“El racismo alemán humilla a España y destroza la UE”, de Federico Jiménez Losantos, y “Las razones del Supremo para sostener el delito de rebelión”, de José Antonio Hernández
( Viñeta de Sansón en El Norte de Castilla, el pasado día 8) (*)
EL RACISMO ALEMÁN HUMILLA A ESPAÑA Y DESTROZA LA UE
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 8
Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto, que es España. No, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal informada por el Gobierno de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia socialista la que en una rueda de prensa tan innecesaria que sólo podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras de los países miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a invadir y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. No ha sido la «decisión judicial» que acataron cobardemente Soraya y Catalá, porque la sentencia antiespañola fue respaldada y ampliada por el Gobierno. Y tampoco unas declaraciones «desafortunadas» como musitó penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que humilla a España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en los casos más importantes.
La Rieffenstahl socialista de Merkel
Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí me recuerda a Leni Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó a deificar a su admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el fanatismo del pueblo alemán. Tras escapar de las ruinas del Reich Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza superior, en este caso negra, masai, en Africa Central; y murió casi centenaria, discretamente venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta y racista ministra socialista Katarina Barley no tendrá su talento, pero sí su arrogancia. Lo que dijo fue nada más y nada menos que esto:
1. Que ya conocía antes de ser pública, y que compartía plenamente los argumentos de la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. O sea, que el tribunal, sabedor de su importancia y gravedad, la había adelantado al Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y deslealmente al Gobierno español. No fue, pues, una decisión independiente, sin prever su efecto político. Los jueces de esa región tuvieron previamente el respaldo del Gobierno alemán.
2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de rebelión -lo único que debía hacer el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los acuerdos de la UE, «no le será fácil» al Gobierno español «probar el delito de malversación». Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, el encargado de calificar los delitos de un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase Gobierno alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del Estado Español: que no es una democracia. Si no lo es y no respeta los principios fundamentales de la UE, sorprende que la ministra pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que respeten, sin embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un protectorado alemán para considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán, evidentemente, sí. Y para sus jueces, también.
3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica al Estado racial y políticamente inferior -la aceitosa colonia sureña llamada España- que si no demuestra -y ya ha adelantado que le será muy difícil- la malversación de fondos públicos, Puigdemont «será libre en un país libre, que es la República Federal Alemana». Está claro que para la máxima autoridad en materia de Justicia del Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un país, así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique todo su esfuerzo a destruirlo. Como el propio Pigdemont.
La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo
Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la exposición que esta semana presentó María Elvira Roca sobre Lutero en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo es también del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga hasta Katarina Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el secular desprecio de los países reformistas a los católicos, cuyo gran exponente era España. Aquí no quedan casi católicos ni allí protestantes, pero el racismo contra el Sur sigue intacto.
El racismo protestante -ferozmente antisemita desde Lutero y Calvino- contra los españoles no era sólo por ser católicos, sino por tener sangre judía, lo mismo que decían los padres del nacionalismo catalán, que los españoles somos muy judíos. Hace poco escribía Junqueras que los catalanes tenían un ADN más parecido al francés que al español. No se atrevió a decir que eran arios puros. Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la desmembración de Europa que el III llevó al paroxismo. En Memoria del Comunismo cuento que una de las hazañas hitlerianas que desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los sudetes, fue saludada por Companys y Aguirre como «un triunfo de la autodeterminación de los pueblos», y le enviaron un caluroso telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia no se repite, pero a veces se parece horrores.
¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo puro? Porque para la izquierda europea la libertad y la democracia, cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los países o razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos Rangel explica en Del buen salvaje al buen revolucionario cómo anglosajones, alemanes y franceses defienden para Iberoamérica las dictaduras comunistas que para sus países rechazan. Creen que para Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho son productos exóticos para los que nunca estaremos realmente preparados. Una dictadura con toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que suficiente.
El recuerdo político-legal de Sosa Wagner
La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea, perfectamente representado por la socialista Barley, explica la miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein -insisto- sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal constitucional de Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco para que un juez pueda olvidarlo, un referéndum para la independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el eurodiputado Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El horror de Schleswig-Holstein, del que transcribo estos párrafos esenciales:
(…) ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han considerado que un proyecto de secesión como el de Cataluña que implica violar el texto constitucional y además -¡una bagatela!- alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que desde luego no es motivo para mantener en prisión a su autor y entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas, sobre la inexistencia de violencia que ustedes por supuesto no aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara.
¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe zanjó la pretensión de celebrar un referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se revolviera: «En la República Federal de Alemania, Estado nacional fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional».
Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar que su disparatada decisión -sea dicho con el máximo de los respetos- es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que significan España y el orden establecido en los Tratados europeos; por otro, del hecho de que viven ustedes en una burbuja periodística y televisiva en la que prácticamente no han tenido cabida más que las tesis de los secesionistas catalanes.
Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: y porque ustedes son unos racistas siniestros, que desprecian para España lo que defienden para Alemania: fronteras seguras, orden constitucional y defensa de la integridad nacional garantizados por la cooperación internacional de la UE. ¿No apoyó España la reunificación de Alemania pese a la oposición de las Francia y Gran Bretaña? ¿Y así nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay violencia? ¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre democracias o repugnante racismo político? Para mí no hay duda: puro racismo, desprecio del grande al chico, del rubio al moreno, del izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser franquista, en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de los arios civilizados.
Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich
Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto, que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si tuviera decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política ante el golpismo catalán, dimitiría de un cargo del que pocos dudan que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. La oposición con una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en marcha no sólo una moción de censura para echar al Gobierno y convocar elecciones, sino una campaña internacional -aquí quiero ver a Macron- para que la UE desautorice a Alemania y defienda nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten otros del IV Reich. Al final, si no nos defendemos nosotros, en esta Europa nadie nos defenderá.
Artículo en: http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/el-racismo-aleman-humilla-a-espana-y-destroza-la-ue-84806/
LAS RAZONES DEL SUPREMO PARA SOSTENER EL DELITO DE REBELIÓN
Artículo de José Antonio Hernández publicado en El País el pasado día 8
No ha sentado bien en el Tribunal Supremo que un tribunal regional alemán (análogo a una audiencia provincial española) le imponga que el expresidente Carles Puigdemont no pueda ser juzgado en España por rebelión. Fuentes del alto tribunal entienden que se ha “excedido en su cometido”. Y que el tribunal alemán debió ceñirse a lo siguiente: “A mirar si en sus leyes están tipificados los hechos que se exponen en el auto de procesamiento del juez Llarena, con independencia de que sean calificados como rebelión, sedición, alta traición o incluso el delito de resistencia que ellos castigan en el artículo 113 de su Código Penal. Y no a juzgar sobre el fondo del asunto”.
El juez instructor del proceso separatista, Pablo Llarena, planteará batalla ante el Tribunal de Justicia de la UE si cuando se acuerde la entrega del prófugo Alemania persiste en vetar el delito de rebelión. “Cuando informen de las condiciones, ya veremos las que son y si las aceptamos, o bien si se pone una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo”, señalan fuentes del Supremo.
Acreditar la violencia, tarea “difícil” de la fiscalía
Fuentes del Supremo señalan que en el juicio a los líderes del procés, que empezará este otoño, la fiscalía tendrá que emplearse a fondo, “y no le será fácil”, explican, para acreditar que la violencia del proceso separatista alcanzó los caracteres de la rebelión. Llarena, en su auto de procesamiento, ve violencia de rebelión, por ejemplo, en las acciones de independentistas que supusieron el destrozo de tres coches de la Guardia Civil y en el asedio a la comitiva judicial que registraba la Consejería de Economía.
Si la fiscalía no lograse acreditar la rebelión, lo que sí está ya acreditado en el sumario es el delito de sedición, que tiene aparejados hasta 15 años de cárcel y que no requiere violencia. “Los separatistas presos en España pueden ver reducida la rebelión que ahora se les imputa a la sedición, castigada con hasta 15 años de cárcel (sin contar los entre ocho y 12 de la malversación)”. No gusta en el Supremo que Puigdemont pueda beneficiarse penalmente por el hecho de haberse fugado y conseguido, si finalmente la logra, una resolución favorable en Alemania. Si así fuera, el tribunal explicaría en la sentencia, en caso de ser condenatoria, que Puigdemont es tan culpable como los demás de los disturbios separatistas pero que su pena es inferior por imposición de un tribunal extranjero que se excedió de sus funciones. Luxemburgo tiene la última palabra.
Lo que Alemania ha adelantado de su decisión es que España no puede juzgar a Puigdemont por rebelión, porque este delito exige alzarse “con violencia” para modificar las estructuras de un Estado. Y la intensidad de los actos de violencia que sacudieron Cataluña los pasados meses de septiembre y octubre no fueron de una intensidad como para doblegar al Estado español.
Desde el Supremo se señala que el tribunal regional alemán que ha dictado esa resolución, de acuerdo con la normativa que regula la euroorden, no está facultado para valorar la intensidad en sí ni el alcance de unos hechos que no ha investigado. A Luxemburgo irá Llarena, en su caso, para que dictamine si el tribunal alemán ha interpretado correctamente los postulados de la euroorden, partiendo de la base de que principio básico debe ser la confianza mutua entre los jueces europeos sobre sus criterios interpretativos.
El citado escrito a Luxemburgo (lo más probable es que finalmente Llarena lo interponga) tendría un doble efecto: aparte de dilucidar si Alemania ha interpretado correctamente la euroorden, paraliza y deja en suspenso la decisión del tribunal alemán, el de Schleswig-Holstein, pero también evitará que Puigdemont siga aireando que la justicia española le persigue por un delito de rebelión inexistente. Mientras resuelve Luxemburgo, la acusación de rebelión continúa detrás del cabecilla del separatismo catalán.
Fuentes del Supremo insisten en que los países en que se hallan los prófugos del procés no deben entrar a calificar los hechos, solo analizar los relatos de lo ocurrido y ver si esos mismos hechos están castigados o no en sus territorios. Llarena imputa delitos de malversación, rebelión y desobediencia a los líderes separatistas.
Aunque hay dudas en algunos magistrados del Supremo sobre si concurrió o no el delito estricto de rebelión, uno de los motivos por los que Llarena lo muestra en su auto de procesamiento, era porque este delito permite además frenar los intentos de Puigdemont y del resto de cabecillas separatistas de seguir ocupando los mismos cargos públicos desde los que delinquieron. El delito de rebelión permite suspender cautelarmente a un cargo público encarcelado.
La actitud del líder de los secesionistas
En el Supremo sigue llamando la atención la actitud del principal cabecilla del secesionismo catalán. “Ni pareció darse cuenta antes de la que se le avecinaba, cuando una y otra vez se saltaba la ley, ni lo parece ahora tras quedar en libertad en Alemania”. Su hoja de ruta penal está unida a la de sus correligionarios.
Llarena ha investigado los hechos (informes policiales describen 300 hechos violentos en pleno fragor secesionista de los pasados meses de septiembre y octubre) y quiere que el Tribunal de Luxemburgo, como garante de los postulados de la euroorden, dictamine si el tribunal regional alemán está facultado para entrar a valorar si la intensidad de la violencia desplegada esos días en Cataluña alcanzó el grado de rebelión.
Sea como rebeldes o como malversadores (lo que pretende Alemania respecto a Puigdemont), o por ambos, los cabecillas separatistas procesados por el juez Llarena se enfrentarán en otoño en la Sala de lo Penal del Supremo a un juicio por hechos muy graves. Incluida la malversación de 1,6 millones de dinero público para el referéndum ilegal del 1-0, castigada con hasta 12 años de cárcel en su forma agravada, y que es por la que sería juzgado Puigdemont si finalmente Alemania solo lo entrega por este delito.
Si bien “lo de Alemania cayó como un jarro de agua fría en el Supremo”, puesto que implicaría un beneficio para quien se parapeta en tribunales europeos, a diferencia de los que se quedaron en España que están presos por ese y otros delitos, fuentes del Supremo entienden que “una entrega por un delito castigado con hasta 12 años de cárcel, no es para que Puigdemont se lo tome a broma y vaya por ahí aparentando que es un preso político exculpado por la justicia alemana”. La intención de Puigdemont de que el tribunal alemán le considerase un preso político se ha visto frustrada. El tribunal la ha rechazado, y también lo sitúa en el germen que dio lugar al referéndum ilegal y los posteriores altercados, más allá de su intensidad. “En el procés se han cometido delitos muy graves, la maquinaria judicial está en marcha y no hay atajos para la impunidad”, advierten fuentes del Supremo.
En el Supremo la actuación de Llarena cuenta con el respaldo de sus colegas. De hecho, la sala que revisa sus decisiones, formada por otros tres jueces del alto tribunal, está avalando todas sus decisiones, más allá de que haya disparidad de criterios sobre si el delito cometido por los líderes independentistas es rebelión o sedición. En este último delito (con hasta 15 años de cárcel) no requiere el empleo de violencia y el Supremo cree tenerlo probado. “Basta con que se pruebe un propósito de modificar las fronteras del Estado al margen de la ley”, subrayan fuentes del alto tribunal.
Artículo en: http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/las-razones-del-supremo-para-sostener-el-delito-de-rebelión/ar-AAvBdxv?li=AAav8jx&ocid=spartandhp
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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://c1.staticflickr.com/1/864/41322892241_e3433b29d6_b.jpg
