La Justicia en España no termina de sorprender al ciudadano normal. Quizás sea por nuestra ignorancia en los vericuetos y rendijas legales o sea que la Ley no es igual para todos, ni tiene una venda en los ojos. Será que como en el caso de las negociaciones con ETA, se deba admitir que es amoldable a las circunstancias y al pedigrí de los implicados.
Que es así ya lo hemos visto en el caso de Atuxa o de Ibarretxe en claro desacato a cumplir las ordenes del Tribunal Supremo. Pero ahora vamos a más. Una sentencia del Tribunal Supremo es revocada por el Tribunal Constitucional en un asunto meramente mercantil de estafa, que debió resolverse en los órganos Ordinarios de justicia. Es desde luego chocante que el TC haya admitido que en esa causa existían temas en los que era competente y debía manifestarse. Cosas más raras se ven a diario, pero esta me parece absurdamente chapucera.
No sé si este Alto Tribunal "ha de conocer" sobre un asunto de estafa demostrado y con pruebas inculpatorias incuestionables. ¿dónde están los derechos constitucionales transgredidos en la sentencia del Tribunal Supremo?. Es evidente que los derechos transgredidos fueron exclusivamente los de los estafados por esos caballeros tan bien relacionados. No hay nada como tener amistades reales y no virtuales.
Además, la sentencia no niega el delito cometido, ya que las pruebas son apabullantes, pero se acoge al tema de la prescripción del delito. He ahí una hermosa palabra para el delincuente, "su delito ha prescrito". Ni siquiera la Fiscalía comparte esa opinión de los jueces. En cualquier caso, la trampa y el bochorno de esta sentencia radica no tanto en la prescripción en sí misma, que legalmente puede ser aplicable, sino en que ese Tribunal haya agotado los plazos durmiendo la causa para que esa prescripción tenga lugar. Eso no es ilegal,puesto que nadie puede ponerle límites a sus Señorías para estudiar el asunto y pronunciarse. Lo que es éticamente cuestionable es que esa dilatación ha favorecido a los delincuentes, con independencia de que el TC sea competente para haber opinado sobre un asunto vulgar de estafa.
No son con sentencias de este tipo como la Justicia va a recuperarse de la ya de por sí escasa credibilidad que tiene entre los ciudadanos. No son sentencias tan injustas y favorecedoras de personajes ligados a la más alta representación del Reino, como van a ayudar a que esa Institución no siga cayendo en popularidad y sea cuestionada por la mayoría del pueblo español.
La Justicia debe ser igual para todos, sin excepciones y los delitos no deben quedar impunes. Otro día más en que la Justicia nos ha abochornado a los ciudadanos con esta muestra de favoritismo a la clase elitista de España.
Sábado, 2 de junio
Vicente A. C. M.
Paco Sande
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Julio César Izquierdo
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Antonio Cabrera