Cataluña. En segundo lugar, presenciamos una actitud oportunista y sectaria por parte del resto de los partidos nacionalistas y el otro partido de ultra izquierda radical, el que forma la actual coalición de UNIDOS PODEMOS (IU y PODEMOS) con las marcas regionalistas y nacionalistas de este último. Y en tercer lugar, la extrema cobardía de un Gobierno que habiendo estado en mayoría parlamentaria, permitió la celebración de una consulta ilegal y que el desafío secesionista se haya incrementado hasta los límites demenciales alcanzados en esta nueva legislatura.

Y no parece que esto vaya a cambiar en el escaso tiempo que queda para que se llegue a la celebración del nuevo referéndum inconstitucional, para el que los convocantes se jactan ya de disponer de las suficientes urnas (más de 8000 burlando la prohibición de su compra con fondos públicos), del censo y de la disponibilidad de los recintos que se usarán como colegios electorales. Y ello apoyado en una legislación “ad hoc” que permita no solo la celebración del referéndum, sino las bases de la nueva legalidad que legitime la declaración unilateral de independencia de la nueva República de Cataluña. Porque estamos en lo de siempre, en que la Fiscalía solo actúa cuando ya el delito se ha consumado. Las simples declaraciones y amenazas no son suficientes para despertar su celo. Una norma que no se cumple, por ejemplo, en el caso del terrorismo donde las declaraciones y amenazas se toman con total seriedad. Y es que para los secesionistas, el proceso de independencia es algo que desde siempre se han tomado muy en serio, y el Gobierno de España se ha negado a calificarlo de algo más que una patochada.

Y ahora es cuando el proceso secesionista ha adquirido una envergadura en la que ya no se puede seguir contemporizando y se debe actuar con la misma contundencia y celeridad que los secesionistas aplican a sus actuaciones. Ya dije en una ocasión de que el Gobierno de España y la Justicia van dos pasos por detrás de los delincuentes. Ahora, esa distancia ha aumentado y deberán acelerar para poder impedir que lleguen a la meta. Lo que pongo en seria duda es si se van a sobreponer a la sensación de ya haber sido derrotados y confiarse exclusivamente a una posible descalificación por parte de los jueces de carrera.

Estamos en las semanas clave para saber si finalmente se impondrá el Estado de Derecho o iremos inevitablemente a una fractura de España con la secesión de uno de los territorios nucleares de la existencia de España y sin el cual no se entiende la Nación como tal. Cataluña es parte esencial de España y España no puede concebirse sin Cataluña. No se puede consentir que el secesionismo triunfe con sus propias reglas anti democráticas e inconstitucionales. Los poderes del Estado deberán impedirlo.

¡Que pasen un buen día!


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