Luchar contra la piratería sí, pero bajo tutela judicial.

05.12.09 | 18:08. Archivado en Política Nacional

Tal parece que este Gobierno ante su demostrada incapacidad para resolver los sucesos de piratería criminal de los últimos tiempos, ahora se va a dedicar a ser el censor máximo de Internet creando un C.A.C. de vigilancia y control con plenos poderes y no sujeto a ninguna autoridad judicial. La Ministra de Cultura, o más bien del mundo del cine, está intentando por todos los medios colar este nuevo Organismo censor a mayor recaudación y enriquecimiento de la SGAE, otro Organismo autónomo sin control creado por este Gobierno con tendencias totalitarias y dictatoriales.

No deja de ser lamentable el que sean los ciudadanos con sus impuestos los que paguen los favores de apoyo al llamado “grupo de la ceja”, que no es sino una amalgama de oportunistas del ámbito de la farándula, incapaces de subsistir por sus propios medios y que necesitan de las subvenciones para practicar lo que impropiamente llaman “cultura”. Su afán recaudatorio es tal que llegan al absurdo de querer cobrar por el simple hecho de poner la radio en una peluquería, o por la interpretación de música por las bandas municipales o particulares de los pueblos, algo que en regiones como la del levante español es una tradición secular.

La SGAE es simplemente una aberración como Institución no Gubernamental y que es anticonstitucional en su creación y en su forma de gestión. Y este hecho, no impide el que haya que hacer respetar los derechos de autor y sancionar a quienes los vulneran. Y la vulneración puede ser múltiple, yendo desde la fotocopia de textos de libros o cuadernos de estudios, práctica muy habitual en las Universidades, a la copia de CD’s de música o de DVD’s de películas, incluso de artículos periodísticos o textos de novelas o ensayos o cualquier otro tipo de documentación sujeta al “copy right” (derechos de autor sobre las copias).

En España, hasta ahora, la Justicia ha sido muy benevolente con estos temas y siempre ha sentenciado exculpando a quienes, aún vulnerando esos derechos de autor, no obtienen beneficio sobre lo copiado. Eso es un error conceptual, ya que existe un beneficio personal en el uso gratuito de algo que tenía un coste real y que el sujeto se ahorra al realizar el acto de copia. Igualmente ha disculpado a los llamados “agrupadores de información”, que son aquellas páginas web que usan innumerables enlaces a diferentes usuarios para obtener un producto completo. Compartir es sinónimo de complicidad en el delito de vulnerar los derechos de autor de lo que se pone a disposición del resto de usuarios.

Lo que es plenamente absurdo es establecer unos impuestos sobre equipos y elementos de copia. El famoso “canon” que la SGAE aplica y recauda por cada grabadora de CD’s o DVD’s, sobre los mismos discos grabables, los reproductores de mp3, tarjetas y USB de memoria, etcétera. Podría llegarse al absurdo de gravar con impuestos los paquetes de hojas en blanco de las impresoras o de las fotocopiadoras, así como sobre los toners o cartuchos de tinta de esas máquinas. Eso por no hablar de los teléfonos móviles o incluso los ordenadores personales con unidades de grabación. Es como si se cobrase un canon sobre los cuchillos de cocina, como posibles armas para uso criminal en robos o asesinatos. Un absurdo legal injustificable donde se sanciona la posible comisión de un delito y no la comisión del delito, considerando a todos culpables. Un abuso recaudatorio privado inadmisible que este Gobierno consiente.

Otro tema aparte es que el universo de Internet, como en cualquier actividad humana, coexisten actividades delictivas de todo tipo. Y ahí es donde debe existir un absoluto control para dar con los autores y ponerlos a disposición de la Justicia. En España existe Grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil, que con escasos medios humanos intenta cumplir con una tarea descomunal por la magnitud de la red y de la globalización. Internet es algo que traspasa las fronteras y que requiere la cooperación internacional para una eficaz defensa de los derechos de los propios usuarios. Y desde luego, no tiene nada que ver con el sistema de escuchas ilegales SITEL que el Gobierno no quiere dejarse controlar por los jueces.

Así que expreso mi apoyo total al derecho de los autores a recibir compensación por su trabajo. Pero igualmente, expreso mi rechazo total a que eso se use como excusa para un control extrajudicial y sin garantías para los usuarios de Internet.