Los lunes, revista de prensa y red

“La vergonzosa sentencia contra Hermann Tertsch”, de Federico Jiménez Losantos, y “Ocho consecuencias indeseables (e inconstitucionales) del Pacto de Estado de Violencia de Género”, de Alfonso Basallo

( Viñeta de Nieto en ABC el 17.2.16, con el artículo de Hermann Tertsch “El abuelo de Pablo” ) (*)

LA VERGONZOSA SENTENCIA CONTRA HERMANN TERTSCH

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 30 de julio. Para ver el artículo de Tertsch, solicitárnoslo en un comentario a este artículo

Un juzgado de Zamora ha condenado a Hermann Tertsch por publicar datos ciertos, gravísimos y de indudable interés público, sobre la actividad criminal del abuelo de Pablo Iglesias, aspirante a la Presidencia del Gobierno, durante la guerra civil. Lo hace tras aterrizar allí, en lo que diríase un alzamiento de bienes jurídicamente protegibles como el de la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución), una denuncia del padre de Pablo Iglesias, ex-terrorista del FRAP, que siente mancillado su honor, o el de su padre o el de su hijo. Y la condena es a pagar 10.000 euros, a las costas del juicio por despeje a la zamorana de la denuncia –con el codo las mandaba lejos Ricardo Zamora- y, atención, a borrar el artículo de la hemeroteca de ABC. Me parece todo ello, sobre todo lo último, un alarde tan arbitrariamente liberticida, tan opuesto a la letra y al espíritu de la Constitución, que sólo la cobardía de un periodismo de corrala, palmeros y agradaores dejará de ver en ello una agresión brutal. Otra más que agradecer a la Dinastía Iglesias.

Los hechos de que escribe Hermann

Como la famosa Ley de Memoria Histórica busca, sobre todo, borrar los crímenes cometidos por el bando y las bandas del Frente Popular, nada es más urgente que recordar los hechos, como ayer, respaldando a Ramón Pérez Maura y al ABC, que recurrirá la sentencia, hacía en El Mundo Santiago González.
Hermann no inventó nada. Esto se publicó un año antes, citando a lagaceta.es, el 7-2-2015, en Villafranca hoy, de donde era el tristemente célebre papá del papá del que pretende convertir a España en Venezuela:

«El abuelo villafranqués de Pablo Iglesias fue juzgado por hacer sacas en el Madrid republicano»

Y extrae algunos fragmentos de la declaración judicial de una víctima del Terror Rojo:

En la declaración de María Ceballos Zuñiga y Solís, marquesa viuda de San Fernando, natural de la localidad de Villafranca de los Barros igual que Manuel Iglesias, el abuelo de Pablo Iglesias, estaba en la partida de milicianos que el 7 de noviembre de 1936 detuvo a su marido, Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, Marqués de San Fernando, y a su hermano, Pedro Ceballos. Ambos fueron entregados a la checa de milicias situada en la calle Serrano 43 y fusilados en la Pradera de San Isidro.
Junto al abuelo de Pablo Iglesias estaban, según refieren varias de las declaraciones de implicados y testigos, Ángel Medel Larrea, Manuel Carreiro «el Chaparro», Jesús Yuste ‘el Cojo de los Molletes’, Antonio Delgado ‘el Hornachego’ y otros dos milicianos de los que solamente se conoce el apodo ‘el Vinagre’ y ‘el Ojo de Perdiz’.

Al día siguiente de la detención fueron varios los empleados y vecinos de la casa de la calle del Prado número 20 los que fueron a pedir explicaciones a Manuel Iglesias, al que conocían los marqueses por ser de la misma localidad. Los testigos son claros en su declaración y explican que el abuelo del líder de Podemos les dijo que no le molestaran más, que «lo habían fusilado en la Pradera del Santo».

¿Niega estos hechos la sentencia zamorana? No, se acoge a una excusa técnica de Iglesias II: que Iglesias I, el chequista, fue condenado a 30 años por rebelión militar y no por los crímenes cometidos junto a su cuadrilla, denunciados y respaldados por testigos. ¿Y por qué no denunció Iglesias II a lagaceta.es ni a Villafranca hoy, sino, tiempo después, a Hermann Tertsch y al ABC? Pues porque no se trata de defender el honor, si honor tuviera el delito, sino para meter miedo a los críticos de Iglesias III.

El monstruo de Sorayenstein ya manda en los juzgados

Esta semana hemos asistido a un esperpento judicial que demuestra hasta qué punto el monstruo de Sorayenstein, o sea, los podemitas togados, se han convertido en un monstruo incontrolable, como el de Frankenstein. Rajoy fue obligado a declarar, de forma clarísimamente ilegítima, cuando esa misma sala admite que hasta los etarras declaren por videoconferencia.

Ilegítima fue la llamada, ilegal la colocación del testigo, que si no es togado no puede ocupar un lugar en el estrado, delictivas las declaraciones del testigo, que mintió por toda la barba, y delictuosa cuanto defectuosa la actuación de los abogados del PSOE, que facilitaron a Pedro y Pablo III el rasgado de vestiduras por los extremos a que ha llegado España. ¡Y tanto!

Pero lo peor de lo mucho malo que pasa en España es la corrupción generalizada de la Justicia. No sólo contra el PP, que lo merece por infame y traidor a sus promesas de independencia y pulcritud judicial, sino contra las libertades cívicas de todos los españoles, que estamos en manos de unos jueces que no aplican la ley sino que labran su futuro mediante sentencias.

Que un juez se atreva a decir, tras multarlo por un tecnicismo, que hay que borrar el artículo de un periodista que ha relatado unos hechos de enorme gravedad y que los Iglesias pretenden ocultar a la opinión pública, es el acabose de la Ley de venganza Histórica, es la Orden de Desmemoria para la nación española. Y sin ánimo de molestar a Su Señoría pero sí de defender el sagrado derecho cívico a saber la verdad y decirla, suscribo, de la cruz a la raya, el artículo de Santiago González y éste de Pérez Maura: No callaremos.

Malos tiempos para la libertad. Se derrumba la Venezuela de Pablo Iglesias y los suyos, mas ellos siguen empleando aquí los tribunales para actuar con un rigor inimaginable en los lugares en los que gobiernan aquellos a quienes han aleccionado las gentes de Podemos. El juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Zamora ha condenado a mi colega y amigo Hermann Tertsch por la publicación en la Tercera de ABC el 17 de febrero de 2016 del artículo El abuelo de Pablo. Se le impone una indemnización de 12.000 euros al padre del secretario general de Podemos. La razón de ello es que en aquel artículo Tertsch afirmaba, recogiendo lo ya aparecido en otras publicaciones a las que nadie ha demandado, que Manuel Iglesias Ramírez, abuelo de Pablo Iglesias, fue condenado a muerte por la desaparición y el asesinato en noviembre de 1936 del marqués de San Fernando y su cuñado Pedro Ceballos, tras la saca perpetrada en su domicilio.

La sentencia no niega que Iglesias participara en esa saca con el Chaparro, el Hornachego, el Vinagre, el Ojo de Perdiz y el Cojo de los Molletes. Pero sí niega que él asesinara a las dos víctimas pues la investigación sobre la saca fue «archivada provisionalmente» e Iglesias fue condenado a muerte por rebelión militar. Pena, que como explicaba Tertsch en su artículo, le fue conmutada por 30 años de prisión de los que, ya se sabe lo de la dureza del franquismo, sólo cumplió cinco.

Ha sido ésta una causa verdaderamente extraña. Primero porque el padre del secretario general de Podemos presentó su demanda en los juzgados de Madrid, como es lógico por ser esta ciudad la sede de ABC y, sorprendentemente, el tribunal declaró su «incompetencia territorial» y lo despachó a Zamora, residencia del demandante al que no se le debía haber ocurrido acudir directamente al juzgado allí. Después, el día de la vista oral, el 19 de abril de 2017, se decidió celebrar la vista a puerta cerrada. La sentencia no aclara si el motivo de expulsar al público –sin que hubiera habido ningún incidente- fue por proteger el supuestamente ya mellado honor de la familia Iglesias o porque la libertad de información no es un bien protegible cuando se juzga a periodistas.

Al fin la sentencia conocida ahora condena a Tertsch a pagar la indemnización referida y los costes del proceso y «a retirar a su costa de la web y del caché el artículo referido». No entraré en lo del caché, porque en el diccionario de la Real Academia Española no hay más que dos acepciones de «caché»: la cotización de un artista y la distinción o elegancia de una persona. Y como el pobre Tertsch tenga que hacerse cargo de la distinción y elegancia de la familia Iglesias le aconsejo que opte por pedir conmutar la pena por una de cárcel.

En cuanto a lo de retirar el artículo de la web, aquí ya hemos llegado a la censura más absoluta, una que supera lo que vemos en Venezuela. ABC es un diario publicado en papel. Los diarios en papel tienen una hemeroteca que sólo se censura en regímenes como el de la fenecida Unión Soviética. Esa hemeroteca de ABC, todas las páginas publicadas desde el 1 de enero de 1903, pueden ser vistas por cualquiera en http://hemeroteca.abc.es. Ahora el juzgado de Zamora pretende eliminar de la hemeroteca digital el artículo de Tertsch. Y supongo que después irá a la Biblioteca Nacional y también censurará allí nuestras páginas cortando esa Tercera con una cuchilla. Ni Chávez se atrevería a tanto. Llegaremos a volver a publicar portadas con el titular «Este número está visado por la censura» como la aparecida el 16 de octubre de 1935.

Ellos lo tienen claro. No pararán hasta que nos callen. Pero no callaremos.
Hágase a la idea, Señoría. Y avergüéncese el justiciable Rajoy del monstruo que ha creado y que infama la política española. Es su criatura.

Artículo en: http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/la-vergonzosa-sentencia-contra-hermann-tertsch-82851/

OCHO CONSECUENCIAS INDESEABLES (E INCONSTITUCIONALES) DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo de Alfonso Basallo publicado en Actuall el pasado día 30 de julio

El Pacto de Estado que ha puesto de acuerdo a todos los partidos -menos uno- en torno a 1.000 millones de euros, va a servir para engordar la patraña de que la violencia tiene género, no va a resolver el problema y va a trasladar al ámbito judicial el prejuicio feminista de que «la masculinidad es una patología que requiere cura».

Ni la lucha contra el paro, ni la respuesta al desafío soberanista, ni el inquietante futuro de las pensiones, ni la crisis demográfica que convertirá a España en un gigantesco asilo… ninguno de estos problemas acuciantes ha servido para poner de acuerdo a los partidos del arco parlamentario. El primer gran Pacto de Estado de la legislatura se ha producido en torno a 1.000 millones de euros. Es decir, en torno a una bolsa. Porque nadie que repase las 200 medidas de la lucha contra la Violencia de Género puede creerse que tan contraproducente antídoto va a atajar la terrible lacra de los asesinatos y malos tratos… sino todo lo contrario. La mayor parte de las 212 medidas contempladas ahondan en la asimetría penal de la ineficaz Ley de Violencia de Género de Zapatero (2004) y proporcionan, por tanto, gasolina judicial para el Estado, convertido en bombero pirómano. Sólo Podemos no ha firmado. Quería más dosis de feminismo. Analizamos siete consecuencias indeseables de un Pacto, marcado por la injusticia y la arbitrariedad.

1. Aumentará aún más la desigualdad, al discriminar aún más al ya de por sí discriminado varón. El endurecimiento de las medidas se traducirá en un aumento de la desigualdad, en contra del varón, vulnerando la Constitución (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social“. El Pacto aplica el dogma del Convenio de Estambul: “la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género”

Y no sólo eso, sino que extenderá aún más la desigualdad, discriminando aún más al varón, al sacar la violencia de género del ámbito de la pareja:

Ya no se considerará sólo la ejercida por la pareja o ex pareja, sino que se extiende el concepto a todos los tipos de violencia sobre la mujer que recoge el Convenio de Estambul, que asegura que “la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género”.

Cuando la violencia no tiene género, ni es consustancial al varón como se desprende de la Ley de Violencia de Género española.

Aquella Ley y estas medidas se basan en ese error de concepto: el objetivo no es la justicia sino machacar al varón. El Pacto de Estado está trufado de asimetría penal. Un botón de muestra: La confesión del agresor ya no será eximente -como hasta ahora- para poder rebajar la pena.

Hasta un juez del Supremo, Antonio Salas, observó hace unos meses que la violencia de género se debe entre otras causas a “la maldad innata de ser humano” independientemente de que sea hombre o mujer.

Y lo advirtió el ex presidente socialista de Madrid, Joaquín Leguina, en El País, en 2004. En el texto, Igualdad, paridad y violencia, señalaba que se manejaba como “verdad revelada” que “la violencia de género es unidireccional, de hombres contra mujeres y nunca al revés”.

Y lo advirtieron ciento ochenta penalistas de sesgo progresista (jueces, fiscales, catedráticos y especialistas en Derecho Penal). El mismo año en que se aprobó la Ley de Violencia de Género zapaterista, hicieron público un manifiesto aquel mismo año (2004), en el que criticaban duramente el proyecto de ley, advirtiendo que sería ineficaz y que “defraudará a las víctimas”.

¿Por qué no se hizo caso a profesionales en la materia? Es fácil adivinar la razón: porque primaba el interés político e ideológico por encima de cualquier otra consideración. ¿Por qué nadie ha recordado ahora esa prevención de juristas y catedráticos? Porque sigue primando el prejuicio ideológico y su corolario crematístico -hay mucho dinero en juego-.

2. Más atropello contra la presunción de inocencia. La actual Ley de Violencia de Género ya se llevaba por delante el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución: “Todos tienen derecho (…) a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”), al penalizar automáticamente al varón en cuanto la mujer ponía la denuncia.

En efecto, nada más hacerlo el varón puede ser detenido, expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida, antes de que se pronuncie el juez… es decir sin saber si, finalmente, va a ser declarado culpable o inocente.

En tanto que la mujer por el mero hecho de interponer denuncia, sin que medie sentencia, tiene derecho a asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, ventajas laborales, eximente de cotización a la Seguridad Social durante seis meses y la percepción de la Renta Activa de Inserción, entre otros.

La mujer no tendrá que pasar siquiera por la Policía para acreditarse como víctima de violencia de género

Pues bien, el atropello contra la presunción de inocencia del varón se va a acentuar con el Pacto de Estado ya que, a partir de ahora, la mujer no tendrá que pasar siquiera por la Policía para acreditarse como víctima de violencia de género.

Serán válidas “sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley”, órdenes de protección, atestados policiales cuando se hayan presenciado los hechos, o simples informes de diferentes instituciones y grupos profesionales colegiados.

Veremos si esa condición de víctima sin denuncia tiene validez en el orden judicial, como prueba, por ejemplo, en un proceso de divorcio. Nos tememos lo peor.

3. Criminalizará la convivencia y la relación varón-mujer. Como consecuencia de todo ello, a partir de ahora, todo varón será sospechoso potencial de violencia de género. Al sacar ésta última del ámbito de pareja, todo un colectivo de la población (alrededor de 20 millones de personas) quedará marcado simplemente por un cromosoma (el XY), no por su conducta o su responsabilidad civil o penal, sino por su condición sexual. Lo cual tiene graves consecuencias antropológicas y sociales, porque significa criminalizar la convivencia de varones y mujeres.

La guerra de sexos de la que hablaban las feministas de los años 70 se va a trasladar a todos los ámbitos de la sociedad y se va a sustanciar en forma de denuncias y condenas (contra el varón y con el más nimio pretexto), que se multiplicarán por doquier.

Llevará a la práctica al ámbito judicial las tesis más inquietantes y estrafalarias de los feminismos radicales

Imaginemos lo que puede ocurrir en el ámbito laboral, por ejemplo, si venganzas o rencillas personales de una mujer hacia un hombre se transforman en denuncia por violencia de género. Imaginemos la alarma social que puede provocar el pánico del varón ante quien puede hacerle perder el puesto de trabajo o multarle con las más mínima excusa, y sin apenas garantías judiciales. Sólo por el hecho de ser varón. Todo ello vulnera no sólo la Constitución, sino también la Declaración de Derechos Humanos. Se llevan a la práctica así algunas de las tesis más inquietantes y estrafalarias de los feminismos radicales, como considerar “la masculinidad una patología que necesita cura” –como ha denunciado recientemente la famosa activista Cristina Hoff-Sommers, horrorizada ante la deriva que han tomado esas corrientes-.

4. Se demoniza la figura del padre. Las nuevas normas prohibirán al condenado por malos tratos recibir la visita de sus hijos. Lo cual vulnera otra vez el art. 14 de la Constitución (los españoles son iguales ante la ley) en dos aspectos.

Primero, porque sí se permite a los hijos ver a la madre, cuando es ésta la maltratadora. ¿Y la Igualdad, en qué queda? Segundo, porque sí se permite a los hijos ver a padres condenados por delitos no menos graves, como terrorismo, asesinato o secuestro. Los mayores carniceros de ETA han recibido visitas de sus hijos… ¿por qué no se permite, entonces, a los varones condenados por malos tratos?

Se vulnera además el derecho del familiar a ver a su deudo encarcelado. Pues no hay que olvidar que el derecho de visitas no sólo es del preso, sino también de sus familiares. ¿Por qué se hace esta excepción con los condenados por malos tratos?
¿Y por qué no con las madres condenadas? ¿Esta es la clase de Igualdad que se va a impartir en la aulas?

5. Aumentarán las denuncias falsas. Son tantas las ventajas económicas y sociales que se le ofrecen a la mujer que denuncie malos tratos y tan opacos los filtros judiciales para demostrarlo, que las medidas terminarán alentado la picaresca de las denuncias falsas.

Si la mera presentación de una denuncia por malos tratos supondrá una prestación por desempleo durante seis meses para la mujer… sin saber si el varón acusado es declarado inocente o culpable, es fácil imaginar los abusos que originarán las nuevas medidas.

No hay que olvidar que ya existe una verdadera industria de los malos tratos, que se lucra con el sufrimiento ajeno, y que el 87% de las denuncias por violencia de género no acaban en condena. Porque los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados o sobreseídos o se trata de denuncias falsas o simulaciones de delito.

6. La unidad de todos los partidos…. gracias al generoso presupuesto (1.000 millones)
“Esto es algo histórico; nunca se había llegado a un pacto de Estado de lucha contra la violencia machista” ha dicho una diputada de Ciudadanos.

Y no le falta razón. Es histórico el consenso prácticamente unánime de todos los grupos (con la excepción de Podemos al que el Pacto le parecía poco “feminista”). Y es que el dinero obra milagros. Sobre todo cuando la bolsa es abultada.

Nada menos que 1.000 millones de euros de presupuesto. Imaginemos lo que se podría haber hecho con esa cifra en lugar de destinarlo a un problema tan politizado y tan politizable. Porque nadie puede creerse que ese dinero vaya a servir para paliar el problema de la mal llamada violencia de género.

Sobre todo, vistos los antecedentes. La Ley de Violencia de Género, de 2004, no fue más que una tapadera para canalizar decenas de miles de millones de los fondos europeos para políticas de Género.

Había que demostrar que la mujer era la víctima y el varón el verdugo. Si no, no había dinero. Nada menos que 24.000 millones de euros, hasta el año 2012. Desde entonces, la industria de los malos tratos funciona como una caja registradora. Como desveló en su día Actuall, cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, en consecuencia, los fondos europeos destinados a erradicar esta lacra.

Se trata de la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis.

Al pasar a ser responsabilidad no sólo estatal sino también local (comunidades autónomas, ayuntamientos) entrarán nuevos actores en el manejo del presupuesto. Y se
crearán nuevas estructuras clientelares para controlar esos fondos.

Pero los diputados siguen vendiendo un mensaje así de altruista: “El mensaje que tenemos que transmitir a las mujeres que sufren violencia es claro: la unidad de todos los partidos para ayudarlas a salir del sufrimiento”.

7. Se enseñará obligatoriamente la igualdad en los colegios. Siguiendo la brecha abierta por la Educación para la Ciudadaníad de Zapatero y por los contenidos LGTB de las leyes de 11 comunidades autónomas, el Estado pretende ahora imponer obligatoriamente la Igualdad en las aulas.

Tal cosa es un despropósito, porque la Igualdad -así formulada- no existe. Existe la igualdad de todos ante la ley (que ya recoge la Constitución) y la dignidad inviolable de toda persona, independientemente de su sexo y condición, y -en consecuencia- la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

Pero la igualdad, a golpe de cuotas paritarias, es una ocurrencia feminista (y un patio de Monipodio político), que no se puede enseñar porque carece de rigor científico.
Tampoco tiene sentido imponer en las oposiciones oficiales a cuerpos del Estado o a profesiones sanitarias, preguntas específicas sobre violencia de género, porque es tan ridículo como lo sería preguntar ¿Verdad que no va a matar usted al presidente del Gobierno? O ¿Responda si tiene usted una ametralladora en el maletero del coche?
El respeto a la mujer -y no el camelo artificial de la igualdad- se aprende en el hogar, y no con preguntas absurdas o asignaturas de perfume estatista -que evocan tiempos pasados, cuando era obligatorio jurar los Principios Fundamentales del Movimiento o los versículos del libro rojo de Mao o del Mein Kampf hitleriano si querias acceder a una plaza-.

8 . Y no resolverá el problema: aumentará violencia de género. La indefensión en la que deja al varón, provocará con toda probabilidad más episodios de malos tratos.

Las agresiones del varón a la mujer son execrables, no tienen la menor justificación y merecen que recaiga sobre el culpable el peso de la ley, en eso estamos de todos de acuerdo. Pero la solución no son leyes injustas como las de Género que penalizan al varón por el mero hecho de serlo y no en función de hechos objetivos delictivos.

Y las medidas del Pacto inciden en esa arbitrariedad. La injusticia genera venganza y revanchismo. Y tratar al varón de forma injusta, encarcelado con la sola acusación de la pareja, privado de los hijos y socialmente condenado antes de ser declarado inocente, sólo puede generar alarma social y un aumento de la misoginia. Máxime si lo ponemos el contexto del aumento de denuncias falsas, y del manejo opaco de los fondos por parte de asociaciones vinculadas a partidos políticos.

Las medidas del Pacto van a extender la violencia a través de otra variable: el crimen del aborto

En este sentido, las medidas del Pacto son contraproducentes, porque no van a atajar la violencia de género sino todo lo contrario.

E incluso van a extender la violencia a través de otra variable: el crimen del aborto. El Pacto contempla que las mujeres menores de edad no necesiten el consentimiento paterno para abortar en caso de violencia de género. El pato, como siempre, lo pagarán los más inocentes.

Artículo en: https://www.actuall.com/criterio/familia/ocho-consecuencias-indeseables-e-inconstitucionales-del-pacto-de-estado-de-violencia-de-genero/


(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://c1.staticflickr.com/5/4366/36328602905_d7cb14a944_b.jpg

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Tres foramontanos en Valladolid

Con el título Tres foramontanos en Valladolid, nos reunimos tres articulistas que anteriormente habíamos colaborado en prensa, y más recientemente juntos en la vallisoletana, bajo el seudónimo de “Javier Rincón”. Tras las primeras experiencias en este blog, durante más de un año quedamos dos de los tres Foramontanos, por renuncia del tercero, y a finales de 2008 hemos conseguido un sustituto de gran nivel, tanto personal como literario.

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