Director: Alfonso Rojo
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(PD/Agencias).- El PSOE, después de imponer con sus socios parlamentarios la llamada «ley de igualdad», que obliga a los partidos a fijar cuotas de mujeres en las listas electorales por tramos y con porcentajes de 60-40 hasta lograr la «paridad», está en cabeza de las vulneraciones de la propia normativa, con un mínimo de 40 casos descubiertos.
Además, la Fiscalía se ha empleado en habilitar plazos de subsanación de las listas en todas las instancias judiciales, plazos que no están previstos en la Ley Electoral General.
Explica Angel Collado en ABC que, ahora, el Tribunal Constitucional se ha lavado las manos ante los recursos de amparo que presentó el PP.
El TC cerró ayer el conflicto creado por el partido que impone a las demás formaciones una norma interna que sólo aplica en la formación del Consejo de Ministros y lo hizo con el siguiente argumento:
«En el amparo electoral no se puede pretender que se anule una candidatura por el mero incumplimiento de la normativa electoral, salvo que que dicho incumplimiento conlleve, a su vez, una lesión de los derechos fundamentales de las otras formaciones proclamadas».
Discrepar en público
El resultado es que el único partido que se atrevió a discrepar en público de la ley «de igualdad» y votar en contra, el PP, y los que tampoco lo veían bien aunque votaron a favor, como CiU y PNV, son las formaciones que han acatado en la práctica y al pie de la letra la imposición de las cuotas.
Además, se han enterado después, el día 8, de que la Fiscalía había dictado una orden a todos los fiscales para que hicieran todo lo posible para que las listas que incumplieran la ley en primera instancia pudieran ser arregladas.
El PP impugnó las 40 listas del PSOE en que aprecieron incumplimientos de cuotas. Trece eran de Madrid e incluían localidades tan importantes como Móstoles o Aranjuez.
También había otras de Álava, Huesca, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Jaén, Salamanca y Vizcaya.
Interpuestos los correspondientes recursos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, como dispone la ley electoral, el partido de la oposición se encontró con la habilitación de un nuevo plazo de subsanación de «errores» aun cuando en esa instancia se reconocía directamente que las candidaturas en cuestión no cumplían la ley y, además, la ley no reconoce plazo extraordinario alguno.
Tampoco establece si las candidaturas subsanadas se deben hacer públicas para abrir un nuevo plazo de recursos.
Las resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo se dictaron con las recomendaciones de la Fiscalía, en concreto del jefe del Tribunal Constitucional. Era una instrucción a todos los fiscales para que informaran a favor de todos los plazos posibles de subsanación en los casos de incumplimientos de la ley de igualdad.
La Fiscalía justificaba la instrucción -«especialmente relevante»- porque la ley llevaba pocos días en vigor y las formaciones políticas habían tenido dificultades para elaborar sus candidaturas con el sistema del 60-40 por ciento por tramos y con un resultado final «equilibrado» entre los aspirantes de ambos sexos.
Los fiscales debían paliar «a todo trance» esas dificultades de los partidos. Pero era un problema que básicamente afectaba al PSOE y a algún partido minoritario, como IU o grupos locales como Chunta Aragonesista.
El posterior trámite, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, ha zanjado la cuestión con un argumento de forma.
El TC admite que puede haber incumplimiento de la ley en la composición de las candidaturas y en los plazos extraordinarios e ilegales forzados desde la Fiscalía, pero no que le corresponda anularlas por la vía del amparo.
Considera que el PP no ha salido perjudicado en sus derechos fundamentales. Pero los que cumplieron la ley no lo estiman así porque el PSOE no lo ha hecho y, además, ahora no pueden recurrir las candidaturas enmendadas al no saber siquiera si saldrán publicadas para comprobarlo.
El Partido Popular tiene previsto recurrir la ley de igualdad ante el Tribunal Constitucional en lo que afecta a las cuotas en las listas de los partidos y en los consejos de administración por considerar que va contra la autonomía de partidos y empresas.
Miércoles, 8 de octubre -
