Toni García Arias
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Otro zarpazo nacionalista
14.04.09 @ 17:24:23. Archivado en Política
A juzgar por la infinidad de leyes, decretos y demás familia que últimamente salpican los boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas, parece evidente que el nivel de incompetencia y de estupidez se ha instalado definitivamente en las distintas administraciones municipales, autonómicas y nacionales. Hoy por hoy, para acceder a un alto cargo en dichas administraciones, ya no basta –como antes- con ser un buen lamedor de culos –con perdón-; ahora, además, hay que sufrir de una grave deficiencia en la capacidad de razonamiento y, sobre todo, de una sumisión e indolencia absolutas. Una muestra más de dicha estupidez es el decreto del gobierno balear –algo a lo que ya nos tiene acostumbrados-, en el que se recogerá que para ocupar una plaza fija en la Sanidad de su comunidad, los médicos y cocineros deberán demostrar un nivel B de conocimiento elemental, oral y escrito, de la lengua catalana. Es decir; el conocimiento del catalán no será considerado un mérito, algo que podría ser comprensible, sino un requisito. Y es que sólo una panda de tarados puede exigir como requisito a un cocinero –por ejemplo- que sepa hablar un idioma determinado, como si ahora las lentejas saliesen más ricas porque el cocinero en cuestión les hablase en catalán o les bailase una sardana. Debido a este nuevo y absurdo decreto, medio centenar de médicos han mostrado su intención de abandonar la comunidad de Baleares. En respuesta, algunas comunidades españolas han ofrecido trabajo a esos médicos, ya que, según señalan, se tiene en cuenta su capacitación profesional y no su idioma.
A pesar de toda la polémica, la hasta entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, afirmó que su departamento no ha visto nada en el citado decreto que, según el Gobierno central, “vaya en contra del propósito del Ministerio”. Y es que sólo hay que ver a la cuadrilla de genios que hay en el gobierno central par darse cuenta de su falta de criterio en casi todos los ámbitos. El caso es que, diga lo que diga el gobierno central, sin lugar a dudas, dicho decreto atenta contra todos los valores y principios humanos y democráticos existentes; es racista, xenófoba, discriminatoria, intolerante, separatista, barrio bajera y estúpida. Por un lado, porque impide al resto de ciudadanos españoles presentarse a las distintas oposiciones que se convoquen en tal comunidad –que sigue siendo España- y, por otro lado, porque antepone el conocimiento de un idioma secundario a la profesionalidad y conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer las distintas profesiones. A nivel personal, ante una operación a corazón abierto, sólo un necio o un estúpido pueden preferir a un médico que hable catalán antes que a un buen profesional, aunque sea mudo. Pero desde el punto de vista democrático, admitir las discriminaciones que se producen en las comunidades autónomas con lengua propia -que utilizan dicha lengua de modo dictatorial para cerrar su territorio o eliminar a los que no hablan dicha lengua- es igual de lícito que expulsar a los médicos baleares que trabajan en Madrid por tener un acento demasiado catalán. Aquellas instituciones que permiten este tipo de decretos –especialmente el gobierno central- están abriendo la puerta a enfrentamientos territoriales que no generan más que un odio y un recelo ficticio creado por unos pocos extremistas. Un acto de absoluta irresponsabilidad.
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