(EFE)-. María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, ha sido puesta en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros impuesta al ser investigada por su presunta implicación en una red de delitos de fraude a la Seguridad Social.
Junto a la mujer del torero, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) que lleva el caso, ha decretado la libertad de otros ocho detenidos y el ingreso en prisión de uno, al parecer el jefe de una Unidad Médica de Incapacidad, según han adelantado fuentes de la investigación.
Entre los puestos en libertad se encuentran el ex jefe de la Policía local de Prado del Rey (Cádiz), funcionarios, un empresario y tres médicos. Además, una veintena de personas han prestado declaración en el caso ya que al parecer habían abonado alrededor de 24.000 euros para conseguir un certificado de incapacidad laboral.
Jesulín hizo `mutis por el foro´
Campanario comenzó su declaración ante el juez a las 23 horas de ayer y ha sido puesta en libertad poco después de las 3 de la madrugada de este mismo sábado, sin que el torero Jesulín de Ubrique hiciera acto de presencia en los juzgados.
El juez que lleva el caso, ha decretado el secreto del sumario. Por su parte, la Guardia Civil de Cádiz, dentro de la llamada operación `Karlos´ desarrollada en la provincia gaditana, detuvo a un total de diez personas como presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, tras las investigaciones, que comenzaron el pasado octubre.
---
08.04.06 14.21
Detenida la Campanario
(Periodista Digital / Europa Press).- La Guardia Civil de Cádiz ha desarrollado una operación contra una trama que se dedicaba a la concesión irregular de incapacidades laborales que ha culminado con la detención de diez personas. Entre los arrestados figura la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y "una persona afín al PSA que lidera Pedro Pacheco", según fuentes próximas a la investigación.
Los detenidos están acusados como presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber una persona ligada a una trama organizada dedicada a mediante procedimientos ilegales.
Según la nota, tras las primeras averiguaciones, los agentes constataron que esa persona contaba con la connivencia de un médico, que era, presuntamente, el encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas.
24.000 euros
Asimismo, los beneficiarios de estas pensiones, "con el objetivo de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la consecuente pensión de invalidez", presuntamente abonaban cantidades de dinero que "rondaban los 24.000 euros".
Esta cifra era luego repartida entre los implicados y en el caso de que el beneficiario careciese de dinero:
"Dicho médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que posteriormente eran abonadas una vez concedida la pensión".
Entre los registros practicados, la Guardia Civil intervino varios ordenadores y "abundante" documentación que está siendo investigada aún. La operación sigue abierta y no se descarta que se produzcan más detenciones en las próximas horas.