“Recuperar educación”, de Cayetano González, y “El Gobierno quiere «comisarios políticos» al frente de los centros concertados”, de J. G. Stegmann

( Viñeta de Puebla en ABC el pasado 27 de noviembre) (*)

RECUPERAR EDUCACIÓN

Artículo de Cayetano González publicado en Libertad Digital el pasado día 26 de noviembre

Un error importante que se cometió en la Transición fue ceder la competencia de educación a las comunidades autónomas que previsiblemente iban a ser gobernadas durante muchos años por partidos nacionalistas, como ha sido el caso de Cataluña y del País Vasco. Algunos miembros del Gobierno de la UCD que tuvieron un papel relevante en las negociaciones para aprobar en el Congreso de los Diputados los estatutos de autonomía de Guernica y Sau mantienen que no hubo otro remedio que transferir esa competencia, porque en caso contrario el PNV y CIU no hubieran apoyado la aprobación de esos estatutos y el incipiente marco constitucional del 78 hubiese corrido peligro. El caso es que, cuando se está a punto de cumplir el cuarenta aniversario de la aprobación de la Constitución, los partidos independentistas catalanes siguen en el golpe al Estado, y en el País Vasco el PNV se mantiene a la expectativa de lo que acabe sucediendo en Cataluña, sintiendo el aliento Bildu en el cogote.

Para ir avanzando en su proyecto político, los partidos nacionalistas han aprovechado la herramienta de la educación para llevar a cabo el adoctrinamiento en las escuelas, el falseamiento de la historia de España, el enaltecimiento de lo local en detrimento de lo universal, lo que conlleva entre otras cosas un empobrecimiento cultural de los destinatarios de esas políticas educativas.

Todo esto ha sido consentido durante años y años por los sucesivos Gobiernos de España, fuesen del PSOE o del PP, en pro de la necesidad de un entendimiento con esos partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. Un entendimiento que en muchas ocasiones se reducía a recabar sus votos en el Congreso para investir a un presidente o aprobar los Presupuestos Generales de Estado. La Alta Inspección educativa, que es competencia de la Administración central y que está contemplada tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco para velar por que los Gobiernos de esas CCAA cumplan lo establecido en las leyes de carácter general, ha sido un instrumento inoperante por razones exclusivamente políticas. Cuando a la mesa del ministro de Educación de turno llegaba un informe detallado de la Alta Inspección, con todas las irregularidades, falsedades, manipulaciones bien documentadas en base al análisis de los contenidos de los propios libros de texto, el destino habitual era guardarlo en un cajón, cuando no tirarlo a la papelera.

Por todo ello, el anuncio hecho por el nuevo líder del PP, Pablo Casado, de que su partido propondrá recuperar para la Administración central la competencia en materia educativa es una buena noticia. Para ser justos, habrá que recordar que quien primero planteó eso fue Rosa Díez cuando estaba al frente de UPyD, y algo debía de saber del asunto, porque durante varios años, cuando militaba en el PSE, formó parte del Gobierno vasco de coalición del PSE con el PNV, aunque ella no estuviera al frente de la cartera de Educación.

Al final, más vale tarde que nunca, y en ese sentido el anuncio de Casado tiene su trascendencia. No se trata, como propone Vox, de demoler el Estado de las Autonomías, sino de que materias tan sensibles como la educación no estén en manos de quienes no quieren formar parte de España. Por eso, pensando en las próximas elecciones generales, el PP y el resto de partidos constitucionalistas deberían llevar en su programa esta y otras medidas que tengan como objetivo blindar lo que constituye la esencia de una Nación, y la educación, qué duda cabe, es una parte muy importante de la misma.

Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/cayetano-gonzalez/recuperar-educacion-86575/

EL GOBIERNO QUIERE «COMISARIOS POLÍTICOS» AL FRENTE DE LOS CENTROS CONCERTADOS

Artículo de J. G. Stegmann publicado en ABC el pasado día 21 de noviembre

«Cinismo», «falta de respeto», «incoherencia». José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, no escatima en reproches. Esa es la evaluación que hace del anteproyecto de ley con el que el Gobierno pretende modificar la Lomce, aprobada por los populares en 2013. Pero no solo critica su contenido sino la necesidad de aprobar este anteproyecto con urgencia, tal y como manifestó el propio Ejecutivo socialista. «La urgencia a la que ellos apelan no es educativa, sino política, parece que se quiere aprovechar el tiempo de permanencia en el Gobierno para llevar a cabo su voluntad y la de sus socios», dice.

Aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, lo negó en repetidas ocasiones -«no vamos a cerrar la educación concertada, eso son «fake news»», aseguró en el Congreso-, el texto deja lugar a dudas. En primer lugar, se elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». Por el contrario, tanto una idea como otra sí fueron incluidas ( y juntas) en el artículo 27 de la Constitución como una forma de reflejar las sensibilidades de los partidos de diferente signo político.

Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica Alvira.

En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. Ignorar a la Religión en la legislación puede deberse al intento del Gobierno por evitar una respuesta de la Conferencia Episcopal, con la que se reúne próximamente. «Es un forma de devaluarla, qiueren dejar su regulación en un Real Decreto», opina Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

Artículo en: https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-quiere-comisarios-politicos-frente-centros-concertados-201811202331_noticia.html

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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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