09.03.10 @ 19:17:19. Archivado en Política
Hace ya casi un año, en uno de los periódicos de economía más prestigiosos de nuestro país, leí un artículo absolutamente imprudente y plagado de tópicos absurdos que me llenó de estupefacción. Aderezado con un tono irónico bastante lamentable, el autor venía a decir que, ya que los funcionarios cobraban gracias al trabajo de los demás, deberían empezar a consumir para sacar al país de la crisis. Si la estupidez no fuese tan mayúscula, incluso me reiría de la gracieta. Es cierto que hay funcionarios que apenas se merecen el sueldo que ganan, pero al igual que algunos fontaneros, electricistas, abogados, farmacéuticos, mecánicos o periodistas que representan una auténtica ruina para sus clientes, para su empresa e incluso para el propio estado. Por la otra parte, existen médicos, maestros, bomberos, policías o jueces, todos ellos funcionarios, que son unos profesionales intachables y que cobran su sueldo por educar a unos niños, por salvar vidas o por hacer cumplir la ley, y no como limosna del sueldo de otros.
Siguiendo con el tema, este lunes pasado, el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reclamó al Gobierno que congelase durante cuatro años el sueldo de los funcionarios. En rueda de prensa, el presidente del Observatorio, José Barea, defendía la necesidad de adoptar este tipo de medidas para tratar de reducir el déficit por debajo del 3% en 2013. Tal vez, y siguiendo con los tópicos, si algunos autónomos declarasen a hacienda realmente todo lo que ganan, también se podría reducir el déficit del estado. El caso es que, según este Observatorio, la congelación debería aplicarse en todas las administraciones públicas –estatales, autonómicas y locales-, al tiempo que debería recortarse en un 10% anual las retribuciones complementarias de los funcionarios entre 2010 y 2013. Para finalizar, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, remataba la faena denunciando que quien seguía sin apretarse el cinturón eran las administraciones públicas. Y no le falta razón. Lo que sucede es que, hasta donde yo sé, muchos de los empresarios y autónomos –o ambas cosas- que vivieron el boom de la construcción –y otros de semejante índole-, más que apretarse el cinturón, lo que hicieron fue desabrochárselo a base de bien con cuentas corrientes en paraísos fiscales.
España es uno de los países con menor productividad de Europa y, por añadidura, de todo el mundo desarrollado. Esto poco tiene que ver con el funcionariado, digo yo, sino más bien con la empresa privada. Las empresas españolas no producen, o producen mal, pero es que, además, mientras sus dueños se enriquecen, los trabajadores cobran sueldos que son una auténtica vergüenza. A mí se me ocurre que, si realmente algunos autónomos están tan preocupados por el déficit del estado, lo que deberían reclamar al gobierno es que se gravase más los beneficios de sus empresas, mucho más teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, dichos beneficios no van destinados a mejorar la vida laboral de sus empleados o los servicios para con sus clientes, sino para engordar sus cuentas corrientes. Porque, recordemos, todo este infierno que padecemos a causa de la crisis no ha sido provocado por los funcionarios, sino por políticos, banqueros y empresarios. Y deberían ser ellos, y no la ciudadanía, los que deberían pagar el desaguisado. Y, en todo caso, si creemos legitimo congelar el sueldo al funcionariado para reducir los gastos en tiempos de crisis, también deberíamos reclamar subírselo un 10% cuando el tren del estado vaya a toda máquina.
Toni García Arias
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