En el mismísimo Quijote de Cervantes ya se escribía aquello de "con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho". Pues aquí, el abogado D. Fernando Pamos se ha encontrado con la Fiscalía general, ahora la del PP, dispuesta a corroborar la falsedad de las palabras de Su Majestad el día de Noche Buena cuando dijo de que todos somos iguales ante la Ley. Se trata nada más y nada menos que una denuncia contra la actual Infanta de España Dª Cristina de Borbón, actual cónyuge de D. Iñaki Urdangarín, implicado en turbios asuntos económicos.
¿Y quién es este osado abogado dispuesto a decir cosas tan poco lógicas como que la Infanta dueña del 50% de la empresa Aizoon tuviera conocimiento de las actividades ilegales y poco ejemplares de esa entidad copropiedad de su marido? Es claro que aquí no valen los manidos argumentos de los "secretos de alcoba" o de las juntas de accionistas y que la Infanta demuestre una inocencia angelical al no cuestionarse el asombroso enriquecimiento del patrimonio familiar, ni la contabilidad de sus empresas. Y es que ¿quién presta atención a tan mundanas cuestiones siendo la hija de un Rey de las Españas?
Es lo mismo que el abogado del Sr. Urdangarín cuya fe en su defendido es encomiable, aunque puede que le lleve a afirmar como verdades absolutas, lo que no son sino opiniones personales basadas en esa fe. Es evidente que su negativa al hecho de que se contratase a empleados ficticios con el ánimo de obtener desgravaciones fiscales, solo se basa en esta declaración "No, en absoluto. No tengo información precisa, pero estoy seguro de que no es así". O sea que su negativa de los hechos es puramente un acto de fe ciega en la palabra de quien le abona sus servicios. ¿Quién es capaz de dudar de la palabra de la realeza?
Lo que no sé es cuales son los motivos para que la Fiscalía General se niegue tan siquiera a investigar, aunque sea de una forma discreta, lo que a todas luces parece un comportamiento inusual y anómalo. Puedo entender que unos padres no quieran ver salpicada por estos turbios asuntos a su hija y menos a sus nietos, todos ellos pertenecientes a la Familia Real. Puedo entender que como cristianos creyentes ya sean católicos u ortodoxos como la Reina, se quiera defender a ultranza la unidad familiar y se evite el nuevo escándalo de otro divorcio, esta vez sin la previa "separación temporal de la convivencia". Puedo entenderlo todo, aunque con ello se demuestre que si uno tiene el poder al final hará uso de él en su propio beneficio.
Creo que debemos dejar actuar a la Justicia y que sean los jueces y las pruebas las que determinen la culpabilidad y responsabilidades de los que finalmente sean imputados. Lo malo es que sin razones de peso, se intente desde el principio buscar la exculpación de algunas personas por el simple hecho de su linaje o por su relación con el poder político y no por causas objetivas. Esto me recuerda el famoso caso "Bono" y su clan familiar, aunque salvando las distancias entre Realeza y plebeyos.
¡Dios, qué buenos vasallos si hubiese buen señor!.
La justicia debe ser igual para todos. Y de ahí no me apeo. La Fiscalía General del Estado ha de abrir diligencias para aclarar hasta el fondo este tema.
Un abrazo.
Jueves, 23 de febrero
Vicente A. C. M.
Rufino Soriano Tena
Juan Ramón Moscad Fumadó
Francisco Rubiales
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
José Luis Palomera Ruiz
Antonio Javier Vicente Gil
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Raúl González Zorrilla
Graciano Palomo
