Un país a la deriva

Ciudades sin Ley: Okupas y propietarios.

07.03.17 | 14:49. Archivado en Política Nacional

Creo que Ada Colau, la protectora de los okupas, debería sufrir su propia experiencia de ver su vivienda habitual ocupada a una vuelta de vacaciones. Es simplemente inadmisible el que se admita una situación de ocupación violenta, -ya que se ha debido forzar el acceso -, y se condene al propietario o propietarios legales a pasar por un calvario judicial y verse en la calle por la permisividad de la Ley con los delincuentes. Porque no otra cosa son los que se introducen en una vivienda que no es suya para usarla como alojamiento. Y ¿qué hace la Justicia? Proteger al asaltante de la vivienda y evitar que el legítimo propietario la intente recuperar usando digamos medios coactivos que fuercen a los delincuentes a abandonar su ocupación.

No, la Ley, siempre tan comprensiva con el delincuente, exige una serie de trámites para que un juez decida finalmente sobre la legitimidad de quien reclama la propiedad aportando cuantos documentos fehacientes lo demuestren, si es que no los tiene en su casa ocupada por los intrusos, y ordenar, entonces sí, el desalojo de los parásitos okupas. Tampoco se garantiza nada sobre el estado de deterioro, robos de mobiliario, etc., ni la compensación por los daños causados, ya que siempre se trata de personas insolventes. Se da por supuesto el que los asaltantes okupas que se encuentran en la vivienda son legítimos residentes hasta que no se demuestre lo contrario. Nadie se va a molestar en pedirles los documentos como el Título de Propiedad, recibos de servicios, etc. para averiguar que no son los legítimos propietarios.

El allanamiento de morada sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal en su artículo 202 y siguientes que dice:
1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Es decir, se considera un delito menor nada menos que la ocupación de la vivienda habitual de un ciudadano por unos desaprensivos, sin considerar los perjuicios causados a los legítimos propietarios, económicos, materiales, sanitarios, etc. en una clara discriminación demasiado comprensiva y benevolente con los delincuentes. Y es que en España sigue siendo barato matar, robar y por lo que se ve ocupar casas ajenas, hasta que un juez en un largo proceso decida resolver a favor de los perjudicados, los propietarios y residentes legítimos de la propiedad ocupada ilegalmente.

Algo falla en la Justicia cuando no existen medios coactivos lo suficientemente convincentes para acabar con esta lacra social que es el movimiento Okupa que se aprovecha de este sinsentido jurídico y de la excesiva permisividad de una Ley que no defiende algo tan fundamental recogido en la Constitución como el derecho a la intimidad y la propiedad privada. Algo falla en la Ley cuando se anteponen unos supuestos derechos de los delincuentes ocupas con los derechos del propietario a recuperar su vivienda, sus pertenencias y su vida robadas con total impunidad. Algo falla en la Ley cuando los perjudicados son los inocentes y los culpables se van con una condena irrisoria.

Ada Colau, la pancartera del movimiento anti desahucios, no duda, ahora que es gracias al PSC la alcaldesa de Barcelona, en ponerse del lado estricto de la Ley en defensa de los derechos de los okupas acogiéndose a que debe existir una orden judicial para realizar el desalojo sin que medien otros medios y métodos coactivos. O sea, aquello de tomarse la justicia por propia mano como aquello del famoso “cobrador del frac”. Así que los sufrido e nocentes propietarios legítimos hemos de esperar pacientemente a que, tras la correspondiente denuncia y aportación de pruebas fehacientes, Su Señoría no tenga ninguna duda de nuestra justa demanda para que cuando así lo considere oportuno sentencie a nuestro favor y se dé la orden de desalojo. ¡Menuda cabronada! Y mientras ¿quién nos resarce de los perjuicios y de la sensación de haber sido violados en nuestra intimidad?

Lo que sí que tengo claro es que ninguna deficiencia social cuya resolución es responsabilidad de las diferentes Administraciones públicas pueden ser excusa para permitir que campen a sus anchas estos movimientos okupas que, la mayoría de las veces, esconden a verdaderas mafias y elementos indeseables, verdadera escoria social que conoce muy bien la Ley y sabe aprovecharla para su beneficio con claro perjuicio de aquellos a los que estos delincuentes han elegido como sus víctimas. La propia vivienda es para un español algo más que una simple residencia, Es toda una vida plagada de recuerdos, de vivencias, de documentación, de enseres y merece la protección que la Constitución recoge como un derecho fundamental. No hacerlo es dejación de responsabilidad y convierte a las Administraciones públicas en cómplices de los delitos de allanamiento de morada.

¡Que pasen un buen día!


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