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Bustamante, Arévalo y Pardo de S.Bustamante, Arévalo y Pardo de S.

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Los lunes, revista de prensa y red

Permalink 29.01.18 @ 07:24:25. Archivado en Artículos

“Ahora sí que hay peligro en Catalunya”, de El Diario, y “Objetores incómodos” de Ignacio Aréchaga

( Viñeta de Ricardo publicada en El Mundo el pasado día 27) (*)

AHORA SÍ QUE HAY PELIGRO EN CATALUNYA

Editorial de eldiario.es publicado en este periódico independentista el pasado día 27 de enero

Sería un milagro que el Tribunal Constitucional no aceptara el recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont. Puede que alguno de sus miembros dude al respecto, pero desde hace mucho tiempo está claro que la mayoría de ellos descarta la posibilidad de disentir con quien les concedió ese jugoso cargo justamente porque su obediencia estaba garantizada. Por eso es prácticamente seguro que Puigdemont no será president. Tal y como estaba previsto desde la noche del 21 de diciembre, cuando se comprobó que los independentistas volvían a obtener la mayoría del parlament.

Puigdemont estaba sentenciado desde el día que se aplicó el artículo 155. Y si han surgido algunas dudas de que esa sentencia no iba a cumplirse ha sido porque el president ha demostrado ser mucho más hábil y tenaz que lo que sus verdugos suponían que podía ser. Le dejaron presentarse a las elecciones y luego recoger su acta de diputado porque ni vislumbraron que podía convertirse en candidato indiscutible a la presidencia. Ni se les ocurrió pensar que lo que iba a hacer desde Bélgica y mucho menos que podía tener el éxito de imagen europea que cosechó en Dinamarca, dejando una y otra vez en ridículo al gobierno y a los tribunales españoles. Pero ese recorrido tenía un final anunciado. La incógnita era cómo se implementaría y cuantos errores cometería este gobierno antes de llegar al mismo. El último ha sido del propio Rajoy, que el miércoles dijo en Onda Cero que el gobierno no actuaría para frenar la investidura de Puigdemont antes de que el intento se consumara y que el jueves aceptaba que Susana anunciara el recurso.

Y a la vista de esa última metedura de pata, no tan gorda como la de las cargas del 1-O y las antes citadas, no sólo cabe confirmar la ineptitud de Rajoy y de los suyos sino también sospechar que La Moncloa sufre presiones y no sólo de las capitales europeas: el dictamen del Consejo de Estado es un claro indicador de que en el entramado del poder hay más de uno que disiente con el gobierno. Veremos si el recurso ante el Constitucional agudiza o no esas tensiones. Pero Ciudadanos y los amigos de Aznar están al acecho. A medio plazo esos indicios pueden convertirse en hechos que influyan decisivamente en el panorama político. Pero hoy por hoy el gobierno manda y su prioridad es acabar con Puidgdemont, aunque eso suponga mantener el artículo 155, quien sabe si intensificar su aplicación, que no haya presupuestos y que la política española y el funcionamiento de las instituciones sigan manga por hombro.

La aplicación del 155, hace ahora cuatro meses, llevaba inevitablemente a las consecuencias que se están viendo en las últimas horas. Porque esa decisión respondía a una posición política muy clara, la del rechazo a cualquier vía de diálogo con el soberanismo, que no solo era posible sino también necesaria tras el 1-0, y sólo podía implementarse erradicando en la medida de lo posible al independentismo, empezando por sus líderes. Con su apoyo a la medida, el PSOE y Ciudadanos asumían sin fisuras esos planteamientos. Lo cual era especialmente grave en el caso de los socialistas, porque repudiaba toda su trayectoria anterior en la cuestión en la que, con idas y venidas y algunas tensiones muy serias, siempre se aceptó el diálogo con el nacionalismo catalán. La convocatoria electoral para el 21 de diciembre no tenía cabida en ese planteamiento. Sólo se explicaba porque alguien convenció a Rajoy de que los independentistas iban a perder y porque además creía que eso le iba a gustar a Europa. Pero el soberanismo ganó, Ciudadanos atrajo todo el voto “constitucionalista” y el PP catalán casi ha desparecido. Y luego Puigdemont hizo lo que hizo. Y llegó la nevada de Guadarrama. Y encima Ricardo Costa cantó la gallina en el juicio de la Gurtel.

Sí, presentar el recurso ante el Constitucional puede entenderse como un intento por recuperar la iniciativa política. Pero se habría ido por esa vía, tal vez con menos torpeza, aunque los vientos hubieran sido más favorables para el gobierno. Rajoy no es capaz de emprender otra vía que la de la dureza en el conflicto catalán. Su cultura política, que viene del franquismo sin solución de continuidad, y sus limitaciones no le permiten otra opción. Ese es el único dato seguro a la hora de atisbar cual puede ser el inmediato futuro. El recurso, si el Tribunal Supremo no lo rechaza, va a provocar una situación política aberrante en Catalunya. La vida parlamentaria quedará de hecho suspendida y colocada en lo que los especialistas llaman un limbo jurídico. Se habla de la posibilidad de nuevas elecciones. ¿Pero quién dice que no las ganará nuevamente el independentismo que hasta ayer estaba muy dividido internamente pero que como otras tantas veces en el pasado se ha vuelto a unir de golpe contra Madrid?

Hay demasiadas minas activadas -la de los dirigentes independentistas injustamente presos es una de ellas- y demasiados procesos en marcha como para descartar que la situación se agrave en Catalunya. Y si el gobierno decide aplicar más a fondo el 155 -empezando por meter en vereda a los medios públicos catalanes- la cosa se podría poner aún peor. Porque por mucho que se ignore en el resto de España, o se induzca a que se ignore, el colectivo independentista sigue en pie. Y si algo no lo remedia puede que entre en un estado desesperación, del que puede derivarse cualquier cosa, al comprobar que cada golpe que propinan a lo suyo es más fuerte que el anterior.

Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/ahora-sí-que-hay-peligro-en-catalunya/ar-BBIhKWw?li=AAltdRD&ocid=spartandhp

OBJETORES INCÓMODOS

Artículo de Ignacio Aréchaga publicado en Aceprensa el pasado día 23 de enero

La reciente película de Steven Spielberg The Post, sobre la publicación de los Papeles del Pentágono en 1971, ha devuelto a la actualidad una historia que pone de relieve los conflictos entre la responsabilidad ética y los imperativos de la política. La publicación de los documentos top secret por parte del New York Times y el Washington Post, avalada luego por una sentencia del Tribunal Supremo, marcó un hito en la defensa de la libertad de prensa frente al poder. Pero en el origen de la historia hay un hombre, Daniel Ellsberg, que decide romper el silencio que le imponía la ley para seguir la voz de su conciencia.

Daniel Ellsberg, que había trabajado para el Departamento de Defensa, era consciente de que las sucesivas administraciones estaban dando al pueblo una información parcial y deformada sobre la implicación de EE.UU. en Vietnam, y la publicación de esos documentos clasificados fue su contribución para poner fin a la guerra. Aun después de que el Tribunal Supremo autorizara a la prensa la publicación, Ellsberg fue imputado en 1973 por robo y divulgación de documentos secretos. En el juicio, Ellsberg alegó: “Sentía que, como ciudadano americano, como ciudadano responsable, no podía seguir cooperando en ocultar al público americano esta información. Lo hice claramente a mi propio riesgo y estoy dispuesto a responder de las consecuencias de mi decisión”. Finalmente el juez anuló los cargos por irregularidades procesales.

Ellsberg no quería prestar su cooperación a algo que consideraba un mal para toda la sociedad. Y su objeción ética provocó un debate nacional que fue el principio del fin de la guerra.

Casi coincidiendo con el estreno de la película leo la noticia, en The Washington Post precisamente, de que el Departamento de Sanidad americano ha creado una nueva Oficina de derechos civiles para proteger a los profesionales sanitarios que por razones éticas o religiosas rechazan participar en ciertas intervenciones, entre las que se mencionan explícitamente el aborto, la esterilización y el suicidio asistido o eutanasia. Esta oficina estudiará las quejas de profesionales que sean obligados por sus empleadores a “realizar, intervenir o ayudar” en procedimientos que son contrarios a sus convicciones. Si la queja sobre coerción o sanción resulta ser verdadera, la institución empleadora podría perder la financiación federal.

Ya actualmente las leyes vigentes prohíben que las instituciones que reciben fondos públicos federales obliguen a sus empleados a realizar intervenciones a las que ellos objetan por motivos éticos o religiosos. Pero el clima preponderante en la Administración condiciona la aplicación de estos criterios. Bajo la Administración Obama, la autonomía del paciente estaba por encima de las convicciones de la institución; en cambio, la Administración Trump ha reconocido con más amplitud el derecho de las instituciones y de los profesionales sanitarios a actuar de acuerdo con sus convicciones.

Es curioso que la objeción de conciencia, tan alabada en casos como el de los Papeles de Pentágono, ponga en cambio nerviosos a muchos cuando se trata de las conciencias de los profesionales sanitarios. En este caso se dice que los sanitarios imponen sus propias convicciones y discriminan a los pacientes al negarse a realizar intervenciones que estos reclaman por ser legales. Pero el hecho de que una intervención sea legal no implica que un médico esté obligado a realizarla en contra de sus convicciones. Y especialmente cuando no se trata de intervenciones para recuperar y mantener la salud, sino para anular capacidades vitales, como ocurre en el caso del aborto, la esterilización o la eutanasia. Si se trata de respetar la autonomía tanto del médico como del cliente, lo lógico sería que el paciente buscara la colaboración de un médico que compartiera sus ideas.

Por otra parte, muchos de los que critican este “obstruccionismo” de los objetores sanitarios, ven con buenos ojos las objeciones con las que simpatizan. Así, aunque la ley reconozca un derecho incondicional al aborto, la defensora a ultranza de los derechos reproductivos de la mujer apoyará a la doctora que se niega a realizar un aborto por razón del sexo cuando una pareja no desea una niña. Y aunque la pena de muerte esté reconocida en 32 estados de EE.UU., las compañías farmacéuticas que se niegan a proporcionar sus fármacos para la inyección letal, son vistas con aprobación, sin que nadie les acuse de imponer sus propias convicciones. Del mismo modo, para los contrarios a la política migratoria de Trump, la objeción de las “ciudades refugio” merece aplausos aunque suponga ignorar la ley.

En último término, lo que molesta en el caso de los profesionales sanitarios no es su negativa, sino el reproche ético que supone la objeción. Y así como Nixon acusaba a los periódicos de poner en riesgo la seguridad nacional, los contrarios a los objetores de conciencia les culpan por poner en cuestión los valores que se intentan presentar como la nueva normalidad social.

Artículo en: http://elsonar.aceprensa.com/objetores-incomodos/

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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://c1.staticflickr.com/5/4604/26072122148_1dc6f07336_b.jpg


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Comentarios:
Hoy más que ayer, impresentable el artículo de diario.es. Si no es una estratagema, la situación ridícula de Puigdemont, reclama a gritos el acierto de nuestro Presidente en el momento oportuno y no antes.
Enlace permanente Comentario por carlos de Bustamante Alonso 02.02.18 @ 10:40
Impresentable el artículo de diario. es
Enlace permanente Comentario por carlos de Bustamante Alonso 29.01.18 @ 10:26

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