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Socialistas contra los discapacitados

Permalink 20.03.19 @ 07:21:25. Archivado en Artículos

Por José María Arévalo

( Manifestación en Valladolid el 22 F para exigir la defensa de los centros de Educación Especial) (*)

Leo en la prensa de estos días que más de 5.000 personas se han manifestado el pasado 22 de febrero en nuestra ciudad, Valladolid, para exigir la defensa de los centros de Educación Especial, reclamando su derecho a decidir el tipo de colegios para sus hijos. La marcha, que se inició al mediodía, concluyó frente a la sede de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la comunidad de Castilla y León) con gritos de 'No es un capricho. Es una necesidad'. Las familias con niños con discapacidad –explica la información de El Norte de Castilla-, junto a profesores, acudieron desde varios puntos de España a la llamada de la Plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también', de la que forman parte una treintena de asociaciones de dependencia y enfermedades raras y asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de Castilla y León. La movilización se decidió convocar ante el anuncio del Gobierno Central de Pedro Sánchez de que se optaría con exclusividad por el modelo inclusivo y no por el actual y mixto, que mantiene los centros especiales de educación junto a los inclusivos.

Este proyecto del actual gobierno socialista tiene poco recorrido dada la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, pero nunca se sabe. Me ha recordado nuestra lucha en los años 80 por la defensa de la iniciativa privada en esta materia de minusválidos –hoy “discapacitados”, como si cambiar el nombre fuera lo más importante- frente a los socialistas recién llegados al poder de la mano de Felipe González. El Ayuntamiento de Valladolid, también socialista entonces, convocó unas jornadas de reflexión sobre la entonces nueva ley de 07.04.82 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que ha tenido 32 años de existencia, hasta el 2014 en que se aprobó la Ley General de Discapacidad (LGD), que es solo una actualización. Como miembro –y secretario- de una de las asociaciones de nuestra ciudad, la de Estimulación Precoz, presenté una ponencia en la que denunciaba algunos fallos de la ley, entre otros éste de imponer un régimen estatalista a las familias, sin permitir su elección de centro, y de tratar de apagar toda la iniciativa privada en la materia. Ya teníamos experiencia, como ahora les cuento.

En el 80 tuve un hijo paralítico cerebral –ya he comentado en estas páginas que ahora trabaja, a Dios gracias, como informático en Madrid- y tuve que irme a Sevilla, de donde era mi mujer, a que le vieran en la unidad de parálisis cerebral que tenía el hospital de la Seguridad Social, ya que en Valladolid no existía –y creo sigue igual, al fracasar el proyecto de hospital infantil-. Allí, además de corregir con botas sus pies equinos, nos recomendaron iniciar la estimulación precoz cuanto antes. En Valladolid habían empezado este tratamiento en los locales de la Obra Social del Santuario, pero los socialistas lo estaban ahogando tratando de imponer el tratamiento en el Inserso. Me sumé a los padres que querían mejor atención y fundamos la Asociación de Estimulación Precoz, amenazando con plantes en el edificio del Inserso en la calle 2 de Mayo, si no nos restauraban las subvenciones que recibían los tratamientos que teníamos en el Santuario, necesarias para completar con nuestras cuotas a la asociación los salarios y demás medios de nuestro centro privado.

En fin, una lucha durante años con los socialistas para que no abortaran la iniciativa privada, además de la particular que me tocó añadir hasta que, recurso va, recurso viene, conseguí el reconocimiento de la condición de minusválido de mi hijo. Aunque más de una vez lo sospeché, creo que las dificultades que tuve no se debieron a mi activismo asociativo, ya que los funcionarios nos apoyaban lo que podían, era un problema del sistema socialista implantado.

Y ahora veo que siguen igual los socialistas, enfrentándose a las familias con hijos discapacitados para tratar de implantar su manía estatalista. En aquella ponencia que presenté en las jornadas de reflexión que convocó y dirigió el Ayuntamiento socialista –y trató de manipularnos, hasta el punto de que tuvimos que retirarnos- puse de manifiesto el peligro que presentaba la nueva Ley, y que ahora, treinta y tantos años después, se ve es una realidad. El artículo 23.1 ya imponía con carácter general la integración en la educación general, al expresar que “El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley reconoce”. Solo como excepción admitía los centros especiales, en el número 2: “La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario…”.

En aquella época la educación especial corría a cargo prácticamente en su totalidad de la incitaba privada, en buena medida en centros de la Iglesia Católica. En ello podía verse la aversión de tantos socialistas contra la religión, pero realmente en Sevilla conocí el trasfondo de esta iniciativa integradora, que copiaba el sistema U.S.A. que con enormes medios económicos se integraba a los entonces minusválidos en la enseñanza ordinaria a base de incluir en esta muchos profesionales y medios para atenderlos, de forma que casi cada minusválido tenía un profesor de apoyo para él.

Ya expliqué en aquella ponencia que presenté, que en España este sistema no era viable por el enorme costo que suponía, y en definitiva nos llevaría a quitar las subvenciones a la iniciativa privada y dejar a los minusválidos sin atención ninguna, por falta de medios. Afortunadamente mi hijo se integró en un colegio privado, Peñalba, sin que entonces consiguiera apoyo técnico oficial ninguno, que solo me lo ofrecían en un centro público. Pero es que ni la rehabilitación que proporcionaba la Seguridad Social a los paralíticos cerebrales se mantuvo; al poco tiempo tuve que plantear a los padres otro plante como el de la Estimulación precoz, cuando suprimieron la rehabilitación para los pacientes crónicos. Y después hemos seguido igual, si queremos rehabilitación tenemos que pagárnosla por lo privado, sin ayuda oficial ninguna, y mi hijo se las ve y se las desea para poder costearse con su salario la plaza en su residencia y además a los fisios que necesita. Y encima paga mucho más que yo –jubilado- por la medicación.

Así es, pues, el socialismo contra los minusválidos. Tampoco el PP ha podido cambiar el sistema socialista de la LISMI, como le ha pasado con todo el sistema educativo, aunque lo ha intentado. Había que empezar de cero y asumir los costes incrementados para las dotaciones de los centros públicos, y no somos tan ricos.

Ahora, ante el anuncio del gobierno de Sánchez de cerrar la educación especial, la Junta de Castilla y León garantizó que no se cerraría, y el CERMI autonómico manifestó, y así lo recoge su página web, que su apuesta es la del modelo mixto, sin cierre de centros especiales. Es más, este comité tiene colgado un texto bajo el título de 'Comunicado tranquilizador sobre el presunto cierre de los Centros de Educación Especial'. Pese a ello, la manifestación en Valladolid no se dirigió a la Delegación del Gobierno sino contra el CERMI de Castilla y León, a las puertas de cuya sede terminó con las voces de 'no nos representa'.

Los manifestantes –dice la prensa-, que portaban el característico corazón verde, mostraron su malestar y desacuerdo con las medidas propuestas por el CERMI en el Consejo Escolar del Estado, en las que solicita la reorientación de los centros educativos de educación especial en centros de recursos de apoyo, eliminando los colegios de educación especial que son centros activos de la inclusión en todos los ámbitos de la vida de este tipo de alumnado.

Las entidades que convocaron la manifestación defienden un modelo educativo «en el que cabe la inclusión a la vez que la educación especial, ya que explican que la inclusión no se da solo en los centros escolares, sino en todos los ámbitos de la vida, y para que estos niños estén preparados para una sociedad inclusiva, necesitan del proyecto educativo de los colegios de educación especial, siendo éstos quienes les están preparando para una vida adulta en equidad e igualdad con el resto de la sociedad». De ahí que pidan el derecho a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Castilla y León cuenta, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Educación correspondiente al curso 2016-2017, con 1.319 alumnos en Educación Especial mientras que la cifra en el conjunto del país supera los 37.000.

Los participantes en la movilización también cargaron contra la ministra de Educación, Isabel Celaá, después de sus declaraciones para convertir los centros de Educación Especial en colegios sectoriales de apoyo a la inclusión, lo que supondría el trasvase de sus alumnos al sistema ordinario, tal y como contempla el proyecto de ley para la reforma de la LOE. La cabecera de la marcha llevaba una pancarta con los lemas 'No al cierre de los colegios de Educación Especial' y 'La Educación Especial es una herramienta de inclusión social'.

En fin, Dios nos libre de los socialistas. Pero nosotros con el mazo dando, que ahora tenemos la oportunidad con las elecciones.

---
(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://farm8.staticflickr.com/7892/40322790183_86c54a6aa1_o.png


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