“Queda inaugurado el nuevo año judicial”. Con estas palabras. D. Juan Carlos I uniformado con el atuendo de gala de los Altos cargos Judiciales, ha dado fin a los actos de esta inauguración del nuevo curso judicial. Según cuentan, no ha faltado nadie de los que ostentan la representatividad de las Instituciones judiciales del Estado, como son el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Presidente del Congreso y el Fiscal General. Todo un aquelarre de pompa y boato en un tiempo en el que la Justicia en España pasa por su punto más bajo de credibilidad.
Y no es para menos. Cualquiera de esas Instituciones está firmemente sujeta por los partidos políticos. El nombramiento de los altos cargos según afinidades, es una burla al Estado de Derecho y a la separación de los poderes del Estado. No existe independencia del Poder Judicial del poder Ejecutivo, ni de los partidos. Y así, es imposible que los ciudadanos puedan confiar en la Justicia y en aquello que la Constitución proclama de la “igualdad de derechos” y el que “todos somos iguales ante la Ley”. Empezando por las castas judicial y política, esa regla esencial de la democracia no se cumple.
Solo hay que ver cómo se han aplicado diferentes “varas de medir” ante situaciones de escándalo social por las actuaciones de algunos jueces y fiscales. La impunidad que acompaña a las faltas graves de disciplina y de comportamiento, avergüenzan al sentido común de los ciudadanos. Nadie puede entender el que un juez sea sancionado con una multa irrisoria como castigo a faltas graves de gestión,algunas con fugas sonadas o consecuencias de muertes anunciadas. Nadie puede entender que la Ley pueda ser acomodada a las circunstancias políticas, con la complicidad manifiesta de jueces y fiscales. Nadie puede entender el que un juez como el Sr. Del Olmo, instruyera de esa manera tan manifiestamente sesgada, la causa del atentado terrorista del 11M.
Y para la guinda del pastel, solo hacía falta casos tan lamentables como los del juez Garzón con su empecinamiento en reabrir tumbas y juzgar al franquismo, actuando por libre y en contra de las órdenes recibidas de su superioridad. Y para colmo, el retraso incomprensible del tribunal Constitucional, para resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad al Estatuto de Cataluña. Un retraso cuyo mayor perjuicio es el que en base a ese Estatuto, se estén desarrollando impunemente leyes que atentan contra los derechos fundamentales de los españoles residentes en Cataluña y contra la esencia de la convivencia y solidaridad entre las CCAA de España.
Y mientras sucede esto, el resto de la judicatura anda mendigando para que su presupuesto contemple la modernización de los juzgados y el incremento de medios tanto humanos como técnicos, para poder acometer el atasco de sumarios y casos que se apilan sin control en los despachos, pasillos y archivadores de las diferentes dependencias judiciales. Otra vergüenza que contrasta con la facilidad con que otros jueces estrella disponen de su tiempo libre a su antojo y dejan sumarios inconclusos en el fondo de los cajones, como el caso del Bar Faisán y el chivatazo a ETA que el juez Garzón lleva instruyendo hace años.
Mucha vestimenta de gala, muchos discursos, pero ninguna voluntad de que la Justicia en España sea algo más que un disfraz del Poder. Sin Justicia no puede haber democracia, así que si los partidos siguen mangoneándola, es que no desean la democracia. Aunque eso ya lo sabíamos. Lo malo es que aún hay quien se cree que votar cada cuatro años a unas listas cerradas es la mayor expresión democrática. Otra quimera que solo puede convencer a los ilusos.
Sábado, 2 de junio
Vicente A. C. M.
Paco Sande
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Julio César Izquierdo
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Antonio Cabrera
